Masacre, “tercera fase”

El ejército israelí lanzó la "tercera fase" del ataque contra Gaza. Después de los brutales bombardeos aéreos y marítimos, después del ingreso de las divisiones blindadas y el bombardeo de barrios, casas, escuelas, hospitales y mezquitas, la "tercera fase" significará el ingreso de las tropas y los blindados a las zonas más densamente pobladas y el comienzo de operativos casa por casa. Para la operación, el alto mando ya hizo ingresar en Gaza a las divisiones de reservistas, que se suman a los 10.000 soldados que ya están operando en la Franja.
El número de víctimas civiles -hasta el momento 1.000 muertos y 4.000 heridos; un tercio de ellos niños; la inmensa mayoría civiles indefensos- crecerá enormemente en los próximos días.
Los propios militares sionistas lo anticipan. "Estamos utilizando un enorme poder de fuego (y) tácticas muy agresivas en las áreas urbanas (...) que están causando una gran destrucción de la infraestructura civil (...) somos muy violentos", reconoció un oficial israelí (Haaretz, 7/1). Un ejemplo de estas "tácticas agresivas" es el bombardeo de tres escuelas en uno solo día; los cincuenta muertos fueron civiles.
El lanzamiento de la "tercera fase" puso fin a las divergencias existentes en gabinete israelí. Según la prensa, se enfrentaban tres posiciones. El ministro de Defensa Ehud Barak y la canciller Tipzi Livni eran partidarios de un retiro inmediato; Barak con un acuerdo internacional, Livni sin firmar ningún acuerdo. El primer ministro Olmert, en cambio, era partidario de continuar la operación "hasta alcanzar los objetivos". Si estas divergencias efectivamente existían, se impuso la que empuja a llevar la masacre del pueblo palestino hasta el final. Representa un punto de vista ampliamente compartido en la dirección del ejército y los organismos de seguridad. "El general israelí Jair Galant advirtió sobre un ‘error histórico' si la ofensiva se frena en estos momentos y se pronunció a favor de reconquistar parte de la Franja de Gaza en el marco de la ‘fase tres'..." (Ambito Financiero, 12/1).
El lanzamiento de la "fase tres" desmiente que la matanza sea, meramente, una aspecto de la campaña electoral israelí.
La resolución es llevar el operativo a una acción casa por casa y de producir pérdidas civiles mucho más elevadas que las registradas hasta el presente. La operación tiene el objetivo definido hace unos años por el general Moshe Yaalon, jefe del Estado Mayor israelí: "A los palestinos hay que hacerles entender en lo más profundo de su conciencia que son un pueblo derrotado" (El País, 11/1). La masacre de Gaza tendría, pues, una función "didáctica".
Alcanzar nuestros objetivos "puede tomar mucho tiempo", dijo a la prensa el primer ministro Olmert. Pero, precisamente, tiempo no es lo que les sobra a los sionistas. La operación debería concluirse antes de que Obama se haga cargo de la presidencia norteamericana. Para lograrlo, los generales están obligados a acelerar el ritmo de la masacre.

"Cese del fuego"
El lanzamiento de la "fase tres" explica, también, las razones del fracaso de las distintas tentativas de "cese del fuego" discutidas por los diplomáticos internacionales. Israel no está dispuesta a dar por finalizada la operación militar hasta tanto logre sus objetivos políticos en la Franja; en estas condiciones, sólo aceptaría un ‘cese del fuego' que significara una rendición incondicional de la resistencia palestina.
La resolución de ‘cese del fuego' votada en la ONU no establece el fin de la ocupación militar israelí (sino su ‘retiro progresivo') ni la apertura de las fronteras (sino el ingreso de ‘ayuda humanitaria'). Israel la rechazó porque significaría la continuidad de Hamas en el gobierno de Gaza.
El gobierno norteamericano se abstuvo, lo que significa que avaló en la práctica el rechazo israelí y la continuidad del operativo militar.
También fracasó el ‘cese del fuego' que negociaban Egipto y Francia en El Cairo. "No es suficiente para Israel", declaró un vocero diplomático. Las negociaciones, se sinceró un diplomático europeo, no van a ningún lado" (Financial Times, 9/1). El fracaso de las negociaciones abrió una crisis política entre Israel y Egipto.
"Ninguna potencia extranjera puede dictar a Israel las condiciones de su seguridad", declaró Olmert al rechazar el ‘cese del fuego' votado en la ONU. Israel boicoteó las negociaciones para quedar con las manos libres para llevar la ofensiva hasta el final.

