jueves, 5 de febrero de 2009

KIRCHNER ESTA EN BABIA / ¿O SE HACE EL GIL?

Que prohíba los despidos y las suspensiones

El martes pasado, Kirchner amenazó, como si fuera Presidente, que "no toquen ningún empleo".
Pero es lo que está ocurriendo todos los días.
En la industria automotriz, las suspensiones se convertirán en despidos a partir de marzo, incluso para los efectivos.
Es lo que ocurre en Paraná Metal, donde la rotación de 700 trabajadores con dotaciones promedio de 70 obreros, da un promedio de tres días de trabajo por operario.
En Siderar, Techint propone repartir las horas de trabajo con la correspondiente reducción de los salarios.
Si esa reducción del sueldo es, digamos, del 30 por ciento, ello equivale al desempleo de un tercio del personal.
Por otro lado, bajo la presión de los despidos, el gobierno K está insinuando que las paritarias dejen de lado la discusión salarial; es lo que el pingüino Peralta está tratando de imponer en Santa Cruz.
Los capitalistas, mientras tanto, ganan un dineral: el reciente canje de préstamos garantizados provocó una suba de los bonos del 25 por ciento en tres días.
Clarín dice que "en los despachos oficiales se discute un acuerdo con el FMI" (1/2).
Pero un acuerdo con el FMI significará el congelamiento de los salarios y un super-tarifazo, y como consecuencia más crisis y despidos.
¿"Que no toquen ningún empleo?" Las pelotas, vienen por más.
Carrió, Macri, Solá y Binner se han puesto de acuerdo para impulsar la mega devaluación del peso y el acuerdo con el FMI.
En lugar de ir a España con la Presidenta, para arreglar con Marsans y con Telefónica, Moyano hubiera debido quedarse en Argentina y convocar a un Congreso de delegados de la CGT.
Lo mismo deberían hacer Yasky y De Gennaro -de la CTA.
En ese congreso los trabajadores podríamos decidir vetar cualquier suspensión o despido, reclamar el reparto de las horas de trabajo al cien por cien del salario, y votar la ocupación de toda empresa que no acate estas resoluciones.
Podríamos ofrecer un plan contra la crisis capitalista que no vacíe la Anses (como está ocurriendo), ni financie con la plata de los jubilados a Minetti y a Cargill.
Un plan que nacionalice los bancos y el comercio exterior y que canalice el ahorro nacional hacia un plan de obras públicas e industrialización, bajo el control de los trabajadores, y de atención de la vivienda, la salud y la educación.
No nos dejemos atropellar.
Que las comisiones internas, los sindicatos y las centrales sindicales impulsen un plan de lucha para imponer en los hechos la completa prohibición de los despidos y de las suspensiones.

