“DESPIDAN A LOS BANQUEROS, REINCORPOREN A LOS TRABAJADORES”

Hace 48 horas, el kirchnerista Hugo Moyano reconoció que "el gobierno no tomó ninguna medida de fondo" frente a la escalada de suspensiones y despidos.
Para que el hombre hablara, la sangre tuvo que llegar al río.
Los despidos arrecian entre los trabajadores transitorios y contratados.
En otros casos, bajo la forma de "renuncias" o retiros "voluntarios".
Han golpeado en las automotrices, en las aceiteras, en los trabajadores de la construcción, en las curtiembres y en las cadenas de electrodomésticos.
En otros gremios ya empezaron los conflictos, como en la industria de la carne, los bancarios, los metalúrgicos.
Moyano tiene razón cuando dice que los Kirchner no hacen nada.
El matrimonio presidencial tolera las corridas cambiarias que desvalorizan la moneda y el salario.
Deja correr la fuga de capitales, que agrava la recesión y la parálisis de la economía.
Pero, ¿qué hacen Moyano y la CGT?
Por ahora, "juntan datos" sobre "el alcance de la crisis", cuando los datos sobran.
¿Qué hace Yasky?
Pide (‘pedir', pero no actuar, se ha transformado en una profesión) un "seguro de inclusión" para familias pobres, o sea que no quiere frenar los despidos sino regatear un ingreso asistencial.
Mientras tanto, los activistas del neumático continúan despedidos y las patronales preparan cientos de despidos más.
Pero mientras Moyano "junta datos", la clase obrera sigue otro rumbo.
Los compañeros de Easy cortaron las rutas por su reincorporación.
Los mecánicos de la General Motors de Rosario obligaron a la patronal a recular.
Los metalúrgicos de la zona oeste enfrentan los despidos con asambleas y cortes.
Cuando Moyano reclama "medidas de fondo", toca la partitura de sus jefes capitalistas.
Reclama, como ellos, una mayor devaluación de la moneda.
O tarifazos, pago integral de la usuraria deuda pública, resarcimiento a los vaciadores de Aerolíneas.
Consintiendo a los vaciadores, creen que zafarán de la catástrofe capitalista.
¿Tenemos que seguirlos?
Para parar las suspensiones, los despidos y el vaciamiento nacional, necesitamos un programa y un rumbo de lucha propios.
Realicemos asambleas y autoconvocatorias para poner en pie a los sindicatos y centrales obreras.
Que la CGT y la CTA rompan con el gobierno y lancen un plan de lucha a escala nacional.
La consigna de la etapa ha sido levantada, días atrás, en una marcha: "Despidan a los banqueros, reincorporen a los trabajadores".
Esa es la tarea, aquí y en todo el mundo.

Un “respiro” muy costoso

En la mañana del miércoles 5, el gobierno parecía sortear el "golpe de mercado" y la crisis desatada por la estatización de las AFJP. Además de un descenso de la cotización del dólar, decía contar con los votos necesarios para aprobar la reforma previsional entre los diputados parecían garantizados.

"Golpe de mercado"
Sólo los ingenuos pueden creer que el gobierno frenó la escalada del dólar apelando al gurka Moreno; o sea, a un supuesto control de cambios como lo es limitar la venta de divisas a importadores o requerir que los especuladores retengan durante tres días la triangulación de la compra-venta de acciones con los mercados del exterior. Mientras esperaban que la tendencia a una revaluación del peso apresurara la venta de dólares de los exportadores, consiguieron lo contrario: los pulpos cerealeros no liquidan divisas, ni están dispuestos a hacerlo por ahora.
La pretensión de que los controles oficiales apuntan a defender la moneda no la cree ni el gobierno mismo. "Pará de comprar por quince días, hasta que se apruebe lo de las AFJP" (Crítica, 5/11), le dijo Moreno a un operador cambiario. La patronal agraria, industrial y el gobierno (por razones de caja) propician una devaluación mayor. Para frenar la corrida cambiaria y la fuga de depósitos, el gobierno promovió una suba astronómica de las tasas de interés, que agrava la recesión económica.

