¡Y SI LOS JUBILADOS DECIMOS BASTA!

El gobierno, como todo el mundo sabe, se ha propuesto ‘reconstruir poder'. No a costa de los grandes capitalistas o de los que más tienen, que siguen gozando de subsidios y excepciones impositivas, y ahora de aumentos de tarifas.

No de los sojeros o grandes capitales agrarios, que siguen pagando nada por el impuesto a la tierra, o que falsifican el origen de las cosechas (paraguayas) para no pagar retenciones.

Menos de los exportadores de cereales, cuya estafa con las declaraciones juradas falsas, por casi dos mil millones de dólares, acabará en el largo sueño de los tribunales.

Mucho menos a costa de Marsans y sus secuaces, que han vaciado Aerolíneas durante mucho más de una década.

El gobierno se ha propuesto 'reconstruir poder'... ¡a costa de los jubilados!

Con el pretexto de cumplir con una orden de la Corte para modificar la ley de ‘solidaridad' de Cavallo, ha mandado un proyecto de ley que ratifica, incluso con agravantes, el régimen del ministro del corralito.

La nueva ‘movilidad' arranca de una jubilación licuada por varios años de congelamiento, con lo cual perpetúa en el tiempo la desvalorización de los haberes.

Quien ganaba 800 pesos en marzo de 2001 se fue en marzo de 2008 a 1.335 pesos, pero si se le hubiera reconocido la movilidad habría debido ganar en esa fecha 2.000 pesos, y estos 2.000 pesos se habrían convertido en la base de la nueva movilidad; si ganaba 1.600 pasó en marzo de 2008 a 2.427, cuando habría debido estar en 4.100.

La nueva ‘movilidad' parte de una licuación del 40 por ciento de las jubilaciones.

Al igual que lo había hecho Cavallo, el proyecto de Cristina condiciona la ‘movilidad' a la recaudación tributaria, de modo que si ésta no crece o lo hace por debajo de la inflación, la jubilación no sube o cae.

La nueva movilidad es semestral, aunque la inflación mensual ya está cerca del 2 por ciento, pero además fija un tope al crecimiento de las jubilaciones.

Tampoco es móvil la jubilación mínima, porque le otorga la responsabilidad de fijarla al Parlamento.

El primer aumento de la ‘movilidad' se aplicará recién ¡en marzo de 2009!

Llamamos a una movilización nacional por:
* 82 por ciento móvil sobre el salario del cargo en actividad;
* haber mínimo equivalente al 82 por ciento del salario mínimo;
* pago de la retroactividad a los jubilados que tuvieron aumentos inferiores al costo de vida;
* por un régimen de jubilaciones único, financiado con el impuesto a las ganancias, las retenciones, los aportes patronales y gravámenes extraordinarios al capital, que sea gestionado por los trabajadores y los jubilados.

Repercusiones de la campaña del PO Junín en contra del impuestazo de Meoni

Diario Democracia, jueves 7 de agosto de 2008

PARTIDO OBRERO
Rechazan la suba de las tasas municipales
Para la agrupación, todas las propuestas conspiran en contra de los trabajadores

El Partido Obrero de Junín rechaza enérgicamente el aumento de las tasas municipales solicitado por el intentente Mario Meoni al Concejo Deliberante.
Para Julián Asiner, Meoni “realiza un verdadero chantaje al conjunto de los trabajadores juninenses al supeditar el necesario aumento salarial para los empleados municipales (que cobran básicos por debajo de la línea de indigencia) a un incremento de las tasas.
Los bloques del MID y de la Coalición Cívica se oponen demagógicamente al impuestazo pero no plantean otra alternativa que la reducción del personal municipal, es decir, despidos masivos”.
“Denunciamos que todas son salidas en contra de los trabajadores. Pero, ¿es que Meoni acaso no tenía otra alternativa para enfrentar la crisis fiscal del municipio? Sí la tenía: en vez de buscar que los trabajadores paguemos con mayor carestía el aumento a los municipales podría haber diseñado un impuesto progresivo y elevado a los grandes capitales y a los pulpos como Cargill y Nidera, que se llevan fortunas de Junín a costa de nuestra miseria. También le hubiese bastado con aumentar el irrisorio impuesto inmobiliario rural a un precio acorde con la cotización de las tierras en el mercado (hoy en día llega a ser ochenta veces menor)”, propuso Asiner.
“El oficialismo y el kirchnerismo han acordado posponer la sesión del Concejo Deliberante para el próximo miércoles, buscando aprobar un proyecto común. Esto no podría ser de otro modo si tenemos en cuenta que los K están haciendo lo mismo que Meoni a nivel nacional. Con Cristina, somos los trabajadores los que sufrimos la verdadera ‘retención’ que implica la inflación imparable para el poder adquisitivo de nuestros salarios. La presidenta ya ha anunciado aumentos en las tarifas de luz y de gas, que se suman al 30% de los combustibles”, dijo.
“No debe sorprender entonces que Meoni haya celebrado el aumento del impuesto a los ingresos brutos realizado por Scioli, a sabiendas de que es un monto que se trasladará automáticamente a los precios, es decir, que lo pagarán los consumidores”, apuntó.