Suspensiones, despidos, tarifazo…. Ahora el FMI

Clarín del miércoles 4 le dio cuatro páginas a la noticia de que Solá pactaría con Macri y de Narváez una lista para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero su conclusión fue decepcionante; según Eduardo van der Kooy, "fragmenta a la oposición". Aparentemente, el ‘lobby' de Magnetto no se conformaría con un triple empate en el distrito (Carrió, Solá, Kirchner) -un resultado que, sin embargo, no debería ser visto como ‘anormal' en una elección de renovación parlamentaria. Clarín quiere, aparentemente, un resultado por nocaut, que debería ser -dice- "producto de la polarización". En la Capital, Carrió ya ha levantado las objeciones a un acuerdo con Macri. La ‘transparencia republicana' está al servicio de cualquier cosa -en especial de una alianza con privatizadores y enemigos de los derechos sociales. Una alianza de este tipo en la Ciudad y en la Provincia sería, sin embargo, algo más que un acuerdo electoral: equivaldría a un gobierno en espera. "La orden de que la oposición se una, informa Crítica (25/1), partió a fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el selecto club que integran los jefes de las mayores firmas del país". Una conspiración en regla.
Clarín, de nuevo, ha puesto en marcha una campaña para que Kirchner busque un acuerdo con el FMI, a sabiendas de que el gabinete se encuentra dividido sobre la cuestión. Massa y Boudou, fogoneados por Alberto Fernández, son partidarios del acuerdo. La Nación dice que sería un pacto con "el FMI de Obama" (¡qué tranquilidad!), y conforma al gobierno con la observación de que gran parte de la tarea ya estaría hecha, porque las minidevaluaciones del peso ya han producido una gran devaluación del 15 por ciento en seis meses. El domingo pasado, Clarín se jugó con todo en un editorial: "Es necesario considerar con realismo y sin anteojeras ideológicas, la posibilidad, QUE YA SE ANALIZA EN DESPACHOS OFICIALES, de volver a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". Es casi un ultimátum, que viene acompañado con el planteo de que "la oposición... tiene un papel decisivo a cumplir". "Siempre se puede maquillar el viraje", se alegra el privatizador Miguel Kiguel, quien de paso advierte "que ahora se trata del ‘Fondo de Obama', y no el de Bush" (La Nación, 25/1). La burguesía argentina no quiere el financiamiento de la Anses sino el del FMI.
Los ajetreos por las elecciones parlamentarias de octubre esconden, por lo que se ve, otras intenciones, pues un acuerdo con el FMI sería esencialmente un pacto para devaluar, ‘recomponer' tarifas (que dejarían chiquito el tarifazo reciente) y congelar salarios. La UIA ya ha recomendado a sus socios no mentar el tema salarial hasta marzo (dejar que Moyano hable solo), para cuando prevé que estará definida la decisión de traer de nuevo al FMI. Pero semejante acuerdo con el Fondo cambiaría todas las relaciones de fuerza actuales, y precipitaría un cambio en el gobierno o el cambio de gobierno. La oposición patronal tiene un ojo puesto en esta perspectiva.
En esta misma línea hay que entender el pronunciamiento concertado de Schiaretti y Binner, por un lado, y de la Coalición Cívica y la UCR, por el otro, para que el gobierno suspenda las retenciones a las exportaciones de soja y libere el resto de las exportaciones agropecuarias. Lo hacen a sabiendas de que ello provocaría un colapso fiscal, y sin importarles que sirva como premio a los capitalistas que tienen retenidas o acaparadas ocho millones de toneladas de soja. Una derogación de las retenciones es, por lo tanto, inviable - lo que están reclamando es una devaluación lisa y llana que compense a los sojeros por las retenciones.
El gobierno ‘resiste' a estas presiones con concesiones crecientes a los capitalistas. Por un lado sigue devaluando, por el otro renegocia la deuda pública pagando un mayor costo en concepto de intereses. Está desvalijando a la Anses para financiar a pulpos como la cementera Minetti, y ha abierto una línea de créditos a las exportadoras de cereales. El Ministerio de Trabajo, por su parte, avala los despidos y suspensiones, como está ocurriendo en la industria automotriz de Córdoba y en Villa Constitución y Rosario; ataca al cuerpo de delegados del Subte y rechaza los reclamos de los trabajadores de la vaciada Indugraf. Está planteando que las paritarias no se convoquen o que no discutan salarios. Ha producido un tarifazo para que las empresas de servicios paguen sus deudas con el exterior, o sea que siga la fuga de capitales. Se prepara para alcanzar un acuerdo con los bonistas que no entraron en el canje de deuda de 2004, y para pagar al Club de París la deuda fraudulenta estatizada por Cavallo y por Alfonsín. Sostiene que, de este modo, neutraliza la presión para ir al FMI, cuando en realidad está preparando las condiciones para ello, mientras cumple la función de descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores.
El tema es muy simple: los países periféricos están sufriendo un enorme drenaje de dinero porque los capitalistas internacionales necesitan saldar deudas que la crisis impide refinanciar, y porque otros capitalistas, que saben de esto, están especulando a la devaluación de las monedas. Esto se percibe con claridad en Rusia, donde las mini-devaluaciones han fracasado para contener la crisis: el rublo se ha devaluado un 35 por ciento y está a punto de quebrarse por completo. Putin enfrenta una crisis extrema. Lo mismo ocurre en todos los países del Báltico y de Europa oriental, y algo similar afecta a Brasil. Aunque el gobierno junte las monedas para pagar la deuda, no puede frenar el proceso de la crisis capitalista ni el derrumbe financiero de las periferias. Incluso Gran Bretaña se encuentra al borde de la cesación de pagos y discute el recurso al FMI. Es necesario advertir, sin embargo, que el Fondo no tiene condiciones para proteger a ninguna nación de la debacle financiera.
Es necesario enfrentar simultáneamente la política de tarifazos y despidos del gobierno, el vaciamiento del Indec y la política de congelar salarios, la complicidad con la fuga de capitales, por un lado, y la conspiración de la oposición de centro-derecha-izquierda y de todo el arco sojero, para responder a la crisis con un acuerdo con el FMI.
La iniciativa política del gobierno, a partir de la reestatización de las AFJP, ha menguado y vuelve a pasar a la oposición sojera y fondomonetarista, que se apresta a cortar rutas y a impulsar una mayor salida de capitales. Los trabajadores se encuentran aprisionados en el callejón sin salida del gobierno, por la responsabilidad de la CGT y de la CTA y de todo el piquetruchismo y progresismo kirchneristas, que creen que con esta política llegan a octubre y que encima pueden empatar las elecciones.
Tenemos que poner el centro en la lucha contra los despidos y suspensiones, y contra el tarifazo, y por la defensa de las paritarias y los aumentos salariales, y sobre esta base exigir a la CGT y a la CTA un plan de lucha. Asimismo, denunciar que la política del gobierno descarga la crisis capitalista sobre los trabajadores y que junto con la oposición busca crear las condiciones para una entrega al FMI. De este modo, los trabajadores podremos desarrollar una iniciativa política frente a la crisis y la posibilidad de la lucha por un gobierno de trabajadores.

Gaza sigue cercada

A dos semanas del 'cese del fuego'