El escenario del Congreso
En la noche del domingo, Carrió llamó por televisión a repetir este miércoles "la gran marcha de Palermo". Horas después, la movilización languidecía, en medio de las deserciones de la UCR, una fracción de la Federación Agraria y, finalmente, por los propios disensos entre Macri y Carrió. Anteriormente, habían naufragado las tentativas de "cacerolazos" supuestamente "autoconvocados". Ni ellos, ni las AFJPs, pudieron presentar una alternativa a la estatización, que se impuso como consecuencia de la necesidad de hacer frente a la cesación de pagos de la deuda externa. El planteo alternativo de una "libre opción permanente entre reparto y capitalización" - esbozado por parte de la oposición y la cámara de las AFJPs- , sólo lograría desatar un éxodo al sistema estatal.
La división patronal responde, de todos modos, al impacto desigual que tiene la crisis entre los sectores capitalistas. Mientras unos (Buzzi) reclaman subsidios estatales, los otros (De Angeli, la CRA o la Rural) esperan que la crisis agraria provoque una mayor concentración de tierra y de capital en el campo. Hasta hace pocas semanas, todos ellos llamaban a "no desaprovechar las oportunidades que nos brinda ‘el mundo'". Ahora necesitan protegerse de él.La versión definitiva del proyecto oficial "especifica" el destino que se le dará a los aportes al sistema estatal, el cual será el mismo que les daba la administración privada: la mitad seguirá destinada a refinanciar la deuda pública y el resto a la compra de acciones, obra pública y "fondeo" de créditos al consumo. La comisión de "monitoreo" de la Anses, que exigieron el SI y Lozano, estará formada por representantes del gobierno, de la UIA y de los bancos. A los centroizquierdistas ni se les ocurrió reclamar la suba de las jubilaciones o el 82% móvil. El administrador de la Anses, Amado Boudou, anunció la posibilidad de acuerdos para financiar a desarrolladores inmobiliarios y empresas de electrodomésticos. El gobierno se ha visto obligado a producir un cambio para dejar todo como está.

Los "peajes" que vienen
Con todo, no bastará este "status quo" para calmar a los "mercados". Morales Solá, golpista inveterado, advierte todavía sobre "los resultados del Senado" (La Nación, 3/11).
A la tregua cambiaria contribuyó indirectamente la Reserva Federal norteamericana al concederle un préstamo reversible de 30.000 millones de dólares a Brasil, "lo que refuerza la política de revalorización del real, que ahora y presumiblemente podría aflojar la presión por un ajuste mayor del peso argentino" (Clarín, 5/11). Luego de denostar al FMI, los Lula y los Kirchner se agarran al socorro de los yanquis.
El embargo judicial de los fondos de las AFJP depositados en Estados Unidos también parece controlado, si es cierto que "el litigio se resuelve con una nueva propuesta de pago a los bonistas" (Crítica, 5/11). El gobierno también tendrá que vérselas con la crisis de Aerolíneas, pero los Kirchner ya desmintieron ante Zapatero la intención de estatizar la compañía, es decir que preparan un compromiso con los vaciadores. En este cuadro, De Vido inició la reducción de subsidios a tarifas eléctricas, otra señal de ajuste en favor de los privatizadores.
La votación de los senadores está sujeta al pago de estos y otros "peajes"; los diputados de Cobos ya anticiparon su rechazo a la estatización de las AFJP. El kirchnerismo ya sabe, por lo tanto, qué puede esperar de un hipotético empate en el Senado.

