BICENTENARIO, EL NUESTRO Y EL DE ELLOS

Los tenedores de bonos argentinos deben reposar tranquilos. (...). Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed, para responder a los compromisos en los mercados extranjeros.”

La frase corresponde a Nicolás Avellaneda, cuando en 1877, en plena crisis, juró pagar la deuda externa.

Es lo que, 130 años después, están haciendo los K al hipotecar las reservas internacionales de Argentina, luego de haber hipotecado la Anses.

“La República puede estar dividida hondamente en partidos internos; pero no tiene sino un honor y un crédito”, agregó Avellaneda. También hoy existen “hondas divisiones” entre los partidos del régimen. Pero, como entonces, todos coinciden en “honrar la deuda” contraída por genocidas y menemistas.

Pero durante esa gran crisis de 1877 se produjo la primera huelga de un sindicato obrero, el de los tipógrafos, contra las tentativas de reducción del salario.

En mayo de 1910, una gigantesca huelga y manifestaciones obreras le mostraron al mundo el “otro” centenario, el de los trabajadores que se organizaban contra la explotación y la miseria social.

También hoy tenemos otro “bicentenario”. Está presente en las luchas de los metalúrgicos, los docentes, los trabajadores de Kraft o de la Bosch, en la movilización piquetera.

La autonomía nacional y las conquistas obreras son incompatibles con los partidos “del bicentenario”, que gobiernan para “honrar” a los usureros internacionales. Son incompatibles, también, con sus agentes en los sindicatos.

Por eso lucha el Subte, por eso está en pie el Suteba La Plata o los jóvenes delegados de Coto, apaleados por el matonaje burocrático.

En otras crisis de estos doscientos años, los explotadores se las arreglaron para imponernos una salida de acuerdo a sus intereses.

En la gran crisis capitalista que confluye con este bicentenario, luchemos por una salida obrera y socialista, una salida de los que construyen la riqueza nacional.

KIRCHNER ESTA EN BABIA / ¿O SE HACE EL GIL?

Que prohíba los despidos y las suspensiones

El martes pasado, Kirchner amenazó, como si fuera Presidente, que "no toquen ningún empleo".
Pero es lo que está ocurriendo todos los días.
En la industria automotriz, las suspensiones se convertirán en despidos a partir de marzo, incluso para los efectivos.
Es lo que ocurre en Paraná Metal, donde la rotación de 700 trabajadores con dotaciones promedio de 70 obreros, da un promedio de tres días de trabajo por operario.
En Siderar, Techint propone repartir las horas de trabajo con la correspondiente reducción de los salarios.
Si esa reducción del sueldo es, digamos, del 30 por ciento, ello equivale al desempleo de un tercio del personal.
Por otro lado, bajo la presión de los despidos, el gobierno K está insinuando que las paritarias dejen de lado la discusión salarial; es lo que el pingüino Peralta está tratando de imponer en Santa Cruz.
Los capitalistas, mientras tanto, ganan un dineral: el reciente canje de préstamos garantizados provocó una suba de los bonos del 25 por ciento en tres días.
Clarín dice que "en los despachos oficiales se discute un acuerdo con el FMI" (1/2).
Pero un acuerdo con el FMI significará el congelamiento de los salarios y un super-tarifazo, y como consecuencia más crisis y despidos.
¿"Que no toquen ningún empleo?" Las pelotas, vienen por más.
Carrió, Macri, Solá y Binner se han puesto de acuerdo para impulsar la mega devaluación del peso y el acuerdo con el FMI.
En lugar de ir a España con la Presidenta, para arreglar con Marsans y con Telefónica, Moyano hubiera debido quedarse en Argentina y convocar a un Congreso de delegados de la CGT.
Lo mismo deberían hacer Yasky y De Gennaro -de la CTA.
En ese congreso los trabajadores podríamos decidir vetar cualquier suspensión o despido, reclamar el reparto de las horas de trabajo al cien por cien del salario, y votar la ocupación de toda empresa que no acate estas resoluciones.
Podríamos ofrecer un plan contra la crisis capitalista que no vacíe la Anses (como está ocurriendo), ni financie con la plata de los jubilados a Minetti y a Cargill.
Un plan que nacionalice los bancos y el comercio exterior y que canalice el ahorro nacional hacia un plan de obras públicas e industrialización, bajo el control de los trabajadores, y de atención de la vivienda, la salud y la educación.
No nos dejemos atropellar.
Que las comisiones internas, los sindicatos y las centrales sindicales impulsen un plan de lucha para imponer en los hechos la completa prohibición de los despidos y de las suspensiones.

Suspensiones, despidos, tarifazo…. Ahora el FMI

Clarín del miércoles 4 le dio cuatro páginas a la noticia de que Solá pactaría con Macri y de Narváez una lista para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero su conclusión fue decepcionante; según Eduardo van der Kooy, "fragmenta a la oposición". Aparentemente, el ‘lobby' de Magnetto no se conformaría con un triple empate en el distrito (Carrió, Solá, Kirchner) -un resultado que, sin embargo, no debería ser visto como ‘anormal' en una elección de renovación parlamentaria. Clarín quiere, aparentemente, un resultado por nocaut, que debería ser -dice- "producto de la polarización". En la Capital, Carrió ya ha levantado las objeciones a un acuerdo con Macri. La ‘transparencia republicana' está al servicio de cualquier cosa -en especial de una alianza con privatizadores y enemigos de los derechos sociales. Una alianza de este tipo en la Ciudad y en la Provincia sería, sin embargo, algo más que un acuerdo electoral: equivaldría a un gobierno en espera. "La orden de que la oposición se una, informa Crítica (25/1), partió a fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el selecto club que integran los jefes de las mayores firmas del país". Una conspiración en regla.
Clarín, de nuevo, ha puesto en marcha una campaña para que Kirchner busque un acuerdo con el FMI, a sabiendas de que el gabinete se encuentra dividido sobre la cuestión. Massa y Boudou, fogoneados por Alberto Fernández, son partidarios del acuerdo. La Nación dice que sería un pacto con "el FMI de Obama" (¡qué tranquilidad!), y conforma al gobierno con la observación de que gran parte de la tarea ya estaría hecha, porque las minidevaluaciones del peso ya han producido una gran devaluación del 15 por ciento en seis meses. El domingo pasado, Clarín se jugó con todo en un editorial: "Es necesario considerar con realismo y sin anteojeras ideológicas, la posibilidad, QUE YA SE ANALIZA EN DESPACHOS OFICIALES, de volver a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". Es casi un ultimátum, que viene acompañado con el planteo de que "la oposición... tiene un papel decisivo a cumplir". "Siempre se puede maquillar el viraje", se alegra el privatizador Miguel Kiguel, quien de paso advierte "que ahora se trata del ‘Fondo de Obama', y no el de Bush" (La Nación, 25/1). La burguesía argentina no quiere el financiamiento de la Anses sino el del FMI.
Los ajetreos por las elecciones parlamentarias de octubre esconden, por lo que se ve, otras intenciones, pues un acuerdo con el FMI sería esencialmente un pacto para devaluar, ‘recomponer' tarifas (que dejarían chiquito el tarifazo reciente) y congelar salarios. La UIA ya ha recomendado a sus socios no mentar el tema salarial hasta marzo (dejar que Moyano hable solo), para cuando prevé que estará definida la decisión de traer de nuevo al FMI. Pero semejante acuerdo con el Fondo cambiaría todas las relaciones de fuerza actuales, y precipitaría un cambio en el gobierno o el cambio de gobierno. La oposición patronal tiene un ojo puesto en esta perspectiva.
En esta misma línea hay que entender el pronunciamiento concertado de Schiaretti y Binner, por un lado, y de la Coalición Cívica y la UCR, por el otro, para que el gobierno suspenda las retenciones a las exportaciones de soja y libere el resto de las exportaciones agropecuarias. Lo hacen a sabiendas de que ello provocaría un colapso fiscal, y sin importarles que sirva como premio a los capitalistas que tienen retenidas o acaparadas ocho millones de toneladas de soja. Una derogación de las retenciones es, por lo tanto, inviable - lo que están reclamando es una devaluación lisa y llana que compense a los sojeros por las retenciones.
El gobierno ‘resiste' a estas presiones con concesiones crecientes a los capitalistas. Por un lado sigue devaluando, por el otro renegocia la deuda pública pagando un mayor costo en concepto de intereses. Está desvalijando a la Anses para financiar a pulpos como la cementera Minetti, y ha abierto una línea de créditos a las exportadoras de cereales. El Ministerio de Trabajo, por su parte, avala los despidos y suspensiones, como está ocurriendo en la industria automotriz de Córdoba y en Villa Constitución y Rosario; ataca al cuerpo de delegados del Subte y rechaza los reclamos de los trabajadores de la vaciada Indugraf. Está planteando que las paritarias no se convoquen o que no discutan salarios. Ha producido un tarifazo para que las empresas de servicios paguen sus deudas con el exterior, o sea que siga la fuga de capitales. Se prepara para alcanzar un acuerdo con los bonistas que no entraron en el canje de deuda de 2004, y para pagar al Club de París la deuda fraudulenta estatizada por Cavallo y por Alfonsín. Sostiene que, de este modo, neutraliza la presión para ir al FMI, cuando en realidad está preparando las condiciones para ello, mientras cumple la función de descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores.
El tema es muy simple: los países periféricos están sufriendo un enorme drenaje de dinero porque los capitalistas internacionales necesitan saldar deudas que la crisis impide refinanciar, y porque otros capitalistas, que saben de esto, están especulando a la devaluación de las monedas. Esto se percibe con claridad en Rusia, donde las mini-devaluaciones han fracasado para contener la crisis: el rublo se ha devaluado un 35 por ciento y está a punto de quebrarse por completo. Putin enfrenta una crisis extrema. Lo mismo ocurre en todos los países del Báltico y de Europa oriental, y algo similar afecta a Brasil. Aunque el gobierno junte las monedas para pagar la deuda, no puede frenar el proceso de la crisis capitalista ni el derrumbe financiero de las periferias. Incluso Gran Bretaña se encuentra al borde de la cesación de pagos y discute el recurso al FMI. Es necesario advertir, sin embargo, que el Fondo no tiene condiciones para proteger a ninguna nación de la debacle financiera.
Es necesario enfrentar simultáneamente la política de tarifazos y despidos del gobierno, el vaciamiento del Indec y la política de congelar salarios, la complicidad con la fuga de capitales, por un lado, y la conspiración de la oposición de centro-derecha-izquierda y de todo el arco sojero, para responder a la crisis con un acuerdo con el FMI.
La iniciativa política del gobierno, a partir de la reestatización de las AFJP, ha menguado y vuelve a pasar a la oposición sojera y fondomonetarista, que se apresta a cortar rutas y a impulsar una mayor salida de capitales. Los trabajadores se encuentran aprisionados en el callejón sin salida del gobierno, por la responsabilidad de la CGT y de la CTA y de todo el piquetruchismo y progresismo kirchneristas, que creen que con esta política llegan a octubre y que encima pueden empatar las elecciones.
Tenemos que poner el centro en la lucha contra los despidos y suspensiones, y contra el tarifazo, y por la defensa de las paritarias y los aumentos salariales, y sobre esta base exigir a la CGT y a la CTA un plan de lucha. Asimismo, denunciar que la política del gobierno descarga la crisis capitalista sobre los trabajadores y que junto con la oposición busca crear las condiciones para una entrega al FMI. De este modo, los trabajadores podremos desarrollar una iniciativa política frente a la crisis y la posibilidad de la lucha por un gobierno de trabajadores.