Obama ya está ‘trabajando'
Para lanzar la ofensiva, el Estado sionista ha contado con el respaldo de todo el arco político israelí e internacional. Pero ni esto ni el inmenso poder de fuego de su ejército habrían alcanzado sin el respaldo incondicional de Barack Obama, que a todos los efectos prácticos actúa como el verdadero presidente norteamericano.
Obama no sólo ha realizado declaraciones a favor de Israel durante toda la campaña electoral; no sólo ha llenado su gobierno de reconocidos sionistas -su vicepresidente, Joseph Biden, es un decidido sionista, al igual que su canciller Hillary Clinton; el jefe de gabinete es Emmanuel Rahm, ciudadano israelí y veterano del ejército sionista; su enviado a Medio Oriente es Dennis Ross, otro firme defensor del sionismo. Lo central es que los hombres de Obama ya están actuando a favor de Israel.
El hombre que designó al frente del Pentágono, Robert Gates, ya está en funciones porque es el secretario de Defensa de Bush.
Como consejero de Seguridad Nacional designó a Jim Jones, un general de los marines en retiro. El hombre tiene una vasta experiencia en el Medio Oriente ya que fue enviado por el gobierno de Bush para entrenar y encuadrar a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas. "Los israelíes esperan que la continuidad diplomática venga con Jim Jones", señala un corresponsal (Corriere della Sera, 10/1). Más directo, Amir Oren, periodista de Haaretz, señala que "durante esta semana, la voz que se oye es la de (Condoleezza) Rice pero las manos que se mueven son las de Jones. La estrategia ya está coordinada con la nueva administración" (ídem). En otras palabras, la política de respaldo incondicional de Estados Unidos a la masacre sionista en Gaza la dicta, directamente, Barack Obama.
"Dieciocho meses de tranquilidad en el sur es un logro que puede darle a Israel el tiempo para tratar con desafíos estratégicos mucho más complejos que el planteado por Hamas", escribe Ari Shavit (Haaretz, 8/1). Se refiere, claro, a Irán. Recientemente, el gobierno norteamericano hizo saber que había rechazado el pedido de Israel de bombas "anti-bunker" para atacar las instalaciones nucleares iraníes y que le había negado permiso para sobrevolar el espacio iraqui con destino a Irán. Israel tiene su propia "agenda" frente a Irán, que no coincide con la que Obama hizo pública: comenzar negociaciones diplomáticas directas con Irán.
Con el respaldo incondicional a Israel en su ataque a Gaza, Obama puede estar hipotecando su propia presidencia.

Crisis mundial
Israel lanzó su ofensiva cuando un sinnúmero de conflictos internacionales están abiertos y el imperialismo no logra resolverlos. A los pantanos de Irak y, sobre todo, de Afganistán, se ha sumado la crisis entre la India y Pakistán, que amenaza con desestabilizar a toda la región. La crisis en el Caucaso -que llevó a la guerra de Rusia contra Georgia- sigue abierta. El imperialismo norteamericano debe penar con una serie de gobiernos nacionalistas en América Latina a los que no consigue encorsetar.
Israel está en guerra contra el pueblo palestino desde 1948. Pero un Estado que sólo puede existir mediante la guerra y las masacres permanentes, es un Estado inviable.

Crimen contra la humanidad
La ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza es un castigo colectivo contra el pueblo palestino, un crimen contra la humanidad. La infraestructura civil de Gaza -plantas de energía, de distribución de agua, el sistema cloacal, escuelas, universidades, ministerios, mezquitas, viviendas- fue destruida sin misericordia. "Llevará muchas décadas reconstruirla", se ufanó un comandante israelí (Haaretz, 7/1). Los métodos utilizados por el ejército sionista son bárbaros: bombas de fósforo blanco, municiones de uranio empobrecido, bombas de tungsteno que producen grandes amputaciones en las víctimas, bombas de fragmentación. Todo esto se dispara contra la población civil desarmada que se hacina en la Franja.
La derrota de la invasión sionista está en el interés de todos los pueblos del mundo.