Desintegración económica
Los límites de las maniobras oficiales se ponen de relieve en la parálisis económica que avanza implacablemente. Las suspensiones y despidos arrecian en la industria automotriz y en sus proveedores, en la industria de la construcción y, en general, en todas las actividades que dependen del crédito al consumo. La gran patronal bancaria dispuso miles de despidos de trabajadores contratados. En Salta y en la Patagonia, los Estados que viven de las regalías petroleras enfrentan una crisis fiscal. El derrumbe mundial del mercado cerealero sacude también a los distritos agrarios y a las industrias ligadas. Moyano admitió la impotencia oficial para detener la oleada de despidos.
Los "nacionales y populares" creen que pilotean la catástrofe capitalista. Lo único que están haciendo es izar un barrilete en medio de la tormenta.
Para frenar la sangría nacional se necesita un programa obrero y socialista:1. Defender la estatización de las jubilaciones mediante la inmediata intervención de las AFJP, su nacionalización, el control obrero de los fondos de la Anses y la restauración del aporte patronal.2. Asegurar el inmediato 82% móvil para los jubilados y un salario mínimo igual a la canasta familiar.3. Nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero.4. Cesar el pago de la deuda externa.5. Prohibir las suspensiones y despidos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, reapertura inmediata de las paritarias.Exijamos a la CGT y a la CTA que rompan con el gobierno y que convoquen a un congreso de trabajadores para debatir y resolver un plan de lucha frente al derrumbe capitalista y la impotencia oficial.

Los “recursos de crisis” no evitan las suspensiones ni los despidos

Frente a la fulminante ofensiva de suspensiones y despidos, el gobierno kirchnerista ha resuelto intervenir con un instrumento impensado: el "recurso preventivo de crisis".
La norma se encuentra en el capítulo VI de la "Ley de Empleo" (24.013) del año '91, con la que Menem y Cavallo viabilizaron la precarización laboral en la Argentina (contratos temporarios, pasantías, empleo "joven" y otras). El reconocimiento de un situación de "crisis" habilita la suspensión del convenio colectivo, en especial las suspensiones, rebajas salariales e incluso los despidos.
La burocracia sindical pretende que el "recurso de crisis" sea aplicado ahora por el gobierno "nacional y popular" de un modo diferente al de los '90 o al de 2000/2001. Pero esto no corresponde a su letra ni tampoco a la trayectoria del ministro Tomada, que fue en aquellos tiempos abogado del Smata y de otros gremios de la CGT menemista. No está hecho para evitar los despidos sino para viabilizarlos en el marco de un arbitraje estatal.
La expectativa de la burocracia sindical reside en el efecto dilatorio del "recurso de crisis", pues obliga a la patronal a presentar un informe de los motivos por los que pretende suspender o despedir. Se abre para ello una convocatoria al sindicato de la actividad.
Mientras dura el proceso de habilitación del recurso, la patronal no puede aplicar las medidas que ya anunció y los trabajadores no pueden hacer huelga; es decir, entran en una especie de conciliación obligatoria.
La batuta de la negociación la toman el ministerio, la burocracia sindical y la patronal, sustrayendo la participación de los cuerpos de delegados y de la asamblea fabril. Se monta así un arbitraje preventivo antihuelga.
Si la "parte sindical" se niega, no hay habilitación oficial a los despidos pero tampoco se anulan: las partes quedan en libertad de acción, o sea que la patronal puede cesantear. El tiempo perdido habrá servido para "ablandar" a los compañeros; los burócratas aprovecharán para hacer una campaña intimidatoria acerca de los riesgos para el empleo que comportan las "pérdidas" no comprobadas de las empresas. La ley respeta el "secreto comercial y bancario".
El recurso se aplica solamente cuando en una empresa de menos de 400 trabajadores se despide al mismo tiempo a más del 15%, es decir que se aplica para casos de una masacre en masa. Prácticamente protege la libertad del despido en las "pymes". Se aplica a una empresa de entre de 400 y 1.000 trabajadores en caso de que se despida al 10% del plantel; en una fábrica de 900, pueden despedir hasta 90 compañeros sin pasar por el "recurso". En caso de fábricas de más de mil, rige si despiden al 5% del personal. El "recurso" habilita a cambiar a la baja el convenio laboral. Esto incluye la indemnización reducida.
Aun así, hoy el centro del problema pasa por otro lado. Los despidos empezaron por el eslabón más débil, donde las patronales están amparadas por esta ley: los contratados, los trabajadores de agencia, los compañeros en negro y los trabajadores de la construcción. En la carne y el cuero hay miles de suspendidos, lo cual viola la garantía horaria.
En bancarios hay despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios (léase aprietes). En telefónicos se aplica el mismo método para reemplazar convencionados por tercerizados; la burocracia sindical de Foetra y Foessitra mira para otro lado. Ambito Financiero y la UIA la critican por embarrar la cancha con trámites ministeriales, pero ocultan que el procedimiento legitima finalmente las suspensiones y despidos. También oculta que esos ‘trámites' recién aparecieron cuando los obreros resistieron las cesantías mediante la huelga. La política "nac & pop" no evita los despidos: los prepara y los legitimiza.
Ante las suspensiones o despidos hay que aplicar los recursos de los trabajadores:1) asamblea de fábrica para rechazar cualquier suspensión o despido y reclamar el reparto de las horas de trabajo sin modificación de los salarios de bolsillo;2) apertura de los libros de la empresa a los trabajadores, para determinar los reales resultados de las empresas y la forma en que son repartidos;3) como medida preventiva, la inmediata reimplantación de la doble indemnización por despidos y la obligación del pago del 100% del sueldo en las suspensiones;4) en oposición a los "recursos de crisis", establecer la prohibición de los despidos y suspensiones;5) ocupación de cada fábrica que cierre, suspenda o despida. Por su expropiación sin indemnización; por el control obrero.

