Todos los gobiernos han echado mano a los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) para financiar el déficit de la cuenta provincial. Scioli quiere emitir un bono para -dice- transparentar la transferencia. Ocurre que las finanzas provinciales están en rojo. Estamos frente a una virtual cesación de pagos. La deuda pública provincial asciende a 12 mil millones, es decir que ha superado los niveles que alcanzó durante la bancarrota de 2001 y 2002.
No tiene nada de exagerado decir que estamos en presencia de bonos basura, que nacen devaluados; si el IPS tuviera necesidad de fondos, deberá desprenderse de estos títulos, lo cual acentuará su desvalorización. Se repite lo que ya viene sucediendo con los fondos de jubilación privada. En lugar de seguridad social, estamos en presencia de un sistema que condena a la inseguridad a todos los trabajadores. Si tenemos presente el actual cuadro de crisis y bancarrota capitalista internacional, resulta obvio que la masa de recursos dirigida a financiar a los jubilados está destinada a convertirse en un fondo de pérdidas para rescatar al capital en quiebra.
Este panorama pone a la orden del día la necesidad de la intervención directa de los trabajadores. La preservación del valor de los recursos acumulados plantea, en primer lugar, el control de los trabajadores.
La cuestión de la inversión de esos fondos debe ser objeto de una deliberación colectiva y es inseparable de una discusión social de conjunto. El excedente de las cajas debería integrarse a un plan de transformación integral de la provincia y del país, pero sobre nuevas bases sociales. El superávit del IPS y de la Anses pasarían a formar parte de un fondo de inversión al servicio de un plan económico independiente, dirigido a atender las necesidades populares y cuya ejecución debería ponerse en marcha por medio de la gestión y control de los trabajadores.
No tiene nada de exagerado decir que estamos en presencia de bonos basura, que nacen devaluados; si el IPS tuviera necesidad de fondos, deberá desprenderse de estos títulos, lo cual acentuará su desvalorización. Se repite lo que ya viene sucediendo con los fondos de jubilación privada. En lugar de seguridad social, estamos en presencia de un sistema que condena a la inseguridad a todos los trabajadores. Si tenemos presente el actual cuadro de crisis y bancarrota capitalista internacional, resulta obvio que la masa de recursos dirigida a financiar a los jubilados está destinada a convertirse en un fondo de pérdidas para rescatar al capital en quiebra.
Este panorama pone a la orden del día la necesidad de la intervención directa de los trabajadores. La preservación del valor de los recursos acumulados plantea, en primer lugar, el control de los trabajadores.
La cuestión de la inversión de esos fondos debe ser objeto de una deliberación colectiva y es inseparable de una discusión social de conjunto. El excedente de las cajas debería integrarse a un plan de transformación integral de la provincia y del país, pero sobre nuevas bases sociales. El superávit del IPS y de la Anses pasarían a formar parte de un fondo de inversión al servicio de un plan económico independiente, dirigido a atender las necesidades populares y cuya ejecución debería ponerse en marcha por medio de la gestión y control de los trabajadores.