Gaza sigue cercada

A dos semanas del 'cese del fuego'

A dos semanas del ‘cese del fuego', la Franja de Gaza sigue bloqueada, lo que significa que continúa sometida a una acción de guerra, como lo estaba incluso antes de la masacre reciente. Los pasos continúan cerrados; Israel y Egipto sólo permiten el ingreso de medicamentos y de algunos artículos de primera necesidad.
La población está bajo el sitio del hambre y del frío. No tienen casas a las cuales regresar porque han sido destruidas por los bombardeos; 15.000 familias están obligadas a seguir viviendo en refugios. Israel y Egipto impiden el ingreso de materiales de construcción, por lo que las viviendas no pueden ser reparadas. "Israel no está dispuesta a permitir una reconstrucción rápida de Gaza porque eso podría beneficiar a Hamas" (Financial Times, 28/1).
El cerco no sólo es económico. En el curso de la semana, la aviación israelí lanzó varias "operaciones de represalia" contra los túneles a través de los cuales los palestinos contrabandean hacia Gaza las mercancías que no les permiten ingresar por los pasos fronterizos. Las amenazas israelíes son brutales: Olmert anunció otras "respuestas desproporcionadas".
Sin embargo, existe una negociación indirecta entre Hamas e Israel, en Egipto, con la intermediación del jefe de los servicios secretos locales (El País, 26/1). Hamas reclama la apertura de los puestos fronterizos para que entren alimentos, medicinas, y materiales de construcción.
Israel se vale de las necesidades de que se levante el cerco para imponer el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza. Con la excusa de controlar la reapertura de los pasos, Israel (y Egipto) quieren forzar a Hamas a aceptar la presencia de guardias fronterizos que respondan a Abbas. Israel vuelve a usar el cerco sobre Gaza para poner en la Franja una autoridad títere (valga la contradicción).
El ‘enviado especial'
Israel ‘recibió' al ‘enviado especial' de Obama al Medio Oriente, George Mitchell, bombardeando otra vez Gaza.
La designación de Mitchell despierta inquietud en Israel. Se teme que reclame el congelamiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania, como lo hizo en 2001 en una misión similar. Esos asentamientos están construidos en tierras robadas a los palestinos; lo acaba de confirmar un informe del propio Ministerio de Defensa, ocultado por el gobierno y revelado recientemente por el diario israelí Haaretz. Según el informe, "30 colonias se ampliaron sobre las fincas robadas en Cisjordania" (El País, 2/2). El Ministerio de Defensa, dice el informe, "documentó un robo de tierras que sirvió para la expansión de más de 30 asentamientos" y que "en 90 de los 120 asentamientos (existentes en Cisjordania), los edificios se alzaron en contra de los permisos concedidos o en ausencia de ellos, aunque era el Ministerio de Vivienda el responsable de la construcción" (ídem). Benjamin Netanyahu prometió extender esos asentamientos si gana las elecciones. El ultraderechista Avigdor Lieberman anticipó que "Mitchell no tiene posibilidades de éxito" (Haaretz, 28/1).
Elecciones
En este cuadro, Israel irá a las urnas el 10 de febrero. Barak y Livni no lograron convertir la masacre de Gaza en votos. Netanyahu (Likud) aumentó su ventaja sobre ambos con el argumento de que el gobierno se había retirado de Gaza "sin completar la tarea" de derrocar al gobierno de Hamas. Además, creció fuertemente Lieberman, que podría desplazar al laborismo al cuarto lugar por primera vez en su historia (Corriere della Sera, 2/2). Lieberman reclama la expulsión de los ciudadanos israelíes de origen palestino "que no muestren fidelidad al Estado" (ídem), o sea la ‘limpieza étnica' del 20% de la población del Estado de Israel.
Hay una marcada fragmentación del electorado, lo que lo obligaría a formar una coalición, posiblemente, una versión del gobierno actual. Obama está en una encrucijada: para reforzar la guerra en Afganistán (como pretende) necesita 'paz' en Medio Oriente.
El príncipe saudita Turki al-Faisal, un hombre que fue jefe de los servicios de inteligencia del reino y, más tarde, embajador en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, acaba de recordar que "el nuevo presidente tiene sólo un tiempo limitado para actuar".

Cristina promulga ley que asocia a Argentina a la industria militar israelí durante la masacre de Gaza

Con el voto de Lozano y Macaluse

El 5 de enero, mientras las bombas caían sobre Gaza, Cristina Kirchner se apresuró a promulgar la ley 26.437 que aprueba el "acuerdo de cooperación bilateral para la investigación y desarrollo industrial en el sector privado", firmado con Israel en noviembre de 2006. Dadas las circunstancias, el decreto gubernamental constituyó el más rotundo apoyo a la masacre en curso por parte de gobierno alguno en el mundo.
El acuerdo fomenta la "cooperación" de empresas privadas, organismos estatales y "otras entidades" para impulsar "la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico" con vistas a desarrollar "nuevos procesos o servicios a comercializarse en el mercado global".El artículo VI da una pauta de las actividades que serán promovidas a partir del acuerdo. El punto 1 establece que "los resultados obtenidos de los programas cooperativos" serán secretos y no podrán ser puestos en conocimiento de "una tercera persona, organización u otro país o Estado" sin la aprobación escrita de la otra parte. El punto 2 agrega que estarán "sujetos a confidencialidad (...) la información y los documentos relacionados a este Acuerdo". Es decir que también será secreto el carácter de las investigaciones y hasta las empresas y organizaciones estatales intervinientes.
El "secreto de Estado" que cubre toda la operatoria del acuerdo - desde las empresas intervinientes a los resultados obtenidos- indica que se trata de un emprendimiento dirigido a la investigación y desarrollo en el campo de la industria militar y de seguridad. O sea de la guerra. Israel no es sólo uno de los mayores productores y exportadores mundiales en el ramo; el conjunto de su investigación y desarrollo industrial se realiza bajo la tutela del ejército. Según informa el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en 1999, el "80 por ciento de sus exportaciones contenían elementos de alta tecnología (...) los avances tecnológicos elaborados para el ejército han sido adaptados para el sector civil" (http://www.mfa.gov.il/).
Los Kirchner han asociado a la Argentina al complejo industrial-militar de Israel y hasta se comprometieron a financiarlo (artículo 1.d). Para nadie es un secreto la integración entre este complejo industrial-militar israelí y el de los Estados Unidos.
Además de comprometer el financiamiento público del complejo militar de Israel, los Kirchner ponen a su disposición a las universidades públicas (que en el acuerdo entran bajo el título de "otras entidades"). Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, declaró hace poco que "tomamos muy en cuenta a la hora de decidir nuestras políticas de Estado (...) el modelo que tienen (en Israel) de gestión privada de los conocimientos producidos en la universidad..." (Agencia Judía de Noticias, 25/11/08).
El acuerdo constituye un respaldo político a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Israel domina y des-organiza la vida económica de los territorios ocupados, que a todos los efectos prácticos son simples extensiones del "espacio económico" israelí. Esto vale para Gaza cercada y también para Cisjordania. Los territorios palestinos no tienen moneda propia: se valen del shekel israelí, que en última instancia sólo puede ser gastado en Israel. La Presidenta se apresuró a promulgar un acuerdo secreto y militarista con un Estado que impulsa la ‘limpieza étnica' de los árabes de Palestina.
El acuerdo en cuestión fue convertido en ley por la unanimidad en ambas cámaras; ni los diputados ni los senadores tocaron una sola coma del proyecto oficial o presentaron alguna observación. Nadie, en ninguna de las dos cámaras, objetó este engendro.
Más precisamente, el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados informa que los diputados Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad) votaron "afirmativamente" por el proyecto; también los representantes del PS. A este crimen político se debe asociar al Partido Comunista, cuyos dirigentes se reparten entre el Partido por la Victoria, la Coalición Plural y Proyecto Sur. Esperamos a ver qué hace el MST: si el afán de conseguir una candidatura en el bloque de Solanas-Lozano le hace callar este crimen político.

La rebelión contra el tarifazo crece

Cortes y marcha a Plaza de Mayo

Una asamblea en Tigre de 500 vecinos, muchos de ellos representantes de asambleas barriales resolvió, el sábado 30, la organización de tres cortes en la Panamericana para el martes 3 de febrero y proponer a otras organizaciones, formadas al calor de los reclamos por los aumentos de luz, una marcha a Plaza de Mayo por la anulación del aumento de tarifas.
Según el gobierno y las empresas, "no aumentamos la luz para todos, eliminamos los subsidios para los usuarios de grandes consumos" (De Vido, Clarín, 1/2). El ministro de Planificación ha apelado el fallo judicial que impide que las empresas distribuidoras de electricidad suspendan el servicio a quienes no paguen el aumento de los últimos meses. Las empresas, en solicitada publicada el domingo 31, han reafirmado el aumento ofreciendo atender las "excepciones" de aquellos usuarios que carezcan de agua potable o gas natural en red, electro dependientes o de múltiples hogares con un solo medidor. Como cada una de las excepciones está sujeta a la inspección y aprobación de la distribuidora, el vecino queda como rehén de la empresa y la nueva tarifa queda en pie.
Cuando el ministro anunció el aumento del servicio eléctrico afirmó que no alcanzaría a más del 8% de los usuarios residenciales, 500 mil hogares. Sin embargo, "se comprobó que se trata de un tarifazo que alcanzó a más de un millón de hogares en el área metropolitana" (La Capital, Mar del Plata, 21/1). Además, los usuarios están dejando de recibir los premios por menor consumo dispuestos por el Puré (Programa de uso racional de la energía).
Esta batalla es decisiva para el gobierno, por los aumentos que vienen. A los de los servicios de luz, transporte público e inmobiliario urbano, se sumará el del gas (entre el 9 y el 84%, según los anuncios) y el del agua.Una batalla política
Cuando comenzaron a llegar las facturas de la luz con un aumento promedio del 400 por ciento, empezó una rebelión en el GBA y La Plata, que se extendió como reguero de pólvora (Tigre, San Fernando, Pilar, La Matanza, Vicente López, Lanús, Malvinas). En todos lados el método es el mismo: asambleas en los barrios, en la mayoría de los casos autoconvocadas, exigiendo la derogación inmediata de los aumentos. El viernes 23 de enero, más de 300 vecinos se movilizaron ante las puertas de la Quinta de Olivos - rodeados por un extraordinario despliegue represivo- exigiendo la inmediata derogación de los aumentos.
Las Asambleas Populares votaron el corte de la avenida Pavón, en Lanús, las que votaron movilizarse a la intendencia de San Fernando y de Tigre, las que decidieron organizar una movilización a la Quinta de Olivos (idea que fue tomada por la asamblea de Vicente López para concentrarse "todos" los viernes allí), las que votaron un corte de la Panamericana a la altura de Pilar... El surgimiento de las asambleas ha puesto en tensión al aparato de los punteros en los barrios y ha derrotado sus propuestas de negociación.
No está en los planes del gobierno dar marcha atrás con el aumento.
Programa
Los avisos periodísticos que señalaban que la luz no sería cortada, a partir del fallo de la Justicia, produjeron cierta tranquilidad, pero se trata de tiempo pasado.
Debemos defender con uñas y dientes el programa de las asambleas, que consta de un solo punto: No al tarifazo. Derogación de los aumentos.
Las asambleas de la Zona Norte han votado:
Ante cualquier llamado (por parte de las empresas o del gobierno) a negociar, debe participar el conjunto de los vecinos movilizados.
La gran tarea es reforzar la formación de asambleas barriales, que voten un plan de lucha. ¡Asambleas en todos los barrios!
Organizar movilizaciones sobre Edenor, Edesur, Edelap y sobre los municipios y centros políticos.
Llevar adelante la coordinación de las distintas asambleas del conjunto del GBA y preparar una gran movilización sobre el poder político.