EEUU: Obama presidente, una "transición turbulenta"

Ningún medio en el mundo se privó de calificar como "histórico" el triunfo de Barack Obama. Es el primer presidente negro, elegido por la mayoría del voto popular en una elección que registró una asistencia récord de votantes. Ningún presidente en la historia norteamericana recibió tantos votos. Obama se aseguró, además, la mayoría en ambas cámaras legislativas.
El resultado muestra la envergadura del derrumbe de Bush y del conjunto de su régimen político de excepción (creación de un Estado represivo paralelo) e incluso de la infraestructura básica del país, de su educación y de su sistema de salud y de jubilaciones. Por medio de un planteo superficial, la candidatura de Obama suscitó una de las mayores movilizaciones de masas de los Estados Unidos. Un columnista del The Wall Street Journal escribió que algo semejante sólo ocurría... en Argentina. Si se debe apuntar un saldo positivo a la reciente campaña electoral, el fundamental es haber llevado a una parte del pueblo a la calle. No sorprende entonces que la participación electoral alcanzara un nivel sin precedentes.
Pero, como recuerda un editorial del The New York Times (2/11) previo a las elecciones, "si Obama gana por un amplio margen, esa victoria reflejará más que un progreso en las relaciones raciales, anhelos de cambio y el poder de su atracción. Reflejará también el poder del dinero". Obama recolectó 700 millones de dólares, más dinero que los dos candidatos de 2004 juntos. Desde comienzos de septiembre hasta las elecciones, McCain gastó 84 millones de dólares; sólo en publicidad televisiva, Obama gastó 21 millones en la última semana de octubre. La catarata de dólares que recibió Obama -además de los respaldos políticos de grandes figuras de la diplomacia, las finanzas y la política norteamericanas- lo caracterizan como el favorito del "establishment" imperialista. Pero incluso esto demuestra que ha habido un cambio en el estado de ánimo de grandes sectores populares, pues el "establishment" se arropó detrás de Obama porque lo vio como la sola posibilidad de poder llevar a las masas a un punto muerto.