Cómo enfrentamos la debacle industrial

La decisión de Techint de desprenderse de 1.200 obreros de la construcción y metalúrgicos de Siderar, y el anuncio de que los despidos podrían extenderse a otros 2.400 del plantel permanente, es mucho más que un conflicto sindical. Pone de manifiesto que la crisis capitalista ha llegado al núcleo industrial de Argentina. Siderar es el tronco de un archipiélago industrial que abastece a la construcción y a la industria automotriz, incluida la de autopartes, y es atendida por numerosas proveedoras metalúrgicas. Es asimismo una exportadora importante. La poda que tiene en vista es equivalente a un colapso industrial. Si el gobierno admite que prosperen estos planes, estará anunciando el colapso de los suyos propios. Lo principal es incluso lo contrario: los despidos de Siderar -en la línea de Iveco, Gestamp, Renault, Paraná Metal o General Motors- es la expresión de la total inocuidad de los planteos de reactivación del kirchnerismo. La Anses no va a poner en marcha a Techint. Argentina no solamente enfrenta una crisis industrial sino, al mismo tiempo, una crisis política.
El cuadro de este derrumbe no se confina a las fronteras nacionales, pues el reciente anuncio de despidos de General Motors en Brasil es un heraldo del derrumbe industrial brasileño, como lo ha reconocido el mismo Lula. Desde noviembre fueron dejados en la calle 600 mil obreros brasileños. Pero Brasil es el mercado exportador más importante de Argentina y el socio del complejo automotriz. Lo que ocurre en Brasil pone al desnudo la inocuidad de los planes de salvataje de Lula.
Las patronales de Techint, de GM o de Acindar tienen perfectamente claro lo que quieren: una reducción drástica del plantel de personal, una reducción de los salarios y un avance decisivo de la flexibilidad laboral. Es una salida capitalista pero no industrial, pues plantea el achique de la industria y el cierre de una parte significativa del parque existente. Significa un retroceso productivo y la perspectiva de una obsolescencia tecnológica. Los que negaban la crisis capitalista porque no iba más allá de la desvalorización de ‘papeles' ficticios que ‘no dan de comer a nadie', y porque ‘los fierros' que producen la riqueza real ‘siguen ahí', deberán corregir sus juicios. El capital tiene diversas formas pero está en encadenado en un único movimiento. Mediante un fuerte achique industrial, los Techint pretenden atravesar el temporal de la crisis, recortar pérdidas, aguantar la competencia y quizá sobrevivir. Pero todo esto no es muy seguro en el caso argentino, porque fábricas como Siderar son el eslabón débil de la cadena mundial del acero frente a la concurrencia de Arcelor-Mittal, Nippon Steel y las acerías instaladas en China o Brasil. Es decir que la crisis industrial en curso puede llegar hasta la médula.
De acuerdo con las informaciones que han trascendido, sin embargo, los planteos de Techint van más lejos, pues incluyen la mega devaluación del peso y un seguro de cambio para la deuda externa privada, acompañado de un préstamo y un acuerdo con el FMI. La reducción de costos internacionales de producción, por medio de una mega devaluación, debería servir como un tesoro de guerra de la siderúrgica para pelear su lugar en el mercado mundial. Este es el planteo que realiza toda la oposición sojera (con la complicidad del centroizquierda) y que el kirchnerismo resiste. Significaría, por la vía de la hiperinflación, una enorme confiscación para los trabajadores argentinos, y probablemente no sea sino el primero de una serie de zarpazos. Es que los últimos días han registrado un retorno de la crisis financiera, con el anuncio del desmantelamiento de Citigroup y con la declaración de Ben Bernanke, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de que los planes de ‘estímulo' de Obama no van a ninguna parte. La declaración de Bernanke da estado público a un enfrentamiento político y deja expuesta una divergencia de fondo acerca de la orientación del capital financiero norteamericano frente a la bancarrota internacional.
El movimiento obrero (nos referimos a los activistas) no puede encarar esta crisis como algo coyuntural, y mucho menos aceptar los buzones de Tomada de las suspensiones transitorias. Es claro que debe encarar esta crisis en su dimensión estratégica. Alegar que los despidos de Siderar o el ‘default' de la Transportadora de Gas del Norte son una provocación, porque las sumas envueltas en la refacción del alto horno o en el pago de las cuotas de su deuda externa son menores, no lleva a ningún lado -solamente demuestra que la patronal busca anticiparse a golpes aun mayores. El movimiento obrero debería discutir la nacionalización de los bancos y de las industrias básicas, acompañada de un plan económico que redirija la producción nacional a la satisfacción de las prioridades sociales y de desarrollo económico. La crisis no es de la humanidad, de las naciones o de los trabajadores, que la humanidad, las naciones y los trabajadores estaríamos condenados a sufrir colectivamente. Es una crisis del capital, una crisis de un modo de producción y de una forma de organización social. Hay que suprimir la supremacía del capital y modificar en forma radical el modo de producción y la organización social.
Esta comprensión permite otorgar a la lucha contra los despidos y contra las suspensiones, además de un montón de argumentos y razones, por sobre todo una perspectiva de conjunto. La defensa de los intereses de la clase obrera se conjugaría con los de la misma sociedad. Hay que exigir a los sindicatos y a las centrales sindicales que convoquen a plenarios y congresos con mandatos de asambleas, para discutir un plan de lucha nacional contra los despidos, suspensiones, rebajas de salarios y defensa de las paritarias, y al mismo tiempo un programa de salida a la crisis capitalista.