A dos semanas del ‘cese del fuego', la Franja de Gaza sigue bloqueada, lo que significa que continúa sometida a una acción de guerra, como lo estaba incluso antes de la masacre reciente. Los pasos continúan cerrados; Israel y Egipto sólo permiten el ingreso de medicamentos y de algunos artículos de primera necesidad.
La población está bajo el sitio del hambre y del frío. No tienen casas a las cuales regresar porque han sido destruidas por los bombardeos; 15.000 familias están obligadas a seguir viviendo en refugios. Israel y Egipto impiden el ingreso de materiales de construcción, por lo que las viviendas no pueden ser reparadas. "Israel no está dispuesta a permitir una reconstrucción rápida de Gaza porque eso podría beneficiar a Hamas" (Financial Times, 28/1).
El cerco no sólo es económico. En el curso de la semana, la aviación israelí lanzó varias "operaciones de represalia" contra los túneles a través de los cuales los palestinos contrabandean hacia Gaza las mercancías que no les permiten ingresar por los pasos fronterizos. Las amenazas israelíes son brutales: Olmert anunció otras "respuestas desproporcionadas".
Sin embargo, existe una negociación indirecta entre Hamas e Israel, en Egipto, con la intermediación del jefe de los servicios secretos locales (El País, 26/1). Hamas reclama la apertura de los puestos fronterizos para que entren alimentos, medicinas, y materiales de construcción.
Israel se vale de las necesidades de que se levante el cerco para imponer el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza. Con la excusa de controlar la reapertura de los pasos, Israel (y Egipto) quieren forzar a Hamas a aceptar la presencia de guardias fronterizos que respondan a Abbas. Israel vuelve a usar el cerco sobre Gaza para poner en la Franja una autoridad títere (valga la contradicción).
El ‘enviado especial'
Israel ‘recibió' al ‘enviado especial' de Obama al Medio Oriente, George Mitchell, bombardeando otra vez Gaza.
La designación de Mitchell despierta inquietud en Israel. Se teme que reclame el congelamiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania, como lo hizo en 2001 en una misión similar. Esos asentamientos están construidos en tierras robadas a los palestinos; lo acaba de confirmar un informe del propio Ministerio de Defensa, ocultado por el gobierno y revelado recientemente por el diario israelí Haaretz. Según el informe, "30 colonias se ampliaron sobre las fincas robadas en Cisjordania" (El País, 2/2). El Ministerio de Defensa, dice el informe, "documentó un robo de tierras que sirvió para la expansión de más de 30 asentamientos" y que "en 90 de los 120 asentamientos (existentes en Cisjordania), los edificios se alzaron en contra de los permisos concedidos o en ausencia de ellos, aunque era el Ministerio de Vivienda el responsable de la construcción" (ídem). Benjamin Netanyahu prometió extender esos asentamientos si gana las elecciones. El ultraderechista Avigdor Lieberman anticipó que "Mitchell no tiene posibilidades de éxito" (Haaretz, 28/1).
Elecciones
En este cuadro, Israel irá a las urnas el 10 de febrero. Barak y Livni no lograron convertir la masacre de Gaza en votos. Netanyahu (Likud) aumentó su ventaja sobre ambos con el argumento de que el gobierno se había retirado de Gaza "sin completar la tarea" de derrocar al gobierno de Hamas. Además, creció fuertemente Lieberman, que podría desplazar al laborismo al cuarto lugar por primera vez en su historia (Corriere della Sera, 2/2). Lieberman reclama la expulsión de los ciudadanos israelíes de origen palestino "que no muestren fidelidad al Estado" (ídem), o sea la ‘limpieza étnica' del 20% de la población del Estado de Israel.
Hay una marcada fragmentación del electorado, lo que lo obligaría a formar una coalición, posiblemente, una versión del gobierno actual. Obama está en una encrucijada: para reforzar la guerra en Afganistán (como pretende) necesita 'paz' en Medio Oriente.
El príncipe saudita Turki al-Faisal, un hombre que fue jefe de los servicios de inteligencia del reino y, más tarde, embajador en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, acaba de recordar que "el nuevo presidente tiene sólo un tiempo limitado para actuar".

Cristina promulga ley que asocia a Argentina a la industria militar israelí durante la masacre de Gaza

Con el voto de Lozano y Macaluse

El 5 de enero, mientras las bombas caían sobre Gaza, Cristina Kirchner se apresuró a promulgar la ley 26.437 que aprueba el "acuerdo de cooperación bilateral para la investigación y desarrollo industrial en el sector privado", firmado con Israel en noviembre de 2006. Dadas las circunstancias, el decreto gubernamental constituyó el más rotundo apoyo a la masacre en curso por parte de gobierno alguno en el mundo.
El acuerdo fomenta la "cooperación" de empresas privadas, organismos estatales y "otras entidades" para impulsar "la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico" con vistas a desarrollar "nuevos procesos o servicios a comercializarse en el mercado global".El artículo VI da una pauta de las actividades que serán promovidas a partir del acuerdo. El punto 1 establece que "los resultados obtenidos de los programas cooperativos" serán secretos y no podrán ser puestos en conocimiento de "una tercera persona, organización u otro país o Estado" sin la aprobación escrita de la otra parte. El punto 2 agrega que estarán "sujetos a confidencialidad (...) la información y los documentos relacionados a este Acuerdo". Es decir que también será secreto el carácter de las investigaciones y hasta las empresas y organizaciones estatales intervinientes.
El "secreto de Estado" que cubre toda la operatoria del acuerdo - desde las empresas intervinientes a los resultados obtenidos- indica que se trata de un emprendimiento dirigido a la investigación y desarrollo en el campo de la industria militar y de seguridad. O sea de la guerra. Israel no es sólo uno de los mayores productores y exportadores mundiales en el ramo; el conjunto de su investigación y desarrollo industrial se realiza bajo la tutela del ejército. Según informa el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en 1999, el "80 por ciento de sus exportaciones contenían elementos de alta tecnología (...) los avances tecnológicos elaborados para el ejército han sido adaptados para el sector civil" (http://www.mfa.gov.il/).
Los Kirchner han asociado a la Argentina al complejo industrial-militar de Israel y hasta se comprometieron a financiarlo (artículo 1.d). Para nadie es un secreto la integración entre este complejo industrial-militar israelí y el de los Estados Unidos.
Además de comprometer el financiamiento público del complejo militar de Israel, los Kirchner ponen a su disposición a las universidades públicas (que en el acuerdo entran bajo el título de "otras entidades"). Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, declaró hace poco que "tomamos muy en cuenta a la hora de decidir nuestras políticas de Estado (...) el modelo que tienen (en Israel) de gestión privada de los conocimientos producidos en la universidad..." (Agencia Judía de Noticias, 25/11/08).
El acuerdo constituye un respaldo político a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Israel domina y des-organiza la vida económica de los territorios ocupados, que a todos los efectos prácticos son simples extensiones del "espacio económico" israelí. Esto vale para Gaza cercada y también para Cisjordania. Los territorios palestinos no tienen moneda propia: se valen del shekel israelí, que en última instancia sólo puede ser gastado en Israel. La Presidenta se apresuró a promulgar un acuerdo secreto y militarista con un Estado que impulsa la ‘limpieza étnica' de los árabes de Palestina.
El acuerdo en cuestión fue convertido en ley por la unanimidad en ambas cámaras; ni los diputados ni los senadores tocaron una sola coma del proyecto oficial o presentaron alguna observación. Nadie, en ninguna de las dos cámaras, objetó este engendro.
Más precisamente, el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados informa que los diputados Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad) votaron "afirmativamente" por el proyecto; también los representantes del PS. A este crimen político se debe asociar al Partido Comunista, cuyos dirigentes se reparten entre el Partido por la Victoria, la Coalición Plural y Proyecto Sur. Esperamos a ver qué hace el MST: si el afán de conseguir una candidatura en el bloque de Solanas-Lozano le hace callar este crimen político.

