Carta abierta al pueblo y a los trabajadores de Junín

Estamos asistiendo a un enfrentamiento entre las entidades ruralistas y el gobierno pero en esta pelea hay un gran ausente: las necesidades del pueblo, las necesidades de los trabajadores.
Por un lado, el gobierno subió las retenciones para “redistribuir la riqueza”. ¿Nos quieren seguir metiendo el perro? ¿A donde han ido a parar la cuantiosa recaudación, incluidas, las retenciones, hasta ahora? El “superávit fiscal” no lo vemos en las escuelas: los alumnos, padres y docentes de la escuela 18 se tuvieron que movilizar para conseguir un lugar para funcionar que aún es provisorio. No lo vemos en los hospitales, cuyos médicos luchan contra los despidos, por los insumos, por la falta de personal y por el salario. No la vemos en la vivienda. Luego de tanta propaganda oficial, el Plan Federal esta detenido, no hay planes de vivienda sociales y crece el déficit habitacional.

Del otro lado, tenemos a los ruralistas.

Nos dicen que “si le va bien al campo nos va bien a todos”. Esta bonanza ha permitido a los productores capitalistas del campo amasar cuantiosas ganancias. Los primeros en las lista son los Grobocopatel, los Cresud, los Cargill, las grandes corporaciones que han adquirido tierras o las alquilan. Estos sectores se han convertido en los nuevos dueños de Junín. Entre los beneficiados están los contratistas y esta cadena concluye en su eslabón final con los medianos y pequeños productores, gran parte de los cuales han alquilado sus tierras a precios siderales.

¿Pero podemos decir lo mismo los trabajadores de la ciudad y el campo de Junín? La bonanza no la ve el trabajador rural, que continua trabajando bajo la forma del Estatuto de Peón Rural, que se arrastra desde la época de la dictadura o directamente en negro y que están ganando sueldos entre 900 y 1000 pesos. Los ruralistas se quejan de las retenciones móviles cuando se tratan de sus ganancias pero no aplican la misma vara respecto a los trabajadores que contratan. Los precios suben y los salarios se mantienen rezagados. Le aplican un sistema de retenciones móviles al salario.

Los frigoríficos explotan a los obreros de la carne sin piedad. Ganan millonadas, pagan miseria. Cuando hay problemas con la faena como ahora, pagan los trabajadores con amenazas de suspensiones, o el no pago de la garantía horaria. Los trabajadores reclaman un aumento del 30%, y la patronal que se llenó los bolsillos quiere dar el 20 en cuotas.

La tecnificación del campo ha ido de la mano de la superexplotación. El desplazamiento de mano de obra tiene como contrapartida que la pequeña dotación de trabajadores que aun queda en las explotaciones sea sometida a jornadas extenuantes y al trabajo insalubre al estar en contacto permanente con agroquímicos y herbecidas.

Los trabajadores de la ciudad también somos el pato de la boda de este enfrentamiento por la renta agraria que ha potenciado la carestía. Junín está recorrida por reclamos salariales: empezando por los trabajadores municipales a los que el radical-K Meoni paga un básico de $520. El Intendente llega al colmo cuando plantea que sólo con una suba de las tasas estaría en condiciones de otorgar un aumento salarial miserable. ¡Por qué no le mete la mano en el bolsillo al capital agrario e industrial radicado en la zona!

El gobierno dice que aplica las retenciones para “redistribuir la riqueza”, pero los judiciales, los trabajadores hospitalarios, los docentes cobran sueldos de hambre. La inflación que está disparada pero el salario está “retenido”.

Las consecuencias del boom agrícola bajo la batuta de los Cargill, Cresud, Grobocopatel y la especulación financiera con los alimentos es la presencia de agroquímicos en el suelo y en el aire que potencian enfermedades de la piel y el cáncer. ¡Pero eso no le importa ni al gobierno, ni a Meoni, ni a los ruralistas!

El gobierno, se acuerda, ahora de los “privilegios del campo”. ¿Pero no ha sido, acaso el matrimonio Kirchner quien ha presentado a Grobocopatel como el "modelo" a seguir?

Nadie paga el impuesto inmobiliario rural acorde al verdadero precio de la tierra (la base de cálculo del impuesto está subvaluada y llega a ser 70 veces inferior a su cotización de mercado).

Alrededor del 40% de la comercialización de granos y de carne entre el productor y el acopiador se hace en negro, con pago al contado y fuera del circuito institucional.

Llamamiento

Llamamos la atención sobre la naturaleza de esta disputa. Estamos en presencia de una pelea por el botín entre dos sectores capitalistas. Mientras tanto, el pueblo se queda sin vivienda, con carestía y bajos salarios.

El conflicto actual está dejando como consecuencia una nueva escalada inflacionaria en la que interviene en partes iguales los ruralistas que acumulan sus cosechas y su carne a la espera de que se mejoren sus condiciones de comercialización interna y externa, los acopiadores y los supermercadistas que aprovechan el desabastecimiento para descargar la andanada de aumentos sobre los consumidores. El gobierno se apresta a convalidar todo esto liberando las exportaciones de carnes y lácteos.

Frente a esta situación, llamamos a hacer oír nuestra voz, hacer emerger una tercera posición, la que represente al pueblo, a los trabajadores de la ciudad y el campo.

El Partido Obrero de Junín pone a consideración el siguiente programa, que inscribimos en la lucha por una salida obrera a la crisis actual.

Planteamos:

Anulación de Estatuto del Peón Rural videliano. Por convenciones colectivas de trabajo, con paritarios elegidos en asamblea que establezcan el básico acorde a la canasta familiar, ajustable de acuerdo al costo de vida, que de carácter insalubre a las tareas de contacto con agroquímicos.
Por bolsa de trabajo controlada por los trabajadores. Prohibición del trabajo en negro. Jornada de 8 horas.
Aumento salarial de emergencia para los trabajadores municipales. No al aumento de las tasas.
Aumento del 30% como reclaman los obreros de la carne. Garantía horaria del 100% a cargo de la patronal.
Comisiones de control integradas por trabajadores y asambleas de vecinos en torno al uso del agua y de los agroquímicos.
Impuesto progresivo a las grandes fortunas y empresas: pulpos exportadores, supermercados y agroindustria.
Aumento del impuesto inmobiliario rural acorde al valor de mercado.
Plan de viviendas estatal y urbanización para solucionar el déficit habitacional.
Nacionalización de los pulpos, las grandes explotaciones agrarias y el comercio exterior.
Asamblea popular con representantes electos para discutir un plan de reorganización de la localidad, que privilegie las necesidades populares y la defensa del medio ambiente. Un plan de estas características permitirá avanzar en un uso racional y armónico de la tierra y aprovechar los recursos que ésta genera para encarar una industrialización del distrito.