Los tarifazos de Cristina

La semana pasada anunciaron el aumento de los peajes de ingreso a la Capital. Entre el 100 y el 200%.
Unos días después llegaron las boletas de Edesur, Edenor y Edelap. Más de 750.000 usuarios recibieron boletas con aumentos de hasta el 400%. ¡Un tarifazo digno de las épocas de la hiperinflación... cuando los salarios aumentaron un 20% el año pasado!
El gobierno dice que el aumento afecta sólo a los mayores consumidores. Es falso. Como denuncia el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, "en muchos lugares del Gran Buenos Aires se necesita prender un motor para tener agua, y si una familia lo prende tres veces al día, ya superó el consumo de mil kilovatios bimestrales. También está el caso de los hogares humildes que se deben calefaccionar con electricidad" (Ambito Financiero, 14/1).
Sobre los consumos aumentados, vienen los impuestos municipales y el IVA. Denuncia Mondino: "El impuesto municipal pasó de 6 pesos a 65; la contribución municipal pasó de 6 a 38 pesos. Si se suman el IVA y otras cargas, un usuario paga 200 pesos sólo por impuestos frente a 30 pesos que abonaba antes" (ídem).
Por eso, Mondino dictó una resolución reclamando la inmediata suspensión del tarifazo eléctrico.
El martes, para cerrar la faena, aumentó el transporte público: trenes, colectivos y subtes. Entre el 20 y el 25%.
En el curso de una semana, en medio del verano, el gobierno se mandó una gigantesca confiscación del bolsillo popular.
Los aumentos elevarán los beneficios de las privatizadas y mejorarán su situación financiera.
También, sigue De Vido, los aumentos permitirán reducir los subsidios que se les pagan a las privatizadas. Por ejemplo, el tarifazo eléctrico le ahorrará al Estado 800 millones de pesos. Ese ‘ahorro' no irá a la construcción de hospitales o al mejoramiento de las escuelas sino al pago de la deuda externa.
Algunas de las ‘justificaciones' oficiales son, simplemente, una tomadura de pelo. Dicen que aumentan el boleto del tren porque el servicio ha mejorado (¡!) y por "las mejoras constatadas respecto del salario real de la población, acompañadas por una marcada caída en los índices de desocupación" (La Nación, 13/1). ¿De Vido no se enteró de la catarata de despidos y suspensiones en todas las ramas y sectores?
El tarifazo deja en claro la desorientación oficial: mientras pretende financiar el consumo de ciertos bienes, el tarifazo reduce el ingreso disponible para pagar las cuotas del consumo financiado.
Organicemos el rechazo al tarifazo. Reclamemos un salario básico igual al costo de la canasta familiar.