La rebelión contra el tarifazo crece

Cortes y marcha a Plaza de Mayo

Una asamblea en Tigre de 500 vecinos, muchos de ellos representantes de asambleas barriales resolvió, el sábado 30, la organización de tres cortes en la Panamericana para el martes 3 de febrero y proponer a otras organizaciones, formadas al calor de los reclamos por los aumentos de luz, una marcha a Plaza de Mayo por la anulación del aumento de tarifas.
Según el gobierno y las empresas, "no aumentamos la luz para todos, eliminamos los subsidios para los usuarios de grandes consumos" (De Vido, Clarín, 1/2). El ministro de Planificación ha apelado el fallo judicial que impide que las empresas distribuidoras de electricidad suspendan el servicio a quienes no paguen el aumento de los últimos meses. Las empresas, en solicitada publicada el domingo 31, han reafirmado el aumento ofreciendo atender las "excepciones" de aquellos usuarios que carezcan de agua potable o gas natural en red, electro dependientes o de múltiples hogares con un solo medidor. Como cada una de las excepciones está sujeta a la inspección y aprobación de la distribuidora, el vecino queda como rehén de la empresa y la nueva tarifa queda en pie.
Cuando el ministro anunció el aumento del servicio eléctrico afirmó que no alcanzaría a más del 8% de los usuarios residenciales, 500 mil hogares. Sin embargo, "se comprobó que se trata de un tarifazo que alcanzó a más de un millón de hogares en el área metropolitana" (La Capital, Mar del Plata, 21/1). Además, los usuarios están dejando de recibir los premios por menor consumo dispuestos por el Puré (Programa de uso racional de la energía).
Esta batalla es decisiva para el gobierno, por los aumentos que vienen. A los de los servicios de luz, transporte público e inmobiliario urbano, se sumará el del gas (entre el 9 y el 84%, según los anuncios) y el del agua.Una batalla política
Cuando comenzaron a llegar las facturas de la luz con un aumento promedio del 400 por ciento, empezó una rebelión en el GBA y La Plata, que se extendió como reguero de pólvora (Tigre, San Fernando, Pilar, La Matanza, Vicente López, Lanús, Malvinas). En todos lados el método es el mismo: asambleas en los barrios, en la mayoría de los casos autoconvocadas, exigiendo la derogación inmediata de los aumentos. El viernes 23 de enero, más de 300 vecinos se movilizaron ante las puertas de la Quinta de Olivos - rodeados por un extraordinario despliegue represivo- exigiendo la inmediata derogación de los aumentos.
Las Asambleas Populares votaron el corte de la avenida Pavón, en Lanús, las que votaron movilizarse a la intendencia de San Fernando y de Tigre, las que decidieron organizar una movilización a la Quinta de Olivos (idea que fue tomada por la asamblea de Vicente López para concentrarse "todos" los viernes allí), las que votaron un corte de la Panamericana a la altura de Pilar... El surgimiento de las asambleas ha puesto en tensión al aparato de los punteros en los barrios y ha derrotado sus propuestas de negociación.
No está en los planes del gobierno dar marcha atrás con el aumento.
Programa
Los avisos periodísticos que señalaban que la luz no sería cortada, a partir del fallo de la Justicia, produjeron cierta tranquilidad, pero se trata de tiempo pasado.
Debemos defender con uñas y dientes el programa de las asambleas, que consta de un solo punto: No al tarifazo. Derogación de los aumentos.
Las asambleas de la Zona Norte han votado:
Ante cualquier llamado (por parte de las empresas o del gobierno) a negociar, debe participar el conjunto de los vecinos movilizados.
La gran tarea es reforzar la formación de asambleas barriales, que voten un plan de lucha. ¡Asambleas en todos los barrios!
Organizar movilizaciones sobre Edenor, Edesur, Edelap y sobre los municipios y centros políticos.
Llevar adelante la coordinación de las distintas asambleas del conjunto del GBA y preparar una gran movilización sobre el poder político.