Comunicado de prensa del PO Junín: "No al impuestazo de Meoni"

El Partido Obrero de Junín rechaza enérgicamente el aumento de las tasas municipales solicitado por el Intentente Mario Meoni al Concejo Deliberante.

Meoni realiza un verdadero chantaje al conjunto de los trabajadores juninenses al supeditar el necesario aumento salarial para los empleados municipales (que cobran básicos por debajo de la línea de indigencia) a un incremento de las tasas.

Los bloques del MID y de la Coalición Cívica se oponen demagógicamente al impuestazo pero no plantean otra alternativa que la reducción del personal municipal, es decir, despidos masivos.

Denunciamos que todas son salidas en contra de los trabajadores.

Pero, ¿es que Meoni acaso no tenía otra alternativa para enfrentar la crisis fiscal del municipio? Sí la tenía: en vez de buscar que los trabajadores paguemos con mayor carestía el aumento a los municipales podría haber diseñado un impuesto progresivo y elevado a las grandes capitales y a los pulpos como Cargill y Nidera, que se llevan fortunas de Junín a costa de nuestra miseria.

También le hubiese bastado con aumentar el irrisorio impuesto inmobiliario rural a un precio acorde con la cotización de las tierras en el mercado (hoy en día llega a ser ochenta veces menor).

El oficialismo y el kirchnerismo han acordado posponer la sesión del Concejo Deliberante para el próximo miércoles, buscando aprobar un proyecto común. Esto no podría ser de otro modo si tenemos en cuenta que los K están haciendo lo mismo que Meoni a nivel nacional. Con Cristina, somos los trabajadores los que sufrimos la verdadera “retención” que implica la inflación imparable para el poder adquisitivo de nuestros salarios. La presidenta ya ha anunciado aumentos en las tarifas de luz y de gas, que se suman al 30% de los combustibles.

No debe sorprender entonces que Meoni haya celebrado el aumento del impuesto a los ingresos brutos realizado por Scioli, a sabiendas de que es un monto que se trasladará automáticamente a los precios, es decir, que lo pagarán los consumidores.

Desde el Partido Obrero de Junín, llamamos a todas las organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles y pronunciarse al respecto y a organizar una gran campaña planteando:

* ¡No al impuestazo de Meoni! Por un aumento de emergencia para los empleados municipales, que equipare su salario al costo de la canasta familiar, financiado a partir de impuestos progresivos y elevados a los grandes capitales y a los pulpos como Cargill y Nidera.
* ¡Basta de impuestos al consumo y tarifazos! Aumento del impuesto inmobiliario rural acorde con la cotización de las tierras en el mercado.
* ¡Basta de inflación! Por la apertura de los libros de las grandes empresas y monopolios y el control obrero y popular de los precios.
* Por un básico equivalente al costo de la canasta familiar para todos los trabajadores.
* Por una salida obrera y socialista a la crisis del gobierno kirchnerista.