Ofensiva contra la asamblea de Gualeguaychú. El gobierno muestra sus cartas

El gobierno entrerriano y el gobierno nacional preparan un zarpazo contra las asambleas ambientales opuestas a la planta contaminadora de Botnia. Destacados dirigentes del kirchnnerismo, como Massa y Scioli, se han largado contra el corte de ruta de Gualeguaychú y contra la posibilidad de la realización de otros cortes en Colón y Concordia. Hasta el inefable D'Elía ha salido "con los tapones de punta" contra los cortes de ruta.
La ofensiva del gobierno nacional no es sólo una amenaza represiva; es además un golpe político al corazón del reclamo de la Asamblea de Gualeguaychú en los momentos previos a producirse el fallo de corte de La Haya. Es imposible pensar en algo favorable cuando el propio gobierno que formula el reclamo está reprimiendo o amenaza con reprimir a la vanguardia del reclamo ambiental. El ataque no tiene nada de inocente y pone al descubierto la inmensa hipocresía del kirchnerismo, que antes de las elecciones decía que la causa de Gualeguaychú era una "causa nacional".
Parte de esta inmensa hipocresía del gobierno nacional es que según Clarín (13/1), el gobierno habría negociado la represión y el levantamiento de los cortes a cambio de que Uruguay permita a Néstor Kirchner asumir la presidencia de la Unasur.
Estamos en contra de la Unasur (que es un pacto de la industria de armamentos), y por supuesto también de la presidencia de Kirchner en la Unasur. Rechazamos tajantemente este engendro de coalición de claros tintes armamentistas, montado por el capital brasileño y por el acuerdo Lula-Bush.
Nos solidarizamos, como siempre lo hicimos, con los reclamos y las luchas de las asambleas. La ofensiva de los gobiernos provincial y nacional invita a sacar todas las conclusiones de los reclamos ambientales. Estos deben transformarse en una corriente política provincial que levante la defensa del medio ambiente y la de sus trabajadores.
Es la hora de elaborar un programa discutido de cara a todo el pueblo de Entre Ríos y del país para terminar con la contaminación de las pasteras uruguayas... y de las argentinas, contra la brutal contaminación de los transgénicos, para terminar con la depredación de las minas y toda la depredación obrera-ambiental a las que nos ha llevado el saqueo sin límites de los capitalistas.

Más represores en libertad

El Pozo de Arana, uno de los campos de concentración emblemáticos de la Bonaerense de Ramón Camps, sigue dando que hablar. Ahí, como se sabe, fueron asesinados hace poco tres policías por otros policías, y enseguida se supo que el lugar se usaba de depósito de drogas ilegales y, tal vez, de productos robados por piratas del asfalto.
Ahora, tres de los antiguos jefes de aquel "chupadero" en tiempos de la dictadura -Miguel Kearney, Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales- fueron puestos en libertad por la misma Cámara de Casación que hace pocas semanas liberó también a Alfredo Astiz y a Jorge Acosta.
Además, "puestos en libertad" es una forma de decir, porque esos criminales, imputados recién en mayo del año pasado, nunca pisaron una cárcel. Sólo se les ha levantado el arresto domiciliario que se les había impuesto (los tres tienen más de 70 años).
Conviene recordar los nombres de esa canalla judicial: Angela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi son los miembros de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que tomó esta medida.
Kearney fue jefe del Destacamento de Arana, donde hace poco se encontraron fragmentos de huesos y un paredón saturado de impactos de bala. Por ahí pasaron más de 200 secuestrados y la mayoría de ellos siguen desaparecidos. Los jueces de Casación lo eximieron de prisión porque "no registra antecedentes penales". La primera orden de detención contra este asesino serial fue dictada en 1986, pero entonces lo salvó Alfonsín con su ley de obediencia debida.
Páez y Corrales fueron, respectivamente, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones, la patota de calle de la Bonaerense encargada de interrogar y torturar a las víctimas, y de distribuirlas en los distintos campos organizados por Camps. Páez era ladero de Miguel Etchecolatz y del cura represor Christian Von Wernich. Corrales era su segundo en el mando.
A diferencia de lo sucedido antes con Astiz y el "Tigre" Acosta, la liberación de estos tres no fue apelada por la fiscalía, de modo que los tipos andan por la calle.