Otra guerra del cerdo: el secuestro de Leonardo Bergara

"¿Vos podés pensar que estos giles, que son sólo vigilantes, pueden armar algo así? Acá hay logística, hay un mensaje fuerte", dice un comisario retirado acerca del secuestro de Leonardo Bergara (Crítica, 26/1).
Como para darle la razón al infidente, el lunes 2 fue detenido el jefe distrital de Berazategui, comisionado Roque Luján, lo cual abre formalmente una crisis institucional en la Bonaerense y en el gobierno de la provincia.
La fiscal del caso, Silvia Cavallo, declaró: "La pista más firme que tengo es que se trató de una banda de policías, de eso no tengo dudas". No podría tenerlas porque, según indica ella misma, "lo más grave es que la misma policía admite todo. Una de las sospechas, por ejemplo, es que hay una cuestión de celos porque ese distrito de Berazategui hizo grandes procedimientos de drogas y alguien quería cobrárselos. Pero ésa es una de las posibles razones. Otras hipótesis llegan más arriba, porque esto ensucia al gobierno provincial" (ídem).
Marcelo Saín, jefe de la policía aeronáutica y represor experto, conocedor de la Bonaerense desde adentro, no ha dudado en atribuir el secuestro a la acción de sectores de la derecha peronista en combinación con franjas de la Bonaerense que querrían desplazar de la jefatura a Daniel Salgado, forzar la renuncia del ministro Carlos Stornelli y arrancar más concesiones al gobernador Daniel Scioli.
Otro ex comisario tiene una certeza: "Es la Bonaerense. Le están abriendo (al gobernador) el grifo de criminalidad y diciéndole: ‘Mirá, Scioli, necesitamos recomponer la vieja estructura de la época de Pedro Klodzyck'..." (ídem).
No es poca cosa.
Klodzyck era, según Eduardo Duhalde, "el mejor jefe de la mejor policía del mundo", hasta que a partir del asesinato de José Luis Cabezas quedó a la vista de todos que era el jefe de una banda armada, la peor, la más peligrosa.
Si las cosas son como dice Saín, tendríamos otra operación político mafiosa por parte de alguna franja de la vieja asociación delictuosa de policías, intendentes y punteros. Una banda que tiene operadores visibles en los promotores de la "mano dura", en los que pretenden reforzar y dar mayores atribuciones a la policía; es decir, al núcleo más concentrado del delito y de la inseguridad.
Preguntado por la arista política del caso, Scioli optó por hacerse el desentendido: "Tenemos que actuar con responsabilidad... Tampoco podemos generalizar".
Los cambios que han hecho él y Stornelli en la Bonaerense son una contrarreforma en regla, después del fracaso ruidoso de la "reforma" promovida por León Arslanián. Cuando dice que no detendrá "el proceso de cambio" (Clarín, 27/1), Scioli trata de calmar a la Bonaerense, con lo cual demuestra que no sólo es un político reaccionario; además, es un gobernante impotente.
Para demostrarlo, véase su postura acerca de posibles cambios en la cúpula policial después de este escándalo: "No es el momento", dice. Scioli y Stornelli aguardan a que la lucha interna en la policía resuelva el asunto...
Los cuatro de copas
Los "giles", los "vigilantes" que tienen presos, como sucede casi siempre cuando de la policía se trata, son "perejiles" que apenas podrían haber cumplido algún papel auxiliar de tercera o cuarta línea en un delito complejo como el secuestro de Bergara. Hasta es posible que los detenidos no estén involucrados directamente en el secuestro aunque sí en otros delitos, y que los policías secuestradores, por medio de ellos, le pasen facturas a otra banda policial.
El secuestro ocurrió en jurisdicción de la Departamental Quilmes. Todos los policías detenidos son de esa zona. El jefe de la Departamental, comisionado Adrián Cisterna, es miembro del círculo de allegados del jefe Salcedo. El único oficial superior involucrado en el secuestro, el capitán Juan Vicente Cardozo, es hombre de vínculos muy aceitados con la cúpula.
Cardozo fue dejado en libertad por "falta de méritos". Con él y con otro de los policías presos, el teniente Víctor Vega (en su casa aparecieron seis kilos de marihuana), se cometió una irregularidad inaudita, que permite entrever el meollo de la Bonaerense y de la corrupción judicial.
Cardozo quedó involucrado porque su teléfono celular recibió llamadas de uno de los teléfonos usados para negociar el rescate de Bergara. El oficial le apuntó a Vega: dijo que el celular lo tenía su subordinado, algo que sus defensores rechazaron de plano.
El poder judicial permitió que la Bonaerense trasladara juntos a un juzgado federal a Cardozo y a Vega, en contacto directo entre sí, lo cual constituye una aberración procesal: "Alguna versión sostuvo que Vega salió de ese traslado pálido, y en ese momento pidió cambio de sus abogados particulares" (Página/12, 26/1). Desde entonces, Vega aceptó que tenía el celular: "Yo me hago cargo de todo", dijo. Dicho sin vueltas: en ese viaje recibió de su superior una apretada que no pudo resistir.
Así, mediante un hecho que obligaría a anular todo lo que siguió, quedó en libertad el único de los involucrados que no es un cuatro sino un tres de copas, y que podía ofrecer una aproximación a las cartas bravas.
Otra vez, las internas mafiosas y las operaciones políticas de la Bonaerense prometen producir una crisis política.