Partido Obrero de Junín
pojunin.blogspot.com
pojunin@hotmail.com

Salario mínimo: Bicentenario del hambre

La docencia y el neumático marcan el camino: reabrir las paritarias.
Si las retenciones a la exportación agraria motivaron una movilización de 200 mil personas el día antes del que deliberaba el Senado, ¿cuántos trabajadores tendríamos que habernos movilizados el día que se discutía en el país el salario mínimo vital y móvil?
Millones y millones, porque la línea media de flotación de los convenios colectivos oscila en los 1.800/2000 pesos (Clarín, 28/7), casi la mitad de la canasta familiar.
En cambio, hemos tenido una armoniosa discusión de caballeros. El resultado de tanta armonía es un mínimo de 1.200 pesos, un 22% de aumento que resigna toda pretensión de alcanzar los precios siquiera de los alimentos. Los invitados del bicentenario de Cristina han logrado un primer acuerdo: la Argentina del hambre.
¡Los cuatro representantes de la famosa Mesa de Enlace agropecuaria suscribieron, como no podía ser de otro modo, la condena al hambre que implican estos montos! Ellos pagan aún menos.
"Se trata más de una cobertura legal que de una mejora efectiva en las remuneraciones públicas y privadas. La medida tendría un impacto directo para no más de 250.000 trabajadores del sector formal y regularizado sobre un total de casi 12 millones de trabajadores activos" (Diario Gremial, 29/7).
Este pacto antiobrero es una cobertura política a Moyano y a Yasky para no reabrir las paritarias. La docencia de Salta, Río Negro y Entre Ríos va a la huelga, hubo un paro masivo en Capital y en numerosos distritos bonaerenses. El neumático ha ido a la huelga por el 35% de aumento, sin moverle un pelo a la inmutable CTA.
La docencia y el neumático marcan el camino: asambleas de base, pliegos obreros de canasta familiar, actualización salarial con costo de vida, incorporación del negro y los premios al básico, paritarias por salario y condiciones de trabajo votadas en asamblea, contra la flexibilidad laboral.

AEROLINEAS: No al rescate de Marsans. Lo impulsan el gobierno y la oposición

Aerolíneas "reestatizada" empezó con el pie izquierdo. Durante el fin de semana y los días subsiguientes, la inmensa mayoría de los vuelos - nacionales e internacionales- debieron ser "reprogramados" (incluso algunos fueron anulados). Esto se debió a la combinación de sobre-venta de pasajes y falta de aviones. Aerolíneas dispone de sólo 29 aeronaves (sobre una flota de 69) por falta de mantenimiento y de repuestos. Según denunció Ricardo Cirielli, del sindicato de técnicos aeronáuticos, "el pañol está vaciado" y no hay repuestos para reparar los aviones.
La "reestatización" de Aerolíneas implica que el Estado se hará cargo de la totalidad de su deuda y que recomprará el capital registrado de la empresa. La deuda "oficial" de Aerolíneas ronda los 1.000 millones de dólares; la deuda oculta (ventas adelantadas, compromisos laborales) puede alcanzar una cifra similar. El convenio de traspaso supone que el tema no pasará por los tribunales, lo que es una garantía de impunidad para el grupo Marsans y para los propios funcionarios del gobierno que avalaron sus operaciones. El gobierno se hace un favor a sí mismo: evita dar explicaciones de por qué los representantes del Estado en el directorio de Aerolíneas -kirchneristas desde 2002- avalaron el vaciamiento de la compañía.Las características leoninas de la operación han comenzado a ser cuestionadas por los opositores en el Congreso, donde el gobierno ha enviado la ley de "renacionalización" de Aerolíneas. Gerardo Morales, de la UCR, denuncia que la operación "se parece más a un salvataje de Marsans que de la línea de bandera". Adrián Pérez, del partido de Carrió, anticipa que "no estamos dispuestos a que los argentinos nos hagamos cargo de una deuda privada". Carlos Raimundi señala en tanto que "el Estado no tendría que haber asumido tan livianamente el rescate de Marsans" (todas las citas son de Clarín, 28/7). Ante estas posiciones, un comentarista del mismo diario reconoce que "ya nadie cree que su paso (de la ley de "renacionalización") por el Congreso será fácil" (ídem).
¿Qué posición defiende la oposición? Sin hacer nombres pero citando expresamente, Clarín informa que "hay quienes se preguntan si no sería más transparente dejar que Aerolíneas vaya a la quiebra, que Marsans se haga cargo de la deuda que generó, que el Estado retome el personal y lo que queda de aviones para una empresa nueva. Dicen que se puede apoyar en la estructura que ya existe, como Lade o Lafsa, la línea aérea sin aviones que está en proceso de liquidación" (ídem).
La quiebra es también un negociado aunque con otro envoltorio. En definitiva, supone que las deudas serán pagadas por los activos de la empresa (una ínfima proporción de ellas). El perjudicado será nuevamente el Estado, que es el principal acreedor de la compañía (por ejemplo el Banco Nación o los avales al Banco Galicia). El juez podría rechazar la quiebra y disponer un plan de reestructuración o recurrir a la figura del ‘cramdown', que permite entregarla a un grupo financiero que se postule para ‘recuperarla'. Es muy probable que los opositores estén trabajando para Marsans o para los competidores de Aerolíneas, como ocurrió recientemente cuando hicieron de voceros del capital financiero agropecuario.
La sola idea de que una aerolínea que nunca voló (Lafsa) se haga cargo de una "Aerolíneas residual" muestra que los opositores buscan algo diferente de lo que proclaman. Con la quiebra de Aerolíneas "se perderían los permisos para aterrizar en otros países, las habilitaciones, todo", advierte, interesado, el oficialista Ariel Basteiro. El planteo de los opositores, la liquidación de Aerolíneas, podría llevar al cese de sus operaciones internacionales y a la entrega del mercado de cabotaje a las líneas aéreas privadas. Solanas y Lozano, como ocurriera con el ‘campo', se han puesto del lado de los liquidadores.En oposición al salvataje de Marsans que impulsa el gobierno y a la desaparición de Aerolíneas que impulsan los opositores, defendemos la expropiación sin pago de la empresa y la expropiación de los activos que el grupo Marsans tiene en Argentina para proceder a un plan de capitalización y de recuperación de Aerolíneas.