La Bonaerense y el secuestro de un empresario

Dicen que Daniel Scioli era puro desconsuelo: "Predico todos los días la lucha implacable contra la droga y aparece un policía con seis kilos de marihuana en su casa" (Clarín, 8/1).
Por supuesto, el desconsuelo es mentiroso, para la galería; o, en todo caso, obedecerá al hecho de que los policías implicados en el secuestro del empresario Leonardo Bergara fueron tan torpes que se dejaron atrapar burdamente. Scioli no ignora, no puede ignorar, que la Bonaerense es un centro de distribución de drogas, de control de la comercialización y de regulación del narcotráfico en pequeña y mediana escala (en la grande ya no, en la grande los narcotraficantes organizan a la policía).
Se le podrían recordar al gobernador las operaciones "Café Blanco", "Strawberry" y tantas otras que develaron hasta qué punto la Bonaerense está involucrada con el narcotráfico, un negocio que sencillamente no podría funcionar sin la policía y sin los punteros políticos que se alimentan de él: "La política vive del narcotráfico", dijo hace poco Elisa Carrió, y la señora debe saber de qué habla.
Pero, compungido o no, Scioli hizo lo que pudo para acotar el escándalo policial en el caso Bergara (a uno de los oficiales detenidos por el secuestro se le encontraron esos seis kilos de marihuana en la casa): "Hay que cuidar la vida de Leonardo para que pronto pueda estar con su familia", dijo (Clarín, 7/1).
Mientras tanto, "el ministro (Carlos) Stornelli... (estaba) apremiado por la evolución del caso Bergara y por la hipótesis de una banda de secuestradores mixta (es decir, integrada por civiles y policías)" (Clarín, 8/1). En la práctica, casi no hay delitos importantes sin bandas mixtas.
Ahora, la jefatura de la Bonaerense, la gobernación y el ministerio provincial de Seguridad esperarán que el próximo escándalo no demore mucho y alcance para amortiguar los efectos de éste.
Mientras tanto, el capitán (comisario) Juan Vicente Cardozo y el teniente Víctor Ariel Vega se acusan mutuamente por el hecho de que el celular del primero recibió llamadas desde mismo teléfono usado por los secuestradores de Bergara para negociar el rescate (véase, además, el grado inconcebible de estupidez de esta gente). Al cierre de esta nota, otro policía había sido detenido y se dictaba orden de captura contra cuatro más, de modo que ni siquiera puede hablarse de banda mixta sino de banda policial con algunos "colaboradores" civiles.
Pero todo indica que el asunto no termina ahí. Ahora, "el foco está en las cercanías del inspector Roque Alberto Luján, a cargo de la comisaría de Berazategui, pero el ramalazo podría llegar hasta el jefe distrital departamental de Quilmes, comisionado Adrián Cisterna" (ídem).
Y se sopesan hipótesis más inquietantes. Por ejemplo: "El secuestro del empresario Leonardo Gabriel Bergara podría estar vinculado con el triple crimen de General Rodríguez y con la famosa y entreverada causa que investiga ‘la ruta de la efedrina'... (los policías detenidos) aparentemente seguían una pista que vincularía con el rapto a un funcionario de segunda línea del Registro Nacional de Armas (Renar)..." (Perfil, 9/1).
Ese funcionario del Renar habría sido el nexo de Sebastián Forza con un grupo de narcotraficantes con quienes se reunió en Quilmes poco antes de ser asesinado. Además, "se supone que en el secuestro de Bergara participaron policías y por lo menos tres presidiarios con el beneficio del arresto domiciliario, que a su vez tendrían conexiones con el tráfico de drogas en Paraguay" (ídem).
He ahí el cóctel principal de la inseguridad: una policía descompuesta y corrompida irreversiblemente, servicios penitenciarios iguales o peores que la policía, políticos complacientes o cómplices y bandas mixtas. Quien proponga fortalecer o reforzar a la policía y a la "mano dura" es, a no dudarlo, un compinche de los mafiosos.