Obama: de Irak a Afganistán

Una de las primeras actividades de Obama como presidente fue reunirse con los jefes del Pentágono para organizar una "salida responsable" de Irak.
El embajador nortemericano en Bagdad, sin embargo, consideró oportuno advertir contra cualquier intento de "apurar el retiro". La "estabilización" que los norteamericanos lograron en Irak es, según sus propios generales, "precaria" e "inestable".
"La posibilidad de establecer un pacto de convivencia dependerá en gran medida de asegurar un reparto equitativo de los recursos petroleros", advierte un comentarista (Corriere della Sera, 13/12). "La paz del país depende en gran medida de cómo se apliquen estos contratos y cómo se repartan las regalías entre shiítas, sunitas y kurdos" (ídem). El temor del embajador norteamericano es que -en ausencia de las tropas de ocupación- la disputa por las riquezas petroleras lleve a una lucha por el poder y a una guerra civil.
Afganistán
Desde el punto de vista militar, la situación de los ocupantes en Afganistán es mucho más comprometida que en Irak. "Los talibanes reconquistan Afganistán", advertía hace un tiempo el Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo, que informaba que (los talibanes) "tienen presencia permanente en el 72% del territorio (El País, 8/12/08). Lo confirmó poco después el propio Robert Gates: "el vacío de poder es crecientemente llenado por los talibanes" (Financial Times, 28/1).
Para hacer frente a la situación, Obama impulsa el aumento del número de soldados norteamericanos en Afganistán. "Camp Bastion, en la provincia de Helmand, ya se está convirtiendo en el símbolo de la ‘americanización' de la guerra en el sur. Las fuerzas norteamericanas han comenzado a llegar y llegarán muchas más. Se están construyendo aeropuertos que permitan la llegada de transportes y aviones de guerra para la próxima ofensiva con el despacho de 30.000 soldados adicionales" (The Independent, 23/1).
Asia
Obama no está simplemente reaccionando a una situación militar deteriorada. Más bien, se vale de ello para impulsar un giro en la política exterior norteamericana.
Durante la campaña electoral, Obama calificó la ocupación de Irak como una "distracción", y que la "verdadera guerra contra el terrorismo" sería la que se libra en Afganistán y en las zonas tribales fronterizas de Pakistán. El nuevo presidente, como muchos otros ‘nombres' importantes del ‘establishment' político y militar norteamericano, considera vital el control del Asia Central.
Afganistán (y Pakistán) tienen fronteras con China, India, Irán y con las ex repúblicas soviéticas de Tajikistán, Uzbekistán y Turkmekistán. El control de Afganistán no sólo les permitirá el manejo de los riquísimos yacimientos gasíferos y petroleros de las ex repúblicas soviéticas y de las rutas de distribución hacia el este y al oeste; reforzará su presencia como árbitro en la disputa entre India y Pakistán y, sobre todo, sus posibilidades de intervención en China y en Rusia.
Para pelear y ganar la guerra en Afganistán, Estados Unidos debe establecer una "robusta estrategia diplomática", aconseja el ya mencionado IISS (Financial Times, 27/1). En este terreno, Putin ya le aseguró a los nortemericanos la utilización del espacio aéreo ruso para operar en Afganistán (y usó su ‘influencia' para que las ex repúblicas soviéticas hicieran lo mismo). El reconocimiento de los "intereses norteamericanos" en Afganistán por parte de Rusia supone, como contrapartida, el reconocimiento de los "intereses rusos" en otras áreas, como el Cáucaso.
Afganistán mantiene una extensa frontera con Irán, que los norteamericanos deben ‘asegurar' para guerrear contra los talibanes en la frontera con Pakistán. "Estados Unidos y los aliados de la Otan deben tratar directamente con Irán si quieren ganar la guerra en Afganistán", acaba de declarar el secretario general de la Otan (Financial Times, 26/1). "Los diplomáticos de la Otan -que recordaron que 'Irán tiene un interés real en la derrota de los talibanes'- dicen que el gobierno de Obama podría estar dispuesto a tomar este camino" (ídem). Es lo que vienen reclamando desde hace tiempo importantes figuras, como el ex asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski (PressTV, 11/12/08). Esta perspectiva preocupa enormemente a los sionistas.
Crisis política
Los planes de Obama desataron una crisis política en Afganistán. Hamid Karzai, el presidente designado por Bush, "es visto por el Pentágono como un obstáculo al ‘surge' o incremento del número de tropas..." (The Independent, 23/1).
La ofensiva contra Karzai es brutal. Hillary Clinton describió a Afganistán como "un narco-estado" gobernado por un "gobierno corrupto". La inteligencia norteamericana hizo conocer un informe que denuncia al hermano de Karzai como el "mayor narcotraficante" de Afganistán. Los candidatos a suceder al presidente ya viajaron a Washington, que impulsa una lista opositora común para las elecciones presidenciales de este año.
Al advertir que lo quieren echar, Karzai empezó a criticar el elevado número de víctimas civiles que causan las operaciones norteamericanas. Anunció, además, que "no será posible" realizar las elecciones antes de la finalización de su mandato, lo que plantea "una crisis constitucional (que) pone en cuestión la propia integridad de toda la misión internacional en Afganistán" (Financial Times, 28/1).
Como al pasar, un editorial de The Washington Post (29/1), muy crítico del aumento de las tropas que impulsa Obama, le recuerda al nuevo presidente que los rusos, y antes los británicos de la época del imperio, se rompieron los dientes en "un pantano afgano".
Toda una advertencia.