La votación
Obama ganó en la mayoría de los estados, incluso en varios que históricamente votaron a los republicanos, como Virginia, Indiana, Colorado y Nuevo México. Ganó, también, todos los Estados que estaban efectivamente en disputa, como Florida y Ohio. Todo esto le dio una inmensa mayoría en el Colegio Electoral.
En el voto popular, sin embargo, su ventaja no fue tan abrumadora: aunque obtuvo el 68% de los votos en el Colegio Electoral, sólo recogió el 52% de los votos populares. El régimen electoral -antidemocrático- amplificó la victoria del candidato demócrata.
Obama ganó en la inmensa mayoría de las ciudades importantes, incluidas las capitales de los estados donde ganaron los republicanos: en Texas (el estado de Bush) ganó en Dallas, Houston, San Antonio, El Paso y Austin, las cinco ciudades relevantes; en Arizona (el estado de McCain) ganó en Tucson. Ganó también el voto hispano, lo que le dio la victoria en Florida y en la mayoría de los condados que limitan con México, tanto en los estados ganados por los demócratas (California, y Nuevo México) como en los ganados por los republicanos (Texas y Arizona). Arrasó en las ciudades industriales del nordeste: Detroit (74%), Flint (66%), Ann Arbor (70%), Toledo (65%); Dayton (62%); Cleveland (69%). El récord de su votación lo obtuvo en Nueva Orleans, destruida por el huracán Katrina y la incapacidad de Bush: sacó más del 79% de los votos.
Un editorialista resume: "Obama construyó su victoria con una nueva coalición demócrata. A la base partidaria de afro-americanos, latinos y mujeres, Obama agregó los votantes más jóvenes, los más educados y los más ricos" (The Washington Post, 5/11).
El partido republicano -derrotado en las concentraciones que deciden la vida política, económica y social norteamericana- quedó reducido a la categoría de "partido rural". O, como dice el reciente premio Nobel, Paul Krugman, "el partido del odio, los prejuicios y la ignorancia". Pero la preeminencia republicana en las zonas rurales no sólo está mostrando su carácter atrasado y conservador; también refleja la distinta velocidad con que la crisis económica se extiende por el país. Por ahora, las zonas rurales han sido menos golpeadas que las grandes ciudades.

"Transición turbulenta"
En la mañana de la victoria de Obama, los comentaristas de los diarios norteamericanos se preocuparon de algo muy inmediato: la "transición" hasta su asunción.Para Peter Baker (The New York Times, 5/11), "ningún presidente desde que Obama nació llegó a la Oficina Oval enfrentando la acumulación de desafíos sísmicos que lo esperan". Para Dan Balz (The Washington Post, 5/11), "Nunca desde Franklin D. Roosevelt (...) un nuevo presidente se ha enfrentado a los desafíos (...) de históricas proporciones (...) que enfrenta Obama". Otro comentarista, Paul C. Light (ídem) va más lejos al afirmar que "esta transición será la más difícil desde Abraham Lincoln (...) Las próximas seis semanas harán que la transición de Roosevelt parezca, en comparación, menos amenazante". Además de una enorme bancarrota capitalista, Obama enfrenta problemas que Roosevelt no tenía: dos guerras exteriores y un déficit fiscal estimado en un billón de dólares para el próximo año.
La gravedad de los problemas que enfrenta, según los comentaristas, obligará a Obama a comenzar a actuar desde ya. "Mientras Roosevelt rechazó verse envuelto en prescribir remedios económicos entre su elección en 1932 y su asunción, sus asesores dicen que Obama no podrá seguir este ejemplo y mantenerse en silencio hasta el juramento. ‘Los que dicen que hay que esperar y dejar que el proceso se desarrolle los próximos dos meses antes de la inauguración, están dolorosamente equivocados', dice Jack Quinn, un antiguo alto funcionario del gobierno de Clinton. ‘Estamos ante tal descalabro que es absolutamente crítico que (Obama) ponga su mano en el timón de manera clara y firme'..." (The New York Times, 5/11).
Efectivamente, la "transición" será más acusada que en el pasado. Obama ya está discutiendo con los líderes del Congreso un paquete de 100.000 millones en obras públicas, beneficios a los desempleados, asistencia para la calefacción durante el invierno, ayuda alimentaria y ayuda a las ciudades y estados que "sería aprobada en la sesión del 17 de noviembre" (ídem). Al mismo tiempo, "Obama ha estado hablando regularmente con el secretario del Tesoro Paulson (...) y espera trabajar estrechamente con él durante el período intermedio en el cual Paulson debe decidir cómo invertir los 700.000 millones que le dio el Congreso" (ídem).
En todos estos puntos, Obama deberá chocar con la camarilla de Bush, que mantiene el poder ejecutivo. Por otro lado, recuerda el ya mencionado Light, Obama deberá recibir la aprobación del Senado para la designación de sus ministros; aquí "el problema principal" son las presiones de los senadores -tanto demócratas como republicanos- para "obtener concesiones ejecutivas" en favor de sus estados (The Washington Post, 5/11).
Los peligros de la transición no se agotan con la crisis económica, los choques con la Casa Blanca y el Senado, y las "sorpresas" que puedan aparecer en Afganistán, Pakistán o Irak. Los comentaristas agregan "el pasaje de la retórica convocante de la campaña a la realidad de las oficinas de gobierno" y la necesidad de "tomar inmediatamente las decisiones que involucren dolor y sacrificio", según aconseja León Panetta, jefe de presupuesto de Clinton (New York Times, 5/11). El cóctel es explosivo.
En este cuadro, "los discursos de Obama crearon tal fuente de expectativa" que "la transición puede resultar turbulenta", advierte The New York Times (5/11).
En las vísperas de las elecciones, después de reconocer que "votar por él es un riesgo (...) una apuesta dada (su) inexperiencia, su falta de claridad en algunas posiciones y el prospecto de un Congreso estridentemente demócrata", The Economist (30/10) respaldó la candidatura de Obama. En cualquier caso, decía, la alternativa era todavía peor.Obama es la apuesta del gran capital. Pero, como recordaba The Wall Street Journal (2/11) pocas horas antes de las elecciones, "a veces estas apuestas pagan, a veces no".