Dos adolescentes se suicidaron en un instituto de menores. Otro ejemplo de la “mano dura” de Scioli

A fines de noviembre, se suicidaron dos de los 20 chicos internados en el Centro de Régimen Cerrado de La Matanza. Jonathan Caballero (16 años) tenía ya varios intentos, "estaba deprimido y decía que quería matarse. Tenía el brazo inmovilizado por un balazo pero nos decían que no había camioneta para llevarlo al hospital. Fue una muerte anunciada", denuncia su familia. El otro chico, de apellido Capella (17), apareció colgado horas después. Todos los chicos detenidos estaban encerrados en celdas individuales y "por falta de personal" ni siquiera salían al gimnasio.
El Centro, inaugurado diez días antes -como prueba de la decisión política de Scioli de extremar la mano dura con los jóvenes-, había sido construido por el Servicio Penitenciario "con un concepto carcelario" (sic). No tenía ni el personal ni la infraestructura mínima para albergar seres humanos. Scioli lo inauguró de apuro, trasladando compulsivamente a algunos trabajadores. "El instituto fue abierto, en medio del avance de la culpabilización de los jóvenes por parte del gobierno de Scioli y el resto de la derecha. No cuenta con el personal necesario ni vías de acceso, equipos de salud ni técnicos (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc.) ¡ni líneas telefónicas, sólo un celular oficial!, lo que lo convierte en un "POZO" ilegítimo", denuncia ATE Sur, que declaró "una jornada de protesta y duelo por la muerte de los dos chicos" y exigió que la institución no se vuelva a abrir (Página/12, 19/11/08).
Estas muertes destaparon una vez más la olla podrida de las instituciones de menores. ATE Sur denunció que desde el 20 de noviembre hubo siete intentos de suicidio sólo en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora (de donde provenía Jonathan). "Los encierran y tiran ahí -explicó Nora Schulman, del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). El traslado de un instituto a otro o la permanencia indefinida en los centros los lleva a la depresión, pero también existe la ‘depresión inducida' a través de tranquilizantes para que los chicos ‘no se tornen rebeldes'".
Según Unicef, en la provincia de Buenos Aires hay 8.628 chicos encerrados, 7.068 por causas asistenciales y 1.500 porque cometieron o fueron víctimas de un delito.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, admitió que el edificio era "inadecuado" y señaló que el sistema de institucionalización de menores "está en situación de crisis por falta de recursos". Arroyo, que debería ser condenado por abandono de persona, descargó la responsabilidad ¡sobre las víctimas!: "Tenían una historia bastante complicada, de entrada y salida de varios institutos, con tratamientos psicológicos prolongados y una relación de fuerte apego entre ellos" (www.auno.org.ar).
El gobierno de Scioli ejecuta una política de exterminio contra la juventud. La provincia tiene el mayor número de jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad (47,9%). La mitad de ellos por gatillo fácil y otro 32% en cárceles, comisarías, institutos o bajo custodia policial (www.auno.org.ar). Pero, además, "hay un millón de chicos en situación de vulnerabilidad y riesgo social". De éstos, "unos 400.000 jóvenes, de entre 14 y 20 años, no estudian ni tienen trabajo" (La Nación, 3/11/08). Una encuesta de la Unesco les preguntó acerca de las "expectativas sobre el futuro". Un 30% dijo que se veía con un trabajo precario, pero el 35% de los adolescentes y jóvenes de 15 a 20 años que no estudian ni trabajan respondió que "dentro de cinco años" va a estar "muerto o excluido" (El Día, 25/8/08).
La alternativa es rechazar este destino y mandar a los que lo promueven a la cárcel. La alternativa es organizarse para construir una sociedad sobre otras bases sociales.