Otro referendo para la reelección, la impasse del chavismo

En diciembre de 2007, Hugo Chávez perdió un referendo constitucional que, entre otras disposiciones, preveía la reelección indefinida para el cargo de presidente de la República. Los otros temas de aquel referendo reforzaban el poder personal del Ejecutivo, a pesar de que ya contaba con la posibilidad de gobernar por decreto-habilitantes. Luego de las elecciones estaduales y municipales de noviembre pasado, Chávez ha decidido insistir en la obtención de la reelección indefinida por medio de otro referendo, aunque esta vez el beneficio alcanzaría a todos los cargos ejecutivos. En las elecciones recientes, el gobierno perdió los Estados de Miranda y Táchira y la municipalidad general de Caracas - incluso fue derrotado en el barrio popular emblemático de Petare.
¿Por qué insiste Chávez en una metodología que podría resultar en una nueva derrota? Hace apenas dos días, declaró que si perdía el referendo previsto para el 15 de febrero buscaría otros caminos para lograr el objetivo de la reelección -por ejemplo la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En una ceremonia para celebrar el vigésimo aniversario del ‘caracazo', junto al ecuatoriano Rafael Correa y al boliviano Evo Morales, Chávez justificó su afán por la reelección en la ausencia de "un heredero". Precisamente, uno que era considerado como tal, Diosdado Cabello, fue uno de los candidatos derrotados en los comicios recientes -entre otras razones porque acumula denuncias de corrupción. Pero un líder que carece de ‘herederos' está poniendo de manifiesto la ausencia de una construcción política y confesando el carácter ficticio del partido oficial - el Partido Socialista Unido de Venezuela. También pone de manifiesto que en Venezuela no hay "un poder popular"; o sea, un gobierno representativo de la acción política de las masas. La perseverancia en una política reeleccionista deberá agravar estas características: menos poder popular, menos construcción política de los trabajadores, más poder personal. La metodología de la reelección es la del bonapartismo, no la de un poder popular o revolucionario.
El referendo de Chávez es la metodología del bonapartismo, no la de la construcción de un poder popular. El referendo obliga a las masas a dar una batalla por los intereses del bonapartismo, no por los suyos; no por aquellos que afectan su vida cotidiana y, por sobre todo, para encarar la explotación social capitalista (tanto de los monopolios privados como de los estatales). En medio de una crisis mundial que mina las bases del limitado nacionalismo fiscal y asistencial del gobierno bolivariano, el referendo no invita a nacionalizar los bancos y la gran industria y a establecer la gestión obrera colectiva, sino a ofrecer la posibilidad a Chávez de un nuevo mandato a partir de 2012. Claro que Chávez podría adoptar estas medidas en virtud precisamente de su poder personal, pero no es esto lo que se ha puesto en discusión en el referendo. En realidad, las prometidas nacionalizaciones (con compensación) del Banco de Venezuela (Santander) y de Sidor (Techint) aún están en veremos. El Cronista de Buenos Aires adelantó que se dejaría en manos de Techint la gerencia comercial de Sidor, para posibilitar que ésta pueda operar en el esquema de las empresas que el pulpo tiene en América Latina.
El referendo denota también un apuro, porque las presidenciales próximas serán en 2012. ¿Por qué el apuro? ¿Para dejar espacio para otras tentativas en caso de perder el 15 de febrero? Es claro que con la reelección busca un mandato para lidiar con la oposición gorila, que acaba de arrebatarle estados y municipios. Es decir que plantea la lucha contra la derecha desde los recursos políticos del Estado, no de la movilización de masas. No hay que confundir las manifestaciones que convoca el oficialismo con movilización popular, pues ésta última es una herramienta para imponer reivindicaciones, no para celebrar al poder. Desde que se conocieron los resultados de las elecciones pasadas, Chávez ha usado el poder discrecional del Ejecutivo para arrebatar parcelas de poder o jurisdicción a los estados y municipios opositores -una salida burocrática con métodos burocráticos, que ofrece a la oposición derechista munición para denunciar los atropellos del oficialismo. Chávez hizo público, en las vísperas del referendo anterior, un proyecto político para desmantelar el federalismo en Venezuela mediante la creación de regiones geo-políticas al mando del Ejecutivo y del alto mando militar.
El sector de la intelectualidad política que vive del subsidio del gobierno bolivariano defiende a la reelección como un derecho democrático... de Chávez, y explica que eso mismo ocurre con los regímenes parlamentarios de Europa, cuyos primeros ministros suelen durar una década -y en donde están vigentes monarquías constitucionales. Se trata de una comparación con un sistema político burgués, altamente burocratizado y manipulado, y en el caso de las monarquías violatorio del principio representativo más elemental. Se supone que la revolución bolivariana no se mide con los modelos políticos de la reacción. Estos intelectuales podrían haber ojeado la Comuna de París y opuesto a la reelección indefinida de un puesto burocrático, el derecho a la revocatoria, para el pueblo, de todos los cargos ejecutivos y parlamentarios. Pero esta intelectualidad política solamente sabe servir a su majestad.
Los socialistas no debemos asumir la responsabilidad por una derrota (una nueva), en un terreno que no es el de las masas sino el bonapartismo, ni la responsabilidad por lo que haga el Bonaparte con la victoria (la política futura del gobierno no la conoce nadie, aunque de todos modos serán reacciones inconexas a la crisis mundial y al derrumbe del precio del petróleo). Las encuestas le dan al gobierno un margen a favor de uno o dos puntos, lo cual sería incluso una victoria para la derecha - que en las elecciones para gobernadores y municipios obtuvo 18 puntos menos que el gobierno (aunque le arrebató estados y municipios decisivos). Para qué me metiste en esto, papá - se podrá preguntar legítimamente un elector chavista, que sufre la inflación, el desabastecimiento y el desempleo, y que hubiera preferido una movilización política para remediar esos flagelos. Incluso se prevé la devaluación del bolívar para después del referendo.
El referendo, en definitiva, es servicial al bonapartismo -no al poder popular- y es servicial a la derecha, que encuentra un terreno de oposición conveniente para ella. Lamentablemente, luego de una década de experiencia bolivariana no se ha estructurado en Venezuela una oposición socialista - la izquierda tiene ‘quejas' y ofrece ‘consejos' pero es seguidista del chavismo, no una oposición política. En conclusión, rechazamos el referendo y la reelección, y apoyamos las manifestaciones concretas de la clase obrera que expresen esta posición política.