Otra guerra del cerdo: el secuestro de Leonardo Bergara

"¿Vos podés pensar que estos giles, que son sólo vigilantes, pueden armar algo así? Acá hay logística, hay un mensaje fuerte", dice un comisario retirado acerca del secuestro de Leonardo Bergara (Crítica, 26/1).
Como para darle la razón al infidente, el lunes 2 fue detenido el jefe distrital de Berazategui, comisionado Roque Luján, lo cual abre formalmente una crisis institucional en la Bonaerense y en el gobierno de la provincia.
La fiscal del caso, Silvia Cavallo, declaró: "La pista más firme que tengo es que se trató de una banda de policías, de eso no tengo dudas". No podría tenerlas porque, según indica ella misma, "lo más grave es que la misma policía admite todo. Una de las sospechas, por ejemplo, es que hay una cuestión de celos porque ese distrito de Berazategui hizo grandes procedimientos de drogas y alguien quería cobrárselos. Pero ésa es una de las posibles razones. Otras hipótesis llegan más arriba, porque esto ensucia al gobierno provincial" (ídem).
Marcelo Saín, jefe de la policía aeronáutica y represor experto, conocedor de la Bonaerense desde adentro, no ha dudado en atribuir el secuestro a la acción de sectores de la derecha peronista en combinación con franjas de la Bonaerense que querrían desplazar de la jefatura a Daniel Salgado, forzar la renuncia del ministro Carlos Stornelli y arrancar más concesiones al gobernador Daniel Scioli.
Otro ex comisario tiene una certeza: "Es la Bonaerense. Le están abriendo (al gobernador) el grifo de criminalidad y diciéndole: ‘Mirá, Scioli, necesitamos recomponer la vieja estructura de la época de Pedro Klodzyck'..." (ídem).
No es poca cosa.
Klodzyck era, según Eduardo Duhalde, "el mejor jefe de la mejor policía del mundo", hasta que a partir del asesinato de José Luis Cabezas quedó a la vista de todos que era el jefe de una banda armada, la peor, la más peligrosa.
Si las cosas son como dice Saín, tendríamos otra operación político mafiosa por parte de alguna franja de la vieja asociación delictuosa de policías, intendentes y punteros. Una banda que tiene operadores visibles en los promotores de la "mano dura", en los que pretenden reforzar y dar mayores atribuciones a la policía; es decir, al núcleo más concentrado del delito y de la inseguridad.
Preguntado por la arista política del caso, Scioli optó por hacerse el desentendido: "Tenemos que actuar con responsabilidad... Tampoco podemos generalizar".
Los cambios que han hecho él y Stornelli en la Bonaerense son una contrarreforma en regla, después del fracaso ruidoso de la "reforma" promovida por León Arslanián. Cuando dice que no detendrá "el proceso de cambio" (Clarín, 27/1), Scioli trata de calmar a la Bonaerense, con lo cual demuestra que no sólo es un político reaccionario; además, es un gobernante impotente.
Para demostrarlo, véase su postura acerca de posibles cambios en la cúpula policial después de este escándalo: "No es el momento", dice. Scioli y Stornelli aguardan a que la lucha interna en la policía resuelva el asunto...
Los cuatro de copas
Los "giles", los "vigilantes" que tienen presos, como sucede casi siempre cuando de la policía se trata, son "perejiles" que apenas podrían haber cumplido algún papel auxiliar de tercera o cuarta línea en un delito complejo como el secuestro de Bergara. Hasta es posible que los detenidos no estén involucrados directamente en el secuestro aunque sí en otros delitos, y que los policías secuestradores, por medio de ellos, le pasen facturas a otra banda policial.
El secuestro ocurrió en jurisdicción de la Departamental Quilmes. Todos los policías detenidos son de esa zona. El jefe de la Departamental, comisionado Adrián Cisterna, es miembro del círculo de allegados del jefe Salcedo. El único oficial superior involucrado en el secuestro, el capitán Juan Vicente Cardozo, es hombre de vínculos muy aceitados con la cúpula.
Cardozo fue dejado en libertad por "falta de méritos". Con él y con otro de los policías presos, el teniente Víctor Vega (en su casa aparecieron seis kilos de marihuana), se cometió una irregularidad inaudita, que permite entrever el meollo de la Bonaerense y de la corrupción judicial.
Cardozo quedó involucrado porque su teléfono celular recibió llamadas de uno de los teléfonos usados para negociar el rescate de Bergara. El oficial le apuntó a Vega: dijo que el celular lo tenía su subordinado, algo que sus defensores rechazaron de plano.
El poder judicial permitió que la Bonaerense trasladara juntos a un juzgado federal a Cardozo y a Vega, en contacto directo entre sí, lo cual constituye una aberración procesal: "Alguna versión sostuvo que Vega salió de ese traslado pálido, y en ese momento pidió cambio de sus abogados particulares" (Página/12, 26/1). Desde entonces, Vega aceptó que tenía el celular: "Yo me hago cargo de todo", dijo. Dicho sin vueltas: en ese viaje recibió de su superior una apretada que no pudo resistir.
Así, mediante un hecho que obligaría a anular todo lo que siguió, quedó en libertad el único de los involucrados que no es un cuatro sino un tres de copas, y que podía ofrecer una aproximación a las cartas bravas.
Otra vez, las internas mafiosas y las operaciones políticas de la Bonaerense prometen producir una crisis política.

Obama: de Irak a Afganistán

Una de las primeras actividades de Obama como presidente fue reunirse con los jefes del Pentágono para organizar una "salida responsable" de Irak.
El embajador nortemericano en Bagdad, sin embargo, consideró oportuno advertir contra cualquier intento de "apurar el retiro". La "estabilización" que los norteamericanos lograron en Irak es, según sus propios generales, "precaria" e "inestable".
"La posibilidad de establecer un pacto de convivencia dependerá en gran medida de asegurar un reparto equitativo de los recursos petroleros", advierte un comentarista (Corriere della Sera, 13/12). "La paz del país depende en gran medida de cómo se apliquen estos contratos y cómo se repartan las regalías entre shiítas, sunitas y kurdos" (ídem). El temor del embajador norteamericano es que -en ausencia de las tropas de ocupación- la disputa por las riquezas petroleras lleve a una lucha por el poder y a una guerra civil.
Afganistán
Desde el punto de vista militar, la situación de los ocupantes en Afganistán es mucho más comprometida que en Irak. "Los talibanes reconquistan Afganistán", advertía hace un tiempo el Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo, que informaba que (los talibanes) "tienen presencia permanente en el 72% del territorio (El País, 8/12/08). Lo confirmó poco después el propio Robert Gates: "el vacío de poder es crecientemente llenado por los talibanes" (Financial Times, 28/1).
Para hacer frente a la situación, Obama impulsa el aumento del número de soldados norteamericanos en Afganistán. "Camp Bastion, en la provincia de Helmand, ya se está convirtiendo en el símbolo de la ‘americanización' de la guerra en el sur. Las fuerzas norteamericanas han comenzado a llegar y llegarán muchas más. Se están construyendo aeropuertos que permitan la llegada de transportes y aviones de guerra para la próxima ofensiva con el despacho de 30.000 soldados adicionales" (The Independent, 23/1).
Asia
Obama no está simplemente reaccionando a una situación militar deteriorada. Más bien, se vale de ello para impulsar un giro en la política exterior norteamericana.
Durante la campaña electoral, Obama calificó la ocupación de Irak como una "distracción", y que la "verdadera guerra contra el terrorismo" sería la que se libra en Afganistán y en las zonas tribales fronterizas de Pakistán. El nuevo presidente, como muchos otros ‘nombres' importantes del ‘establishment' político y militar norteamericano, considera vital el control del Asia Central.
Afganistán (y Pakistán) tienen fronteras con China, India, Irán y con las ex repúblicas soviéticas de Tajikistán, Uzbekistán y Turkmekistán. El control de Afganistán no sólo les permitirá el manejo de los riquísimos yacimientos gasíferos y petroleros de las ex repúblicas soviéticas y de las rutas de distribución hacia el este y al oeste; reforzará su presencia como árbitro en la disputa entre India y Pakistán y, sobre todo, sus posibilidades de intervención en China y en Rusia.
Para pelear y ganar la guerra en Afganistán, Estados Unidos debe establecer una "robusta estrategia diplomática", aconseja el ya mencionado IISS (Financial Times, 27/1). En este terreno, Putin ya le aseguró a los nortemericanos la utilización del espacio aéreo ruso para operar en Afganistán (y usó su ‘influencia' para que las ex repúblicas soviéticas hicieran lo mismo). El reconocimiento de los "intereses norteamericanos" en Afganistán por parte de Rusia supone, como contrapartida, el reconocimiento de los "intereses rusos" en otras áreas, como el Cáucaso.
Afganistán mantiene una extensa frontera con Irán, que los norteamericanos deben ‘asegurar' para guerrear contra los talibanes en la frontera con Pakistán. "Estados Unidos y los aliados de la Otan deben tratar directamente con Irán si quieren ganar la guerra en Afganistán", acaba de declarar el secretario general de la Otan (Financial Times, 26/1). "Los diplomáticos de la Otan -que recordaron que 'Irán tiene un interés real en la derrota de los talibanes'- dicen que el gobierno de Obama podría estar dispuesto a tomar este camino" (ídem). Es lo que vienen reclamando desde hace tiempo importantes figuras, como el ex asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski (PressTV, 11/12/08). Esta perspectiva preocupa enormemente a los sionistas.
Crisis política
Los planes de Obama desataron una crisis política en Afganistán. Hamid Karzai, el presidente designado por Bush, "es visto por el Pentágono como un obstáculo al ‘surge' o incremento del número de tropas..." (The Independent, 23/1).
La ofensiva contra Karzai es brutal. Hillary Clinton describió a Afganistán como "un narco-estado" gobernado por un "gobierno corrupto". La inteligencia norteamericana hizo conocer un informe que denuncia al hermano de Karzai como el "mayor narcotraficante" de Afganistán. Los candidatos a suceder al presidente ya viajaron a Washington, que impulsa una lista opositora común para las elecciones presidenciales de este año.
Al advertir que lo quieren echar, Karzai empezó a criticar el elevado número de víctimas civiles que causan las operaciones norteamericanas. Anunció, además, que "no será posible" realizar las elecciones antes de la finalización de su mandato, lo que plantea "una crisis constitucional (que) pone en cuestión la propia integridad de toda la misión internacional en Afganistán" (Financial Times, 28/1).
Como al pasar, un editorial de The Washington Post (29/1), muy crítico del aumento de las tropas que impulsa Obama, le recuerda al nuevo presidente que los rusos, y antes los británicos de la época del imperio, se rompieron los dientes en "un pantano afgano".
Toda una advertencia.