La prometida movilidad: una estafa contra los jubilados

Semanas atrás, en Prensa Obrera (N° 1.045) dijimos: "Con la movilidad jubilatoria la estafa es otra. El gobierno enviaría un proyecto de ley para ajustar a partir de 2009 las jubilaciones por un índice de salarios elaborado por el Indec. Con esto quedará consagrada la confiscación perpetuada desde 2002 a 2008, ya que un gran sector de jubilados tuvo aumentos muy inferiores a la inflación. O sea, no sólo no se le pagará al jubilado la retroactividad, sino que la "movilidad" se implementará a partir de un haber un 40% inferior. La "movilidad" así aplicada, siempre y cuando sea similar a la inflación real, significa que esa pérdida del 40% queda consagrada de por vida".

Este anticipo quedó confirmado plenamente con el proyecto de ley supuestamente de movilidad jubilatoria.

Veamos la estafa punto por punto:

1) La movilidad arrancará a partir de marzo de 2009, dentro de nueve meses. Hasta entonces no está previsto ningún aumento jubilatorio y el que se estableció para este año (dos cuotas del 7,5%) equivale a la mitad de la inflación. La movilidad debutaría con una poda jubilatoria del 15% sólo en un año.

2) Según Clarín (27/7) "el haber medio del sistema - 850 pesos- apenas representa menos de la mitad del sueldo medio de la economía. Y más del 70% del padrón está cobrando el haber mínimo". Esa jubilación media se mantendría de por vida ya que no se contempla ninguna recomposición previa a la nueva movilidad que compense la confiscación de las últimas décadas.

3) Un sector de "jubilados de haberes medios y altos, desde la devaluación, recibió incrementos diferenciados del 63,1 ó 79,4 por ciento. En ese lapso, según el Indec, los salarios subieron el 153,2% y el índice oficial de precios casi un 120%. Con las mediciones provinciales, la inflación real fue del 160 por ciento", informó Clarín (idem). Conclusión: "En relación con la evolución de los salarios, la pérdida de poder adquisitivo de esas jubilaciones ronda entre el 30 y 35%". Esa pérdida de seis años no será reconocida y tampoco se actualizarán esos haberes para poder arrancar desde un nuevo piso, naturalmente más alto. Esta definición está en abierto choque incluso con el fallo Badaro, que reconoció la retroactividad y el reajuste del haber. Por eso se pronostica que el proyecto llevará "a que más jubilados inicien el reclamo judicial" (Clarín, 28/7).

4) "Tampoco el proyecto abordará la movilidad del sistema privado que seguirá ajustando sus haberes de acuerdo con la rentabilidad de los fondos invertidos", dice Clarín (28/7). Lógicamente, por tratarse de un sistema privado, esa movilidad debería estar garantizada por las AFJP, más aún en un período de fuerte desvalorización y caída incluso nominal de las jubilaciones privadas. Pero eso no ocurre, no hay movilidad.