La sequía - realidad y verso

La sequía que afecta a una gran parte del territorio nacional se ha convertido en un buen motivo para agudizar la crisis de la política económica oficial, y para acelerar la crisis política. La Mesa de Enlace de la soja se ha puesto nuevamente al frente de la disputa, y reclama nada menos que la eliminación de las retenciones a la exportación de soja. No son necesarias muchas luces para advertir que esa eliminación no va a suprimir la sequía, ni devolverle al suelo las condiciones para tornarlo productivo. Simplemente, le convendría a los patrones de la soja, que pasarían a vender las ocho millones de toneladas que aún tienen retenidas de la cosecha anterior, algo así como un beneficio extra de 2.500 millones de pesos. Si la sequía los está afectando financieramente, ¿por qué no venden el producto retenido y cancelan de ese modo las deudas que tengan con sus proveedores, los salarios atrasados y sus cuentas de casino? En lo que atañe a los pequeños productores que se encuentren sin recursos ni mercaderías acaparadas, el Estado debería proveerles los medios para su subsistencia familiar por todo el tiempo que sea necesario, pero de ningún modo reducirles el impuesto a la soja, que no tiene nada que ver con la sequía ni tampoco le pone remedio.
En un sistema capitalista, las catástrofes naturales están contempladas en los sistemas de seguros respectivos. Pero los capitalistas del campo y los terratenientes no quieren pagar la prima de esos seguros, sino que el Estado los subsidie mediante la declaración de la situación de emergencia, y si están asegurados quieren cobrar dos veces. Tampoco dicen que la legislación agraria argentina ofrece una suerte de seguro natural para los terratenientes, porque admite la prórroga de contratos de deuda cuando se hayan producido situaciones excepcionales que afecten la producción. La oligarquía está más protegida que el oso en la nieve. La sequía (o las inundaciones y las heladas) es un drama, en cambio, para los trabajadores, que ven aumentar los precios de los productos básicos, o para los productores con muy poco capital, pero no para los capitalistas -que son recompensados por los aumentos de precios y que pueden gozar de la cobertura de un seguro para el caso. De hecho, el precio internacional de la soja aumentó en el mercado internacional como consecuencia de la expectativa de una menor cosecha de Argentina por la sequía.
Los sojeros quieren cobrar, pero no quieren pagar cuando corresponde. La Nación del sábado pasado ha dejado muy en claro los perjuicios que la soja ocasiona al suelo, en especial porque agrava las consecuencias de la sequía. El remedio, la rotación de los cultivos, no se aplica de un modo general - al revés, otros granos y la ganadería han sido desplazados por el cultivo obsesivo de soja. Ahora los sojeros buscan resarcimiento cuando le deberían pagar al país una indemnización por daños ambientales y productivos. La sequía se ha convertido incluso en un gran negocio para el sector que provee alimento para el ganado, el cual están acaparando para venderlo luego a precios confiscatorios. Este hecho denuncia que la mortandad de ganado es la consecuencia de la especulación capitalista y de la incapacidad del Estado, pues la salida es llevar al ganado de pastoreo a la alimentación de corral o anticipar su venta cuando corresponda. La mortandad de ganado de pastoreo beneficia a los que alimentan en corrales, porque obtienen la materia prima a precio de liquidación y porque luego se beneficiarán con el alza del precio de la carne. La provisión de granos forrajeros debe asegurarse especialmente para la lechería, cuya producción tiene una prioridad social. El duopolio SanCor-Mastellone (con los cuales operan Danone y Nestlé en el lucrativo negocio de la leche en polvo) se encuentra en crisis como consecuencia de un elevado endeudamiento en dólares, y pretende salir estrangulando a consumidores y pequeños productores. Lo que hay que hacer es nacionalizar a estos monopolios y ponerlos bajo control de los trabajadores, y hacerlos responsables por su deuda impagable.
Como se ve, la sequía no ofrece ninguna razón para compensar o subsidiar a capitalistas, ni para premiarlos con un super-beneficio, como sería la eliminación de las retenciones. Mucho menos en el marco del derrumbe capitalista mundial y de la crisis industrial argentina, que exige que los recursos fiscales se apliquen a la defensa económica y social de los trabajadores. La campaña para eliminar las retenciones (que apoya todo el arco opositor patronal y buena parte del oficialismo) se inscribe en un propósito más amplio: devaluar el peso y meterle al país un acuerdo con el FMI. Este objetivo ha politizado a la sequía y la convierte en un factor de aceleración de la crisis política.
El gobierno tiene todo esto absolutamente claro, por eso trata de comprar la buena voluntad de los capitalistas para que no lo derriben. Cristina viaja a Venezuela para conseguirle una indemnización a Techint; Tomada arma un plan con la patronal siderúrgica y la burocracia de la CTA para imponer un plan de reducción de salarios en Paraná Metal y para poner en marcha el desguace de la planta. Pero el negocio principal de la semana es el canje de los préstamos garantizados que los bancos tienen inmovilizados desde los tiempos de Cavallo, por nuevos bonos que gozarán de una gran posibilidad de compra-venta y que pagarán tasas de interés que arrancan en el 16% pero no tienen techo, fluctúan con la situación monetaria. Son superiores a la inflación prevista y, en el caso de una corrida contra el peso, esas tasas se irían por las nubes. El gobierno logra con el canje postergar pagos en 2009-10 para el 2012-15, a un costo fiscal elevado. Una nueva hipoteca usuraria para poder sobrevivir. Esto no es un plan contra la crisis.
En realidad, el tsunami está a las puertas; el veranito noviembre-enero es cosa del pasado. Los bancos de Estados Unidos y Europa se están declarando en quiebra, y nada de lo que hagan los gobiernos (por ejemplo, nacionalizarlos) servirá para mantener una suerte de estabilidad en los llamados países emergentes. La onda llegará a Argentina previo paso por Brasil y México, cuyas bolsas y monedas cayeron fuerte en la semana en curso. ¿Hay una salida? Una reorganización social del país y del mundo sobre nuevas bases, en función de los intereses de los trabajadores.