Otro referendo para la reelección, la impasse del chavismo

En diciembre de 2007, Hugo Chávez perdió un referendo constitucional que, entre otras disposiciones, preveía la reelección indefinida para el cargo de presidente de la República. Los otros temas de aquel referendo reforzaban el poder personal del Ejecutivo, a pesar de que ya contaba con la posibilidad de gobernar por decreto-habilitantes. Luego de las elecciones estaduales y municipales de noviembre pasado, Chávez ha decidido insistir en la obtención de la reelección indefinida por medio de otro referendo, aunque esta vez el beneficio alcanzaría a todos los cargos ejecutivos. En las elecciones recientes, el gobierno perdió los Estados de Miranda y Táchira y la municipalidad general de Caracas - incluso fue derrotado en el barrio popular emblemático de Petare.
¿Por qué insiste Chávez en una metodología que podría resultar en una nueva derrota? Hace apenas dos días, declaró que si perdía el referendo previsto para el 15 de febrero buscaría otros caminos para lograr el objetivo de la reelección -por ejemplo la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En una ceremonia para celebrar el vigésimo aniversario del ‘caracazo', junto al ecuatoriano Rafael Correa y al boliviano Evo Morales, Chávez justificó su afán por la reelección en la ausencia de "un heredero". Precisamente, uno que era considerado como tal, Diosdado Cabello, fue uno de los candidatos derrotados en los comicios recientes -entre otras razones porque acumula denuncias de corrupción. Pero un líder que carece de ‘herederos' está poniendo de manifiesto la ausencia de una construcción política y confesando el carácter ficticio del partido oficial - el Partido Socialista Unido de Venezuela. También pone de manifiesto que en Venezuela no hay "un poder popular"; o sea, un gobierno representativo de la acción política de las masas. La perseverancia en una política reeleccionista deberá agravar estas características: menos poder popular, menos construcción política de los trabajadores, más poder personal. La metodología de la reelección es la del bonapartismo, no la de un poder popular o revolucionario.
El referendo de Chávez es la metodología del bonapartismo, no la de la construcción de un poder popular. El referendo obliga a las masas a dar una batalla por los intereses del bonapartismo, no por los suyos; no por aquellos que afectan su vida cotidiana y, por sobre todo, para encarar la explotación social capitalista (tanto de los monopolios privados como de los estatales). En medio de una crisis mundial que mina las bases del limitado nacionalismo fiscal y asistencial del gobierno bolivariano, el referendo no invita a nacionalizar los bancos y la gran industria y a establecer la gestión obrera colectiva, sino a ofrecer la posibilidad a Chávez de un nuevo mandato a partir de 2012. Claro que Chávez podría adoptar estas medidas en virtud precisamente de su poder personal, pero no es esto lo que se ha puesto en discusión en el referendo. En realidad, las prometidas nacionalizaciones (con compensación) del Banco de Venezuela (Santander) y de Sidor (Techint) aún están en veremos. El Cronista de Buenos Aires adelantó que se dejaría en manos de Techint la gerencia comercial de Sidor, para posibilitar que ésta pueda operar en el esquema de las empresas que el pulpo tiene en América Latina.
El referendo denota también un apuro, porque las presidenciales próximas serán en 2012. ¿Por qué el apuro? ¿Para dejar espacio para otras tentativas en caso de perder el 15 de febrero? Es claro que con la reelección busca un mandato para lidiar con la oposición gorila, que acaba de arrebatarle estados y municipios. Es decir que plantea la lucha contra la derecha desde los recursos políticos del Estado, no de la movilización de masas. No hay que confundir las manifestaciones que convoca el oficialismo con movilización popular, pues ésta última es una herramienta para imponer reivindicaciones, no para celebrar al poder. Desde que se conocieron los resultados de las elecciones pasadas, Chávez ha usado el poder discrecional del Ejecutivo para arrebatar parcelas de poder o jurisdicción a los estados y municipios opositores -una salida burocrática con métodos burocráticos, que ofrece a la oposición derechista munición para denunciar los atropellos del oficialismo. Chávez hizo público, en las vísperas del referendo anterior, un proyecto político para desmantelar el federalismo en Venezuela mediante la creación de regiones geo-políticas al mando del Ejecutivo y del alto mando militar.
El sector de la intelectualidad política que vive del subsidio del gobierno bolivariano defiende a la reelección como un derecho democrático... de Chávez, y explica que eso mismo ocurre con los regímenes parlamentarios de Europa, cuyos primeros ministros suelen durar una década -y en donde están vigentes monarquías constitucionales. Se trata de una comparación con un sistema político burgués, altamente burocratizado y manipulado, y en el caso de las monarquías violatorio del principio representativo más elemental. Se supone que la revolución bolivariana no se mide con los modelos políticos de la reacción. Estos intelectuales podrían haber ojeado la Comuna de París y opuesto a la reelección indefinida de un puesto burocrático, el derecho a la revocatoria, para el pueblo, de todos los cargos ejecutivos y parlamentarios. Pero esta intelectualidad política solamente sabe servir a su majestad.
Los socialistas no debemos asumir la responsabilidad por una derrota (una nueva), en un terreno que no es el de las masas sino el bonapartismo, ni la responsabilidad por lo que haga el Bonaparte con la victoria (la política futura del gobierno no la conoce nadie, aunque de todos modos serán reacciones inconexas a la crisis mundial y al derrumbe del precio del petróleo). Las encuestas le dan al gobierno un margen a favor de uno o dos puntos, lo cual sería incluso una victoria para la derecha - que en las elecciones para gobernadores y municipios obtuvo 18 puntos menos que el gobierno (aunque le arrebató estados y municipios decisivos). Para qué me metiste en esto, papá - se podrá preguntar legítimamente un elector chavista, que sufre la inflación, el desabastecimiento y el desempleo, y que hubiera preferido una movilización política para remediar esos flagelos. Incluso se prevé la devaluación del bolívar para después del referendo.
El referendo, en definitiva, es servicial al bonapartismo -no al poder popular- y es servicial a la derecha, que encuentra un terreno de oposición conveniente para ella. Lamentablemente, luego de una década de experiencia bolivariana no se ha estructurado en Venezuela una oposición socialista - la izquierda tiene ‘quejas' y ofrece ‘consejos' pero es seguidista del chavismo, no una oposición política. En conclusión, rechazamos el referendo y la reelección, y apoyamos las manifestaciones concretas de la clase obrera que expresen esta posición política.

La sequía - realidad y verso

La sequía que afecta a una gran parte del territorio nacional se ha convertido en un buen motivo para agudizar la crisis de la política económica oficial, y para acelerar la crisis política. La Mesa de Enlace de la soja se ha puesto nuevamente al frente de la disputa, y reclama nada menos que la eliminación de las retenciones a la exportación de soja. No son necesarias muchas luces para advertir que esa eliminación no va a suprimir la sequía, ni devolverle al suelo las condiciones para tornarlo productivo. Simplemente, le convendría a los patrones de la soja, que pasarían a vender las ocho millones de toneladas que aún tienen retenidas de la cosecha anterior, algo así como un beneficio extra de 2.500 millones de pesos. Si la sequía los está afectando financieramente, ¿por qué no venden el producto retenido y cancelan de ese modo las deudas que tengan con sus proveedores, los salarios atrasados y sus cuentas de casino? En lo que atañe a los pequeños productores que se encuentren sin recursos ni mercaderías acaparadas, el Estado debería proveerles los medios para su subsistencia familiar por todo el tiempo que sea necesario, pero de ningún modo reducirles el impuesto a la soja, que no tiene nada que ver con la sequía ni tampoco le pone remedio.
En un sistema capitalista, las catástrofes naturales están contempladas en los sistemas de seguros respectivos. Pero los capitalistas del campo y los terratenientes no quieren pagar la prima de esos seguros, sino que el Estado los subsidie mediante la declaración de la situación de emergencia, y si están asegurados quieren cobrar dos veces. Tampoco dicen que la legislación agraria argentina ofrece una suerte de seguro natural para los terratenientes, porque admite la prórroga de contratos de deuda cuando se hayan producido situaciones excepcionales que afecten la producción. La oligarquía está más protegida que el oso en la nieve. La sequía (o las inundaciones y las heladas) es un drama, en cambio, para los trabajadores, que ven aumentar los precios de los productos básicos, o para los productores con muy poco capital, pero no para los capitalistas -que son recompensados por los aumentos de precios y que pueden gozar de la cobertura de un seguro para el caso. De hecho, el precio internacional de la soja aumentó en el mercado internacional como consecuencia de la expectativa de una menor cosecha de Argentina por la sequía.
Los sojeros quieren cobrar, pero no quieren pagar cuando corresponde. La Nación del sábado pasado ha dejado muy en claro los perjuicios que la soja ocasiona al suelo, en especial porque agrava las consecuencias de la sequía. El remedio, la rotación de los cultivos, no se aplica de un modo general - al revés, otros granos y la ganadería han sido desplazados por el cultivo obsesivo de soja. Ahora los sojeros buscan resarcimiento cuando le deberían pagar al país una indemnización por daños ambientales y productivos. La sequía se ha convertido incluso en un gran negocio para el sector que provee alimento para el ganado, el cual están acaparando para venderlo luego a precios confiscatorios. Este hecho denuncia que la mortandad de ganado es la consecuencia de la especulación capitalista y de la incapacidad del Estado, pues la salida es llevar al ganado de pastoreo a la alimentación de corral o anticipar su venta cuando corresponda. La mortandad de ganado de pastoreo beneficia a los que alimentan en corrales, porque obtienen la materia prima a precio de liquidación y porque luego se beneficiarán con el alza del precio de la carne. La provisión de granos forrajeros debe asegurarse especialmente para la lechería, cuya producción tiene una prioridad social. El duopolio SanCor-Mastellone (con los cuales operan Danone y Nestlé en el lucrativo negocio de la leche en polvo) se encuentra en crisis como consecuencia de un elevado endeudamiento en dólares, y pretende salir estrangulando a consumidores y pequeños productores. Lo que hay que hacer es nacionalizar a estos monopolios y ponerlos bajo control de los trabajadores, y hacerlos responsables por su deuda impagable.
Como se ve, la sequía no ofrece ninguna razón para compensar o subsidiar a capitalistas, ni para premiarlos con un super-beneficio, como sería la eliminación de las retenciones. Mucho menos en el marco del derrumbe capitalista mundial y de la crisis industrial argentina, que exige que los recursos fiscales se apliquen a la defensa económica y social de los trabajadores. La campaña para eliminar las retenciones (que apoya todo el arco opositor patronal y buena parte del oficialismo) se inscribe en un propósito más amplio: devaluar el peso y meterle al país un acuerdo con el FMI. Este objetivo ha politizado a la sequía y la convierte en un factor de aceleración de la crisis política.
El gobierno tiene todo esto absolutamente claro, por eso trata de comprar la buena voluntad de los capitalistas para que no lo derriben. Cristina viaja a Venezuela para conseguirle una indemnización a Techint; Tomada arma un plan con la patronal siderúrgica y la burocracia de la CTA para imponer un plan de reducción de salarios en Paraná Metal y para poner en marcha el desguace de la planta. Pero el negocio principal de la semana es el canje de los préstamos garantizados que los bancos tienen inmovilizados desde los tiempos de Cavallo, por nuevos bonos que gozarán de una gran posibilidad de compra-venta y que pagarán tasas de interés que arrancan en el 16% pero no tienen techo, fluctúan con la situación monetaria. Son superiores a la inflación prevista y, en el caso de una corrida contra el peso, esas tasas se irían por las nubes. El gobierno logra con el canje postergar pagos en 2009-10 para el 2012-15, a un costo fiscal elevado. Una nueva hipoteca usuraria para poder sobrevivir. Esto no es un plan contra la crisis.
En realidad, el tsunami está a las puertas; el veranito noviembre-enero es cosa del pasado. Los bancos de Estados Unidos y Europa se están declarando en quiebra, y nada de lo que hagan los gobiernos (por ejemplo, nacionalizarlos) servirá para mantener una suerte de estabilidad en los llamados países emergentes. La onda llegará a Argentina previo paso por Brasil y México, cuyas bolsas y monedas cayeron fuerte en la semana en curso. ¿Hay una salida? Una reorganización social del país y del mundo sobre nuevas bases, en función de los intereses de los trabajadores.