Importante mesa redonda de debate sobre la crisis mundial, organizada por el Partido Obrero de Junín

Una salida obrera y socialista al derrumbe capitalista

La sociedad asiste a la mayor crisis económica de su historia. El mito kirchnerista de que la Argentina se encontraba inmune frente a la bancarrota capitalista mundial se derrumbó a la par de las bolsas y los bancos. Mientras el gobierno de los Kirchner permite la fuga del país de 23.000 millones de dólares en un año, anota a la Argentina en la baquita internacional para rescatar a los banqueros: ha prometido el pago de la deuda ilegítima con el Club de París y los bonistas. Sin embargo, todos los salvatajes de las últimas semanas fracasaron: ningún Estado del mundo tiene los fondos para rescatar al capital en su conjunto.
Una de las expresiones de la bancarrota es la fabulosa crisis fiscal del Estado. El gobierno se vio obligado a estatizar a las quebradas AFJP para hacer frente a los vencimientos de la deuda hasta fines del 2009. Es decir, que para salvar a los acreedores internacionales, seguirán confiscando a los jubilados, que cada vez están más lejos del 82% móvil.
Esta crisis fiscal se manifiesta particularmente aguda en Junín. El gobierno de Meoni se encuentra paralizado y sale constantemente ha reclamarle a los trabajadores juninenses que paguen con mayor carestía el quebranto de las cuentas municipales. Sin embargo, el intendente oculta que es él el principal responsable del colapso del municipio, ya que ha ofrecido un verdadero paraíso fiscal para las patronales capitalistas de todos los rubros. En vez de establecer impuestos progresivos y elevados a los grandes capitales que se llevan fortunas de la ciudad, Meoni optó por paralizar la obra pública y reducir el gasto social. En este punto, actúa en el mismo sentido que los gobiernos de Scioli y Cristina.
Las patronales del campo y de la industria, con la Mesa de Enlace sojera y la Unión Industrial a la cabeza, pugnan por una mega devaluación del peso. Buscan proteger sus ganancias y descargar la crisis sobre los trabajadores, que veremos desvalorizados nuestros salarios y jubilaciones, así como los presupuestos de educación, salud y vivienda.
Para hacer frente a esta situación, los trabajadores debemos deliberar sobre la crisis y elaborar un programa propio, es decir, construir una alternativa popular al derrumbe capitalista.
En primer lugar, es necesario detener la sangría financiera y concentrar los ahorros nacionales en función de las necesidades populares; es necesario entonces nacionalizar sin pago el sistema bancario y establecer el monopolio estatal del comercio exterior y el control de cambios. En segundo lugar, hay que prohibir los despidos y suspensiones y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario donde haya caído la producción. En tercer lugar, establecer un aumento general de salarios y jubilaciones y reabrir las paritarias, en especial ahora que hay una amenaza hiperinflacionaria. En cuarto lugar, rechazar los impuestazos al pueblo trabajador y diseñar un sistema de impuestos progresivos y elevados al capital. Por último, en oposición a la sumisión de los políticos y del gobierno a los planes de rescate de los acreedores internacionales y de los banqueros, es necesario un congreso económico y político, que deberían convocar la CGT y la CTA, para elaborar un plan de emergencia a cargo de los trabajadores.
Con gran velocidad, la crisis financiera amenaza con transformarse en una crisis social y política sin precedentes. Llamamos a toda la sociedad de Junín a reflexionar sobre el problema y a participar de la mesa redonda de debate, el viernes 31 de octubre a las 19 hs, en el Aula Magna de la UNNOBA, donde se verán expuestas diversas posturas, que recorren gran parte del arco político de la ciudad.