5) La estafa contra los docentes, investigadores científicos, jueces y diplomáticos es mayor. A esos sectores de trabajadores, activos o jubilados, les corresponden el 82 u 85% móvil del cargo por el que se jubilen o se hayan ya jubilado. "Sin embargo, esa movilidad no se está aplicando y esos sectores reciben los aumentos generales. Arrighi (secretario de Seguridad Social) sostuvo que se está analizando si se dispone de fondos para que se pueda aplicar esa movilidad. "Por ahora siguen los aumentos generales", dijo Arrighi (ídem).

Ante esta estafa, el PO plantea:

Pago de la retroactividad por la diferencia entre los aumentos recibidos y la inflación real.
Ajuste del haber actual por esa diferencia.

Movilidad a partir del haber reajustado, de acuerdo con la evolución de los salarios según las negociaciones paritarias, y sobre la base del 82% móvil. De esta manera, se unifican los haberes de los jubilados a la lucha salarial de los trabajadores activos.

CORDOBAZO

Le tocó a un gobernador sojero, adversario de las retenciones móviles, imponer una reducción de las jubilaciones.

Dos pesos, dos medidas: ganancias más altas para los explotadores, menores ingresos para los trabajadores.

No es cierto que Schiaretti ha producido un recorte a las jubilaciones ‘altas', sino especialmente a las que no lo son: en el futuro, las jubilaciones en Córdoba se calcularán sobre el promedio de salarios de los últimos cuatro años, en tanto que hasta ahora se establecían sobre el último sueldo.

Dependiendo de la inflación en cada período, esta reducción de las jubilaciones puede ser infinita.

Pero Schiaretti no actuó por cuenta propia: cumplió con un convenio firmado con el gobierno nacional (entre Duhalde y De la Sota, en 2002) que lo compromete a proceder a esta confiscación para obtener el financiamiento de éste para la Caja Provincial.

Capitanich, el chaqueño, acaba de firmar lo mismo con Cristina Kirchner.

Sojeros y oficialistas, que se enfrentaron durante cuatro meses, se han unido porque en Córdoba se trata de atacar al pueblo.

¿No tenía acaso otra alternativa este gobernador para superar la crisis fiscal que han creado él y sus antecesores?

Sí que la tenía: le bastaba con subir la valuación fiscal de la propiedad rural para recaudar 3.300 millones de pesos en lugar de los 54 millones que cobra en la actualidad.

El capital industrial recibe, en Córdoba, subsidios por 500 millones de pesos anuales.

¡Pero Cristina Kirchner está haciendo lo mismo!

Acaba de aumentar las tarifas de luz en un promedio del 40%, que aun ‘segmentadas', golpearán principalmente a los trabajadores.

Acaba de pactar con Das Neves un aumento del precio de corte para el petróleo, de 42 a 52 dólares, lo que equivale a una reducción de retenciones para los monopolios.

Lo hace luego de un aumento del 30% en el precio de las naftas.

Aumentan un 16% las prepagas.

El gobierno ‘nacional y popular' está lanzado a un ‘ajuste' contra los trabajadores.

Llevar el salario mínimo a 1.200 pesos miserables o decretar la movilidad de las jubilaciones para el año que viene, y a partir de un nivel desvalorizado, es otra manifestación de la confiscación que sufre el pueblo.

El cordobazo del pasado miércoles en Córdoba no es, por eso, un hecho aislado.

Ya ha comenzado en las provincias lo que rápidamente se convertirá en una huelga general docente.

Durante cinco días se paralizó el transporte en Capital y Gran Buenos Aires, por la incapacidad de patrones y gobierno de ofrecer seguridad a los choferes.

Fate, Pirelli, Firestone, Mafissa, TDO se encuentran en lucha, incluida la huelga general, y acaban de obtener una gran victoria contra la represión patronal.

El régimen político naufraga en medio del debut de una rebelión de los trabajadores y en medio de una crisis mundial imparable.

Desarrollemos una amplia deliberación obrera y popular: por la reapertura de las paritarias, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por el ajuste del salario por inflación, por el reparto de las horas de trabajo para incluir a todos los desocupados. Por una alternativa obrera y socialista.