Masacre, “tercera fase”

El ejército israelí lanzó la "tercera fase" del ataque contra Gaza. Después de los brutales bombardeos aéreos y marítimos, después del ingreso de las divisiones blindadas y el bombardeo de barrios, casas, escuelas, hospitales y mezquitas, la "tercera fase" significará el ingreso de las tropas y los blindados a las zonas más densamente pobladas y el comienzo de operativos casa por casa. Para la operación, el alto mando ya hizo ingresar en Gaza a las divisiones de reservistas, que se suman a los 10.000 soldados que ya están operando en la Franja.
El número de víctimas civiles -hasta el momento 1.000 muertos y 4.000 heridos; un tercio de ellos niños; la inmensa mayoría civiles indefensos- crecerá enormemente en los próximos días.
Los propios militares sionistas lo anticipan. "Estamos utilizando un enorme poder de fuego (y) tácticas muy agresivas en las áreas urbanas (...) que están causando una gran destrucción de la infraestructura civil (...) somos muy violentos", reconoció un oficial israelí (Haaretz, 7/1). Un ejemplo de estas "tácticas agresivas" es el bombardeo de tres escuelas en uno solo día; los cincuenta muertos fueron civiles.
El lanzamiento de la "tercera fase" puso fin a las divergencias existentes en gabinete israelí. Según la prensa, se enfrentaban tres posiciones. El ministro de Defensa Ehud Barak y la canciller Tipzi Livni eran partidarios de un retiro inmediato; Barak con un acuerdo internacional, Livni sin firmar ningún acuerdo. El primer ministro Olmert, en cambio, era partidario de continuar la operación "hasta alcanzar los objetivos". Si estas divergencias efectivamente existían, se impuso la que empuja a llevar la masacre del pueblo palestino hasta el final. Representa un punto de vista ampliamente compartido en la dirección del ejército y los organismos de seguridad. "El general israelí Jair Galant advirtió sobre un ‘error histórico' si la ofensiva se frena en estos momentos y se pronunció a favor de reconquistar parte de la Franja de Gaza en el marco de la ‘fase tres'..." (Ambito Financiero, 12/1).
El lanzamiento de la "fase tres" desmiente que la matanza sea, meramente, una aspecto de la campaña electoral israelí.
La resolución es llevar el operativo a una acción casa por casa y de producir pérdidas civiles mucho más elevadas que las registradas hasta el presente. La operación tiene el objetivo definido hace unos años por el general Moshe Yaalon, jefe del Estado Mayor israelí: "A los palestinos hay que hacerles entender en lo más profundo de su conciencia que son un pueblo derrotado" (El País, 11/1). La masacre de Gaza tendría, pues, una función "didáctica".
Alcanzar nuestros objetivos "puede tomar mucho tiempo", dijo a la prensa el primer ministro Olmert. Pero, precisamente, tiempo no es lo que les sobra a los sionistas. La operación debería concluirse antes de que Obama se haga cargo de la presidencia norteamericana. Para lograrlo, los generales están obligados a acelerar el ritmo de la masacre.

"Cese del fuego"
El lanzamiento de la "fase tres" explica, también, las razones del fracaso de las distintas tentativas de "cese del fuego" discutidas por los diplomáticos internacionales. Israel no está dispuesta a dar por finalizada la operación militar hasta tanto logre sus objetivos políticos en la Franja; en estas condiciones, sólo aceptaría un ‘cese del fuego' que significara una rendición incondicional de la resistencia palestina.
La resolución de ‘cese del fuego' votada en la ONU no establece el fin de la ocupación militar israelí (sino su ‘retiro progresivo') ni la apertura de las fronteras (sino el ingreso de ‘ayuda humanitaria'). Israel la rechazó porque significaría la continuidad de Hamas en el gobierno de Gaza.
El gobierno norteamericano se abstuvo, lo que significa que avaló en la práctica el rechazo israelí y la continuidad del operativo militar.
También fracasó el ‘cese del fuego' que negociaban Egipto y Francia en El Cairo. "No es suficiente para Israel", declaró un vocero diplomático. Las negociaciones, se sinceró un diplomático europeo, no van a ningún lado" (Financial Times, 9/1). El fracaso de las negociaciones abrió una crisis política entre Israel y Egipto.
"Ninguna potencia extranjera puede dictar a Israel las condiciones de su seguridad", declaró Olmert al rechazar el ‘cese del fuego' votado en la ONU. Israel boicoteó las negociaciones para quedar con las manos libres para llevar la ofensiva hasta el final.

Obama ya está ‘trabajando'
Para lanzar la ofensiva, el Estado sionista ha contado con el respaldo de todo el arco político israelí e internacional. Pero ni esto ni el inmenso poder de fuego de su ejército habrían alcanzado sin el respaldo incondicional de Barack Obama, que a todos los efectos prácticos actúa como el verdadero presidente norteamericano.
Obama no sólo ha realizado declaraciones a favor de Israel durante toda la campaña electoral; no sólo ha llenado su gobierno de reconocidos sionistas -su vicepresidente, Joseph Biden, es un decidido sionista, al igual que su canciller Hillary Clinton; el jefe de gabinete es Emmanuel Rahm, ciudadano israelí y veterano del ejército sionista; su enviado a Medio Oriente es Dennis Ross, otro firme defensor del sionismo. Lo central es que los hombres de Obama ya están actuando a favor de Israel.
El hombre que designó al frente del Pentágono, Robert Gates, ya está en funciones porque es el secretario de Defensa de Bush.
Como consejero de Seguridad Nacional designó a Jim Jones, un general de los marines en retiro. El hombre tiene una vasta experiencia en el Medio Oriente ya que fue enviado por el gobierno de Bush para entrenar y encuadrar a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas. "Los israelíes esperan que la continuidad diplomática venga con Jim Jones", señala un corresponsal (Corriere della Sera, 10/1). Más directo, Amir Oren, periodista de Haaretz, señala que "durante esta semana, la voz que se oye es la de (Condoleezza) Rice pero las manos que se mueven son las de Jones. La estrategia ya está coordinada con la nueva administración" (ídem). En otras palabras, la política de respaldo incondicional de Estados Unidos a la masacre sionista en Gaza la dicta, directamente, Barack Obama.
"Dieciocho meses de tranquilidad en el sur es un logro que puede darle a Israel el tiempo para tratar con desafíos estratégicos mucho más complejos que el planteado por Hamas", escribe Ari Shavit (Haaretz, 8/1). Se refiere, claro, a Irán. Recientemente, el gobierno norteamericano hizo saber que había rechazado el pedido de Israel de bombas "anti-bunker" para atacar las instalaciones nucleares iraníes y que le había negado permiso para sobrevolar el espacio iraqui con destino a Irán. Israel tiene su propia "agenda" frente a Irán, que no coincide con la que Obama hizo pública: comenzar negociaciones diplomáticas directas con Irán.
Con el respaldo incondicional a Israel en su ataque a Gaza, Obama puede estar hipotecando su propia presidencia.

Crisis mundial
Israel lanzó su ofensiva cuando un sinnúmero de conflictos internacionales están abiertos y el imperialismo no logra resolverlos. A los pantanos de Irak y, sobre todo, de Afganistán, se ha sumado la crisis entre la India y Pakistán, que amenaza con desestabilizar a toda la región. La crisis en el Caucaso -que llevó a la guerra de Rusia contra Georgia- sigue abierta. El imperialismo norteamericano debe penar con una serie de gobiernos nacionalistas en América Latina a los que no consigue encorsetar.
Israel está en guerra contra el pueblo palestino desde 1948. Pero un Estado que sólo puede existir mediante la guerra y las masacres permanentes, es un Estado inviable.

Crimen contra la humanidad
La ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza es un castigo colectivo contra el pueblo palestino, un crimen contra la humanidad. La infraestructura civil de Gaza -plantas de energía, de distribución de agua, el sistema cloacal, escuelas, universidades, ministerios, mezquitas, viviendas- fue destruida sin misericordia. "Llevará muchas décadas reconstruirla", se ufanó un comandante israelí (Haaretz, 7/1). Los métodos utilizados por el ejército sionista son bárbaros: bombas de fósforo blanco, municiones de uranio empobrecido, bombas de tungsteno que producen grandes amputaciones en las víctimas, bombas de fragmentación. Todo esto se dispara contra la población civil desarmada que se hacina en la Franja.
La derrota de la invasión sionista está en el interés de todos los pueblos del mundo.

Cómo enfrentamos la debacle industrial

La decisión de Techint de desprenderse de 1.200 obreros de la construcción y metalúrgicos de Siderar, y el anuncio de que los despidos podrían extenderse a otros 2.400 del plantel permanente, es mucho más que un conflicto sindical. Pone de manifiesto que la crisis capitalista ha llegado al núcleo industrial de Argentina. Siderar es el tronco de un archipiélago industrial que abastece a la construcción y a la industria automotriz, incluida la de autopartes, y es atendida por numerosas proveedoras metalúrgicas. Es asimismo una exportadora importante. La poda que tiene en vista es equivalente a un colapso industrial. Si el gobierno admite que prosperen estos planes, estará anunciando el colapso de los suyos propios. Lo principal es incluso lo contrario: los despidos de Siderar -en la línea de Iveco, Gestamp, Renault, Paraná Metal o General Motors- es la expresión de la total inocuidad de los planteos de reactivación del kirchnerismo. La Anses no va a poner en marcha a Techint. Argentina no solamente enfrenta una crisis industrial sino, al mismo tiempo, una crisis política.
El cuadro de este derrumbe no se confina a las fronteras nacionales, pues el reciente anuncio de despidos de General Motors en Brasil es un heraldo del derrumbe industrial brasileño, como lo ha reconocido el mismo Lula. Desde noviembre fueron dejados en la calle 600 mil obreros brasileños. Pero Brasil es el mercado exportador más importante de Argentina y el socio del complejo automotriz. Lo que ocurre en Brasil pone al desnudo la inocuidad de los planes de salvataje de Lula.
Las patronales de Techint, de GM o de Acindar tienen perfectamente claro lo que quieren: una reducción drástica del plantel de personal, una reducción de los salarios y un avance decisivo de la flexibilidad laboral. Es una salida capitalista pero no industrial, pues plantea el achique de la industria y el cierre de una parte significativa del parque existente. Significa un retroceso productivo y la perspectiva de una obsolescencia tecnológica. Los que negaban la crisis capitalista porque no iba más allá de la desvalorización de ‘papeles' ficticios que ‘no dan de comer a nadie', y porque ‘los fierros' que producen la riqueza real ‘siguen ahí', deberán corregir sus juicios. El capital tiene diversas formas pero está en encadenado en un único movimiento. Mediante un fuerte achique industrial, los Techint pretenden atravesar el temporal de la crisis, recortar pérdidas, aguantar la competencia y quizá sobrevivir. Pero todo esto no es muy seguro en el caso argentino, porque fábricas como Siderar son el eslabón débil de la cadena mundial del acero frente a la concurrencia de Arcelor-Mittal, Nippon Steel y las acerías instaladas en China o Brasil. Es decir que la crisis industrial en curso puede llegar hasta la médula.
De acuerdo con las informaciones que han trascendido, sin embargo, los planteos de Techint van más lejos, pues incluyen la mega devaluación del peso y un seguro de cambio para la deuda externa privada, acompañado de un préstamo y un acuerdo con el FMI. La reducción de costos internacionales de producción, por medio de una mega devaluación, debería servir como un tesoro de guerra de la siderúrgica para pelear su lugar en el mercado mundial. Este es el planteo que realiza toda la oposición sojera (con la complicidad del centroizquierda) y que el kirchnerismo resiste. Significaría, por la vía de la hiperinflación, una enorme confiscación para los trabajadores argentinos, y probablemente no sea sino el primero de una serie de zarpazos. Es que los últimos días han registrado un retorno de la crisis financiera, con el anuncio del desmantelamiento de Citigroup y con la declaración de Ben Bernanke, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de que los planes de ‘estímulo' de Obama no van a ninguna parte. La declaración de Bernanke da estado público a un enfrentamiento político y deja expuesta una divergencia de fondo acerca de la orientación del capital financiero norteamericano frente a la bancarrota internacional.
El movimiento obrero (nos referimos a los activistas) no puede encarar esta crisis como algo coyuntural, y mucho menos aceptar los buzones de Tomada de las suspensiones transitorias. Es claro que debe encarar esta crisis en su dimensión estratégica. Alegar que los despidos de Siderar o el ‘default' de la Transportadora de Gas del Norte son una provocación, porque las sumas envueltas en la refacción del alto horno o en el pago de las cuotas de su deuda externa son menores, no lleva a ningún lado -solamente demuestra que la patronal busca anticiparse a golpes aun mayores. El movimiento obrero debería discutir la nacionalización de los bancos y de las industrias básicas, acompañada de un plan económico que redirija la producción nacional a la satisfacción de las prioridades sociales y de desarrollo económico. La crisis no es de la humanidad, de las naciones o de los trabajadores, que la humanidad, las naciones y los trabajadores estaríamos condenados a sufrir colectivamente. Es una crisis del capital, una crisis de un modo de producción y de una forma de organización social. Hay que suprimir la supremacía del capital y modificar en forma radical el modo de producción y la organización social.
Esta comprensión permite otorgar a la lucha contra los despidos y contra las suspensiones, además de un montón de argumentos y razones, por sobre todo una perspectiva de conjunto. La defensa de los intereses de la clase obrera se conjugaría con los de la misma sociedad. Hay que exigir a los sindicatos y a las centrales sindicales que convoquen a plenarios y congresos con mandatos de asambleas, para discutir un plan de lucha nacional contra los despidos, suspensiones, rebajas de salarios y defensa de las paritarias, y al mismo tiempo un programa de salida a la crisis capitalista.