EXIJAMOS LA NACIONALIZACIÓN DE LOS BANCOS

Para responder al ‘golpe de mercado' y a la fuga de capitales

Hasta hace pocos días, el gobierno Kirchner sostenía que su ‘modelo productivo' había blindado a Argentina contra la bancarrota capitalista mundial.
Ahora descubrió dos cosas: que tanto las AFJP como el Estado se encuentran quebrados; y que las AFJP están quebradas porque invirtieron en capitales que han sido arrastrados a la bancarrota.
Las AFJP no pueden honrar el retiro de sus afiliados, porque han aplicado el dinero acumulado en sus cuentas individuales de capitalización a comprar títulos del Estado y acciones privadas que no valen nada.
Por su lado, el gobierno se dio cuenta de que entró en cesación de pagos, y que no tiene los recursos para pagar la deuda externa en lo que falta de 2008 y en 2009.
Ante este desastre recurrió a una medida que nunca pretendió llevar adelante: estatizó las AFJP, porque de todos modos hubiera tenido que poner la plata para pagar el retiro de sus jubilados y, al mismo tiempo, se quedó con los aportes de sus afiliados para pagar la deuda externa, sumándolos a los aportes que realizan los trabajadores a la Anses.
Por medio de esta vía tortuosa, cuyo objetivo es rescatar al capitalismo de su derrumbe, los trabajadores argentinos nos encontramos con la recuperación del sistema jubilatorio para el Estado, luego de un saqueo privatizador de más de una década.
Los bancos dueños de las AFJP se embolsaron, en este período, unos 35.000 millones de dólares, por un lado en concepto de comisiones del orden del 30% sobre los aportes, por el otro como consecuencia de los negociados realizados con sus inversiones.
Millones de trabajadores quedaron cautivos del sistema privado como consecuencia de los lazos de las empresas en que trabajan con los capitalistas de las AFJP.
¡Pero no queremos la estatización para pagar la deuda a los acreedores usureros sino para mejorar la situación de los jubilados, o sea recuperar el 82% móvil!
Para eso es necesario dejar de pagar la deuda usuraria y restablecer los aportes patronales, porque la jubilación no es otra cosa que el salario, que deben pagar los patrones.
Para que el retorno de la previsión social al patrimonio público sirva verdaderamente a los trabajadores, es necesario que lo controlen y gestionen representantes electos de obreros y jubilados -no funcionarios del Estado ni tampoco burócratas sindicales.
Pero la estatización forzada de las AFJP se da en un marco de crisis más general, como lo demuestra la fuga de capitales y el ‘golpe de mercado' que los capitalistas están produciendo en la Bolsa.
Para defender las conquistas populares de esta conspiración es necesario proceder a la nacionalización sin indemnización de los bancos y del comercio exterior, y establecer el control de cambios.
Hay que prohibir las suspensiones y despidos, y establecer el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios.
La estatización de emergencia de las AFJP demuestra que la crisis capitalista mundial desintegra las instituciones propias del capitalismo, y que incluso los Estados capitalistas se ven enfrentados al derrumbe de las finanzas públicas y a la cesación de pagos.
La bancarrota del capital mundial demuestra objetivamente que la sociedad no puede evolucionar en un marco de progreso si no es mediante su sustitución por un gobierno de trabajadores y por una organización internacional socialista.