Los tarifazos de Cristina

La semana pasada anunciaron el aumento de los peajes de ingreso a la Capital. Entre el 100 y el 200%.
Unos días después llegaron las boletas de Edesur, Edenor y Edelap. Más de 750.000 usuarios recibieron boletas con aumentos de hasta el 400%. ¡Un tarifazo digno de las épocas de la hiperinflación... cuando los salarios aumentaron un 20% el año pasado!
El gobierno dice que el aumento afecta sólo a los mayores consumidores. Es falso. Como denuncia el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, "en muchos lugares del Gran Buenos Aires se necesita prender un motor para tener agua, y si una familia lo prende tres veces al día, ya superó el consumo de mil kilovatios bimestrales. También está el caso de los hogares humildes que se deben calefaccionar con electricidad" (Ambito Financiero, 14/1).
Sobre los consumos aumentados, vienen los impuestos municipales y el IVA. Denuncia Mondino: "El impuesto municipal pasó de 6 pesos a 65; la contribución municipal pasó de 6 a 38 pesos. Si se suman el IVA y otras cargas, un usuario paga 200 pesos sólo por impuestos frente a 30 pesos que abonaba antes" (ídem).
Por eso, Mondino dictó una resolución reclamando la inmediata suspensión del tarifazo eléctrico.
El martes, para cerrar la faena, aumentó el transporte público: trenes, colectivos y subtes. Entre el 20 y el 25%.
En el curso de una semana, en medio del verano, el gobierno se mandó una gigantesca confiscación del bolsillo popular.
Los aumentos elevarán los beneficios de las privatizadas y mejorarán su situación financiera.
También, sigue De Vido, los aumentos permitirán reducir los subsidios que se les pagan a las privatizadas. Por ejemplo, el tarifazo eléctrico le ahorrará al Estado 800 millones de pesos. Ese ‘ahorro' no irá a la construcción de hospitales o al mejoramiento de las escuelas sino al pago de la deuda externa.
Algunas de las ‘justificaciones' oficiales son, simplemente, una tomadura de pelo. Dicen que aumentan el boleto del tren porque el servicio ha mejorado (¡!) y por "las mejoras constatadas respecto del salario real de la población, acompañadas por una marcada caída en los índices de desocupación" (La Nación, 13/1). ¿De Vido no se enteró de la catarata de despidos y suspensiones en todas las ramas y sectores?
El tarifazo deja en claro la desorientación oficial: mientras pretende financiar el consumo de ciertos bienes, el tarifazo reduce el ingreso disponible para pagar las cuotas del consumo financiado.
Organicemos el rechazo al tarifazo. Reclamemos un salario básico igual al costo de la canasta familiar.

Ofensiva contra la asamblea de Gualeguaychú. El gobierno muestra sus cartas

El gobierno entrerriano y el gobierno nacional preparan un zarpazo contra las asambleas ambientales opuestas a la planta contaminadora de Botnia. Destacados dirigentes del kirchnnerismo, como Massa y Scioli, se han largado contra el corte de ruta de Gualeguaychú y contra la posibilidad de la realización de otros cortes en Colón y Concordia. Hasta el inefable D'Elía ha salido "con los tapones de punta" contra los cortes de ruta.
La ofensiva del gobierno nacional no es sólo una amenaza represiva; es además un golpe político al corazón del reclamo de la Asamblea de Gualeguaychú en los momentos previos a producirse el fallo de corte de La Haya. Es imposible pensar en algo favorable cuando el propio gobierno que formula el reclamo está reprimiendo o amenaza con reprimir a la vanguardia del reclamo ambiental. El ataque no tiene nada de inocente y pone al descubierto la inmensa hipocresía del kirchnerismo, que antes de las elecciones decía que la causa de Gualeguaychú era una "causa nacional".
Parte de esta inmensa hipocresía del gobierno nacional es que según Clarín (13/1), el gobierno habría negociado la represión y el levantamiento de los cortes a cambio de que Uruguay permita a Néstor Kirchner asumir la presidencia de la Unasur.
Estamos en contra de la Unasur (que es un pacto de la industria de armamentos), y por supuesto también de la presidencia de Kirchner en la Unasur. Rechazamos tajantemente este engendro de coalición de claros tintes armamentistas, montado por el capital brasileño y por el acuerdo Lula-Bush.
Nos solidarizamos, como siempre lo hicimos, con los reclamos y las luchas de las asambleas. La ofensiva de los gobiernos provincial y nacional invita a sacar todas las conclusiones de los reclamos ambientales. Estos deben transformarse en una corriente política provincial que levante la defensa del medio ambiente y la de sus trabajadores.
Es la hora de elaborar un programa discutido de cara a todo el pueblo de Entre Ríos y del país para terminar con la contaminación de las pasteras uruguayas... y de las argentinas, contra la brutal contaminación de los transgénicos, para terminar con la depredación de las minas y toda la depredación obrera-ambiental a las que nos ha llevado el saqueo sin límites de los capitalistas.

Más represores en libertad

El Pozo de Arana, uno de los campos de concentración emblemáticos de la Bonaerense de Ramón Camps, sigue dando que hablar. Ahí, como se sabe, fueron asesinados hace poco tres policías por otros policías, y enseguida se supo que el lugar se usaba de depósito de drogas ilegales y, tal vez, de productos robados por piratas del asfalto.
Ahora, tres de los antiguos jefes de aquel "chupadero" en tiempos de la dictadura -Miguel Kearney, Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales- fueron puestos en libertad por la misma Cámara de Casación que hace pocas semanas liberó también a Alfredo Astiz y a Jorge Acosta.
Además, "puestos en libertad" es una forma de decir, porque esos criminales, imputados recién en mayo del año pasado, nunca pisaron una cárcel. Sólo se les ha levantado el arresto domiciliario que se les había impuesto (los tres tienen más de 70 años).
Conviene recordar los nombres de esa canalla judicial: Angela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi son los miembros de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que tomó esta medida.
Kearney fue jefe del Destacamento de Arana, donde hace poco se encontraron fragmentos de huesos y un paredón saturado de impactos de bala. Por ahí pasaron más de 200 secuestrados y la mayoría de ellos siguen desaparecidos. Los jueces de Casación lo eximieron de prisión porque "no registra antecedentes penales". La primera orden de detención contra este asesino serial fue dictada en 1986, pero entonces lo salvó Alfonsín con su ley de obediencia debida.
Páez y Corrales fueron, respectivamente, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones, la patota de calle de la Bonaerense encargada de interrogar y torturar a las víctimas, y de distribuirlas en los distintos campos organizados por Camps. Páez era ladero de Miguel Etchecolatz y del cura represor Christian Von Wernich. Corrales era su segundo en el mando.
A diferencia de lo sucedido antes con Astiz y el "Tigre" Acosta, la liberación de estos tres no fue apelada por la fiscalía, de modo que los tipos andan por la calle.

La Bonaerense y el secuestro de un empresario

Dicen que Daniel Scioli era puro desconsuelo: "Predico todos los días la lucha implacable contra la droga y aparece un policía con seis kilos de marihuana en su casa" (Clarín, 8/1).
Por supuesto, el desconsuelo es mentiroso, para la galería; o, en todo caso, obedecerá al hecho de que los policías implicados en el secuestro del empresario Leonardo Bergara fueron tan torpes que se dejaron atrapar burdamente. Scioli no ignora, no puede ignorar, que la Bonaerense es un centro de distribución de drogas, de control de la comercialización y de regulación del narcotráfico en pequeña y mediana escala (en la grande ya no, en la grande los narcotraficantes organizan a la policía).
Se le podrían recordar al gobernador las operaciones "Café Blanco", "Strawberry" y tantas otras que develaron hasta qué punto la Bonaerense está involucrada con el narcotráfico, un negocio que sencillamente no podría funcionar sin la policía y sin los punteros políticos que se alimentan de él: "La política vive del narcotráfico", dijo hace poco Elisa Carrió, y la señora debe saber de qué habla.
Pero, compungido o no, Scioli hizo lo que pudo para acotar el escándalo policial en el caso Bergara (a uno de los oficiales detenidos por el secuestro se le encontraron esos seis kilos de marihuana en la casa): "Hay que cuidar la vida de Leonardo para que pronto pueda estar con su familia", dijo (Clarín, 7/1).
Mientras tanto, "el ministro (Carlos) Stornelli... (estaba) apremiado por la evolución del caso Bergara y por la hipótesis de una banda de secuestradores mixta (es decir, integrada por civiles y policías)" (Clarín, 8/1). En la práctica, casi no hay delitos importantes sin bandas mixtas.
Ahora, la jefatura de la Bonaerense, la gobernación y el ministerio provincial de Seguridad esperarán que el próximo escándalo no demore mucho y alcance para amortiguar los efectos de éste.
Mientras tanto, el capitán (comisario) Juan Vicente Cardozo y el teniente Víctor Ariel Vega se acusan mutuamente por el hecho de que el celular del primero recibió llamadas desde mismo teléfono usado por los secuestradores de Bergara para negociar el rescate (véase, además, el grado inconcebible de estupidez de esta gente). Al cierre de esta nota, otro policía había sido detenido y se dictaba orden de captura contra cuatro más, de modo que ni siquiera puede hablarse de banda mixta sino de banda policial con algunos "colaboradores" civiles.
Pero todo indica que el asunto no termina ahí. Ahora, "el foco está en las cercanías del inspector Roque Alberto Luján, a cargo de la comisaría de Berazategui, pero el ramalazo podría llegar hasta el jefe distrital departamental de Quilmes, comisionado Adrián Cisterna" (ídem).
Y se sopesan hipótesis más inquietantes. Por ejemplo: "El secuestro del empresario Leonardo Gabriel Bergara podría estar vinculado con el triple crimen de General Rodríguez y con la famosa y entreverada causa que investiga ‘la ruta de la efedrina'... (los policías detenidos) aparentemente seguían una pista que vincularía con el rapto a un funcionario de segunda línea del Registro Nacional de Armas (Renar)..." (Perfil, 9/1).
Ese funcionario del Renar habría sido el nexo de Sebastián Forza con un grupo de narcotraficantes con quienes se reunió en Quilmes poco antes de ser asesinado. Además, "se supone que en el secuestro de Bergara participaron policías y por lo menos tres presidiarios con el beneficio del arresto domiciliario, que a su vez tendrían conexiones con el tráfico de drogas en Paraguay" (ídem).
He ahí el cóctel principal de la inseguridad: una policía descompuesta y corrompida irreversiblemente, servicios penitenciarios iguales o peores que la policía, políticos complacientes o cómplices y bandas mixtas. Quien proponga fortalecer o reforzar a la policía y a la "mano dura" es, a no dudarlo, un compinche de los mafiosos.

Dos adolescentes se suicidaron en un instituto de menores. Otro ejemplo de la “mano dura” de Scioli

A fines de noviembre, se suicidaron dos de los 20 chicos internados en el Centro de Régimen Cerrado de La Matanza. Jonathan Caballero (16 años) tenía ya varios intentos, "estaba deprimido y decía que quería matarse. Tenía el brazo inmovilizado por un balazo pero nos decían que no había camioneta para llevarlo al hospital. Fue una muerte anunciada", denuncia su familia. El otro chico, de apellido Capella (17), apareció colgado horas después. Todos los chicos detenidos estaban encerrados en celdas individuales y "por falta de personal" ni siquiera salían al gimnasio.
El Centro, inaugurado diez días antes -como prueba de la decisión política de Scioli de extremar la mano dura con los jóvenes-, había sido construido por el Servicio Penitenciario "con un concepto carcelario" (sic). No tenía ni el personal ni la infraestructura mínima para albergar seres humanos. Scioli lo inauguró de apuro, trasladando compulsivamente a algunos trabajadores. "El instituto fue abierto, en medio del avance de la culpabilización de los jóvenes por parte del gobierno de Scioli y el resto de la derecha. No cuenta con el personal necesario ni vías de acceso, equipos de salud ni técnicos (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc.) ¡ni líneas telefónicas, sólo un celular oficial!, lo que lo convierte en un "POZO" ilegítimo", denuncia ATE Sur, que declaró "una jornada de protesta y duelo por la muerte de los dos chicos" y exigió que la institución no se vuelva a abrir (Página/12, 19/11/08).
Estas muertes destaparon una vez más la olla podrida de las instituciones de menores. ATE Sur denunció que desde el 20 de noviembre hubo siete intentos de suicidio sólo en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora (de donde provenía Jonathan). "Los encierran y tiran ahí -explicó Nora Schulman, del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). El traslado de un instituto a otro o la permanencia indefinida en los centros los lleva a la depresión, pero también existe la ‘depresión inducida' a través de tranquilizantes para que los chicos ‘no se tornen rebeldes'".
Según Unicef, en la provincia de Buenos Aires hay 8.628 chicos encerrados, 7.068 por causas asistenciales y 1.500 porque cometieron o fueron víctimas de un delito.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, admitió que el edificio era "inadecuado" y señaló que el sistema de institucionalización de menores "está en situación de crisis por falta de recursos". Arroyo, que debería ser condenado por abandono de persona, descargó la responsabilidad ¡sobre las víctimas!: "Tenían una historia bastante complicada, de entrada y salida de varios institutos, con tratamientos psicológicos prolongados y una relación de fuerte apego entre ellos" (www.auno.org.ar).
El gobierno de Scioli ejecuta una política de exterminio contra la juventud. La provincia tiene el mayor número de jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad (47,9%). La mitad de ellos por gatillo fácil y otro 32% en cárceles, comisarías, institutos o bajo custodia policial (www.auno.org.ar). Pero, además, "hay un millón de chicos en situación de vulnerabilidad y riesgo social". De éstos, "unos 400.000 jóvenes, de entre 14 y 20 años, no estudian ni tienen trabajo" (La Nación, 3/11/08). Una encuesta de la Unesco les preguntó acerca de las "expectativas sobre el futuro". Un 30% dijo que se veía con un trabajo precario, pero el 35% de los adolescentes y jóvenes de 15 a 20 años que no estudian ni trabajan respondió que "dentro de cinco años" va a estar "muerto o excluido" (El Día, 25/8/08).
La alternativa es rechazar este destino y mandar a los que lo promueven a la cárcel. La alternativa es organizarse para construir una sociedad sobre otras bases sociales.

Paritarias docentes: por un aumento de salarios del 30 por ciento

La paritaria docente nacional se reabre formalmente en febrero; el gobierno nacional ya adelantó su posición. El ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, declaró que no existen motivos para otorgar un aumento salarial durante 2009, ya que "no hay ningún índice inflacionario superior al aumento que los docentes recibieron" (Clarín, 29/12/08).
Tedesco no es original. Repite el verso del desprestigiado Indek, según el cual entre enero y noviembre del año pasado los salarios habrían "acumulado un incremento del 21,2 por ciento en comparación con igual período de 2007", triplicando la inflación oficial.
La provincia de Buenos Aires no ha incluido aumentos en el presupuesto 2009 para los docentes, aunque sí aprobó sumar al presupuesto los recursos del Instituto de Previsión Social; es decir, el robo de los fondos jubilatorios del magisterio.
Las diversas variantes del gobierno "nacional y popular" han adoptado la misma política anti-docente que el neoliberal Mauricio Macri.

La política de Ctera
La respuesta de la burocracia celeste es un anticipo de la posición que tendrán en la paritaria nacional. Ctera pretende despegar a Kirchner de Tedesco. "El ministro -dice- contradice las políticas salariales que se vienen implementando y se prevén para 2009".
Necesitamos luchar por un pliego de reclamos
Los salarios del magisterio no superan, en promedio, los 1.200 pesos. El deterioro edilicio es absoluto. La apropiación delictiva de los fondos del IPS en la provincia de Buenos Aires es el comienzo del fin de todos los estatutos jubilatorios especiales de la docencia. La reforma en marcha en la escuela media significa la flexibilidad laboral para los profesores y la fusión de cursos y de escuelas. El propio Tedesco reconoce que para hacer obligatoria a la secundaria, el Estado debería construir por lo menos 1.000 escuelas en todo el país. El deterioro de las condiciones laborales docentes es histórico.

Luchemos para imponer en la paritaria docente
* Aumento salarial de emergencia del 30 por ciento en blanco y al básico.
* Jubilación del 82 por ciento móvil sin límite de edad con 25 años de servicio.
* Defensa de los estatutos jubilatorios especiales. Fuera las manos de Kirchner y de los gobernadores de los fondos jubilatorios docentes.
* 30 por ciento del presupuesto destinado a la educación, bajo control de docentes, padres y estudiantes. Construcción de todas las escuelas necesarias y reparación de toda la infraestructura educativa, con trabajadores en blanco y con salario de convenio.
* Becas que cubran la canasta alimentaria y la canasta escolar de todos los alumnos.
* Cobertura de todos los cargos. Cursos con un máximo de 20 alumnos sin piso.
* Que el pliego de reclamos y los representantes que lo defiendan ante el gobierno sean discutidos y electos en asambleas, igual que el plan de lucha necesario para doblegar la política de miseria salarial del gobierno.

Solanas y Lozano abrieron la boca. También los ‘semánticos' de Carta Abierta

Luego de dos semanas de un silencio inconmovible, Pino Solanas y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, decidieron pronunciarse "contra el crimen y por la paz", en una modesta solicitada en el diario Crítica -que les da abrigo regularmente. Saludamos, naturalmente, que hayan corregido su omisión, porque como ellos bien dicen ahora: "el silencio, la omisión o los inaceptables argumentos... configuran complicidad con la sangre derramada...". Saludamos aún más que planteen "el retiro de las tropas israelíes invasoras de la Franja de Gaza" y "el juicio y castigo a los responsables de esas acciones". La solicitada en cuestión, en ningún momento se desliza al reparto de culpas entre "los dos demonios".
Ahora vienen los interrogantes. Los aliados de Solanas y Lozano - nos referimos a Aníbal Ibarra, Luis Juez, Miguel Bonasso y algunos otros, siguen sin pronunciarse "contra el crimen". ¿Deberíamos concluir que, para Lozano y Solanas, esto "configura complicidad con la sangre derramada"? ¿Qué medidas políticas tomarán a partir de esta conclusión? En realidad, los aliados de Proyecto Sur son cómplice históricos del sionismo; su silencio responde a esto. Para Solanas y Lozano debería ser obvio que los aliados políticos del sionismo son incompatibles con un planteo de recuperación de la soberanía nacional que afirma sostener Proyecto Sur. Estamos convencidos, sin embargo, que ni se les ocurrirá romper su alianza con estos "cómplices". ¿En qué quedamos, entonces?
El pronunciamiento en cuestión tampoco plantea la defensa incondicional del derecho que reconoce al pueblo palestino a la vida y a la libertad. Es que la solicitada limita al "ámbito de la responsabilidad de cada uno", la realización "del más intenso esfuerzo... por frenar esta agresión... O sea que Lozano, por ejemplo, se jugará la vida en el recinto del Congreso (que ahora se encuentra en receso), y Solanas en los festivales de cine (aunque difícilmente lo inviten para la ceremonia del Oscar 2009), pero no marcharán por las calles hacia las embajadas de Israel, ni protagonizará, necesariamente, ninguna movilización popular, como las que está realizando el Comité contra la Agresión. "El más intenso esfuerzo por detener esta agresión", que proclama la solicitada, encuentra en este planteo límites insalvables y pierde por completo la ‘intensidad' de su llamado. Esto explica la demora de ambos en pronunciarse y la ausencia de ellos y de la CTA en las movilizaciones populares en Buenos Aires. Ante esta evidencia, la solicitada en Crítica se perfila más como una coartada que como un compromiso.
La cosa no termina aquí, porque el texto mencionado también reclama que "los países del Mercosur deben suspender de inmediato las ventajas y privilegios concedidos al Estado de Israel por el Acuerdo de Libre Comercio que los vincula". El planteo tiene todas las apariencias de justo, pero es una verdadera estafa a la fe pública. Ocurre que el Acuerdo en cuestión solamente entrará en vigencia cuando los parlamentos nacionales lo ratifiquen, de modo que Lozano y Solanas no deberían estar reclamando la suspensión de algunas de sus cláusulas sino el retiro de su estado parlamentario y su rechazo. Un acuerdo de ‘libre comercio' con Israel significa consagrar la política sionista de destrucción de las economías de los territorios ocupados y la asfixia económica que les impone a través de diversas prohibiciones y la clausura de las fronteras. La aceituna que exporta Israel está manchada con la sangre de los olivares destruidos en Gaza y Cisjordania. Solanas y Lozano, en cambio, parecen aprobar el Acuerdo cuando reclaman "suspender las ventajas y privilegios".
Las casualidades (que no son tales) han querido que el mismo día, o sea dos semanas después del inicio de la agresión israelí, saliera otra solicitada, esta vez en Página/12, firmada, en gran parte, por esta nueva creación nacional que son los cruzados de la lucha de clases semántica que comulgan con el kirchnerismo. Pero estos ‘deconstructores' de textos simulan en esa solicitada oponerse a una "barbarie" sin calificaciones, que atribuyen por igual tanto a la resistencia palestina como a la agresión sionista. Estos ‘contextualizadores' de textos no han sido capaces de distinguir al oprimido del opresor y abrazan para el caso, ¡en Argentina!, la teoría de los dos demonios, que siempre ha sido el argumento hipócrita de los partidarios del ‘justo medio' y de la cobardía moral. Incapaces de denunciar al sionismo y al imperialismo mundial, y a sus representantes políticos, por los crímenes de guerra que se están cometiendo, dicen que les "resulta intolerable la impasibilidad o la resignación con que parte de la sociedad... asiste al recrudecimiento del horror". Los que dicen esto son los mismos que se niegan a salir de la comodidad de sus despachos y que se toman catorce días para abrir la boca, y que cuando por fin lo hacen confunden a toda la sociedad caracterizando como igualmente criminales a los resistentes y a los opresores. Los artistas del lenguaje se horrorizan por la falta de reacción social ante el ‘recrudecimiento' del horror, porque obviamente el horror mismo, sin aditivos, los tenía sin cuidado. ¿Pero no es acaso también ‘impasibilidad' y ‘resignación' quedarse en casa, como lo hacen los semánticos, y no participar de las movilizaciones populares que ya se han extendido a varias capitales provinciales?
La pequeña burguesía intelectual, kirchnerista como anti-kirchnerista, ya ha dado muestras en el pasado de su capacidad para el compromiso con los intereses anti-nacionales - no olvidemos que transitaron en su mayoría por el Frepaso y la Alianza, y antes incluso por el menemismo. No olvidó ni aprendió nada.

El desmantelamiento del Citigroup

Hace menos de dos meses el banco central de Estados Unidos (la Reserva Federal) salió al rescate del Citigroup, para evitar por tercera vez la ‘desintegración' (meltdown) del sistema financiero. Puso 30 mil millones de dólares en su capital y garantizó deudas por 300 mil millones de dólares. Ahora, "Citigroup se dispone a anunciar un plan radical para deshacerse de una serie de negocios y reducir su tamaño en una tercera parte", lo cual "equivale, en esencia, al desmantelamiento del sistema financiero" (The Wall Street Journal, 14/1). El Citigroup es considerado un ‘supermercado financiero', la mayor entidad mundial, con ramificaciones en todos los segmentos del negocio. Es un retrato del capital mundial.
Pero este ‘desmantelamiento': ¿sirve para contener la ‘desintegración' del sistema financiero o la precipita? Es claro que "el plan para deshacerse de una serie de negocios", significa que otros capitales se harán con los negocios del Citibank; presentado de este modo, el capital se reconstituye por sí mismo. Sin embargo, el ‘desmantelamiento' de los bancos de inversión Bear and Sterns, en marzo de 2008, y Lehman Brothers, en octubre último, produjo una enorme contracción del crédito y el derrumbe fulminante de la producción industrial. Está pendiente aún el ‘desmantelamiento' de la mayor aseguradora del mundo, AIG. Sea bajo la forma de una quiebra o no, el ‘desmantelamiento' significa la liquidación de los activos y la desvalorización de los créditos otorgados. El plan del Citigroup contempla la venta de la tercera parte de sus activos, que fueron adquiridos por 2 billones de dólares y que se cotizan hoy a un promedio de la cuarta parte de ese valor. El banco tiene un capital miserable, a valor de Bolsa, de 20 mil millones de dólares (el 1 por ciento de los activos) y se estima que anunciará pérdidas por 10 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2008. Es un banco quebrado, que sobrevive por las garantías no efectivizadas del Banco Central. El diario neoyorquino dice que "reducir las operaciones de Citigroup no será una tarea fácil... Los esfuerzos por encontrar compradores se verán complicados por las adversas condiciones del mercado y la recesión". ¿De qué sirven entonces las garantías que le otorgó la Reserva Federal? Es evidente que no piensa hacerlas efectivas. Un intento de Citigroup para vender su sección de seguros y fondos mutuos, Primerica, no tuvo éxito "debido a la escasez de compradores dispuestos a pagar lo que Citigroup considera un precio razonable". Por este motivo, se ha visto obligada a vender una parte de su lucrativa corredora Smith Barney al banco Morgan Stanley por módicos 2,5 mil millones de dólares. O sea que mientras no puede ‘desmantelar' sus activos invendibles, tiene que deshacerse de sus negocios de lujo. Los capos del Citi están pensando incluso dividir al grupo en dos, uno con activos ‘buenos' y otro con activos ‘malos', lo cual sería una declaración formal de quiebra, esto porque los deudores se verían obligados a aceptar la recaudación que se consiga con la venta de los activos ‘malos'. El ‘plan radical de desmantelamiento' del Citigroup constituye el anuncio del ‘demantelamiento' de toda la red de acreedores y deudores que giran en torno al Citigoup.
Por si todo esto fuera poco, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, acaba de proponer la división del propio banco central en uno ‘malo' y otro ‘bueno' (Cronista, 14/1). El ‘malo' compraría' los ‘activos tóxicos' de los bancos ‘malos' privados. La compra de los activos ‘tóxicos' por parte del banco central ‘malo' se haría con dinero del Estado, a diferencia de lo que ocurre ahora, que la Reserva Federal compra activos ‘tóxicos' con emisión de dólares. Los activos ‘tóxicos' en poder de la Reserva Federal ascenderían a un monto descomunal, arriba de los 2 billones y medio de dólares, que con la propuesta Bernanke pasaría al banco central ‘malo', financiado con impuestos y con deuda pública. El grado de aventurerismo de este planteo lo mide el hecho de que el déficit previsto del Tesoro de los Estados Unidos, antes de que se pongan en marcha estas alquimias, podría llegar a los 1,5-2 billones de dólares, y la deuda pública a 12 billones de dólares.
Como se puede constatar, el ‘desmantelamiento' del Citigroup equivale a un ‘desmantelamiento' sistémico - cuya contrapartida en el campo industrial es la quiebra de hecho del conjunto de la industria automotriz. A través de las operaciones de rescate, las instituciones públicas han convertido la quiebra de las corporaciones privadas en una quiebra del Estado. Un excelente economista del Corriere della Sera, Massimo Mucchetti, señala: "Desde hace 18 meses, (la Reserva Federal) invierte en los títulos más tóxicos y en las participaciones más riesgosas. Su estado patrimonial se ha convertido en el de un ‘hedge fund' especulativo... En 2009, la FED, que ya tiene una actividad de 2,2 billones de dólares, superará la cuota de 3 billones con un capital firme de 42 mil millones de dólares... El lunes 5 de enero, la FED anunció la puesta en marcha de la adquisición de hipotecas y obligaciones garantizadas por hipotecas con plazos de 15 y 30 años - un programa de 600 mil millones de dólares que fuera anunciado el 25 de noviembre. Y seguirán otras adquisiciones... Hay que preguntarse con qué criterios se harán las adquisiciones (si por contrato privado o con métodos de mercado), a qué precios (con qué descuento sobre el valor registrado), con qué garantías (de parte de los vendedores, que podrían ser financiadores de la propia FED) y con cuáles objetivos generales para la economía y específicos para cada empresa o grupo)" (11/1).
El economista italiano deja al desnudo todas las implicancias políticas de esta mega operación de rescate, que se ha convertido en una desesperada operación de rapiña de las finanzas del Estado y del dinero de los contribuyentes, y que prepara una gigantesca operación confiscatoria de los trabajadores por medio de la devaluación de la moneda y la inflación. No se detiene en la cuestión de la viabilidad financiera de esta operación, si se tiene en cuenta que el mercado de derivados, o sea el mercado de deudas financiadas con una cadena de deudas, es de 550 billones de dólares, y que el mercado que asegura estas deudas transa 65 billones de dólares. Incluso si se pudiera diseñar un sistema eficaz de compensación de deudas cruzadas, los analistas concluyen que quedaría un mercado neto de varias decenas de billones de dólares, con una limitada capacidad de recupero de los ‘defaults'. La pretensión de que los bancos centrales y los Tesoros se hagan cargo de la garantía de pago de una deuda que supera en más de cien veces sus capitales y más de diez veces sus presupuestos, es una quimera. La vía de salida más eficaz sería la declaración de default de toda la deuda e inversión ‘derivada', pero que si no es acompañada por una reestructuración social integral, provocaría una hundimiento histórico de la sociedad capitalista.
En síntesis, el Citigroup es una metáfora de la crisis histórica del capital. La FED se ha convertido en un Citigroup, con activos tóxicos cien veces superiores a su capital y con una falta completa de garantías de que después los pueda vender o hacerlo sin grandes pérdidas. Con una banca central con estas características, no existe ninguna posibilidad de reconstruir el crédito. Las perspectivas de la crisis capitalista mundial se hacen más negras a medida que progresan las operaciones de rescate del capital. Es claro que no encontrarán solución en el terreno de la economía sino de la política; no en el campo nacional sino internacional; no por vías pacíficas sino violentas.

LA SOLUCION FINAL

La finalidad política de la barbarie que está acometiendo Israel en Gaza es sepultar para siempre la resistencia nacional y reducir a la población a un conglomerado sin identidad política ni nacional.

Política y humanamente, es un genocidio.

Para llevar hasta el final una tesis fundacional del sionismo -darle "las tierras sin pueblo (el palestino) al pueblo sin tierras (el israelí)"- es necesario suprimir a ese pueblo y confiscar su territorio.

Todas las propuestas de tregua o de cese del fuego en danza han sido rechazadas por Israel (y por su mandante, Estados Unidos) en función de esa premisa: los palestinos solamente tendrán derecho a sobrevivir (y a conmemorar a sus familiares salvajemente asesinados) si abandonan toda resistencia a la ocupación militar, a la confiscación de tierras y viviendas, por la libertad personal y, claro, por la autonomía política.

Israel dice que pelea por el reconocimiento de su derecho a la existencia -que casi todos los Estados, sin embargo, han consagrado- y que por la misma razón aplasta al pueblo palestino -cuyo derecho a la existencia nacional ningún Estado, sin embargo, acepta.

La masacre de Gaza es una tentativa de imponer la solución final a la cuestión palestina.
Esta solución final apunta a consolidar el orden internacional armado por el imperialismo contra sus clases trabajadoras y las naciones más débiles y sometidas.

Por eso recibe el apoyo de todos los Estados, en especial de los regímenes árabes, y más aun cuando la bancarrota internacional amenaza al conjunto del capitalismo.

Se trata, sin embargo, de una fantasía reaccionaria y bárbara, que deberá fracasar en forma incluso más contundente que la tentativa de solución final que el hitlerismo intentó contra el pueblo judío.

En primer lugar, porque deberá enfrentar una resistencia nacional que no disminuirá sino que crecerá, como ha ocurrido en las últimas siete décadas y, por sobre todo, en envergadura y calidad.

En segundo lugar, porque deberá enfrentar el derrumbe del capitalismo mundial y del inestable orden político actual, y la lucha popular que este derrumbe desencadenará en el mundo entero.
La atrocidad de lo que está ocurriendo en Palestina echa una nueva luz sobre ‘nuestra' política local -pues desde los Kirchner hasta los Macri, Reutemann, Carrió o Binner se ha formado una santa alianza de encubrimiento de la masacre de Gaza.

Pero por sobre todo ha echado una luz definitiva sobre los Solanas, Lozano, De Gennaro, Ibarra, Bonasso, Luis Juez y sus símiles, quienes han decidido que la mejor opinión es el silencio.

Los cómplices políticos o vergonzantes de estos crímenes contra los derechos nacionales y los humanos más elementales no serán capaces nunca de levantar un meñique por la defensa de nuestros derechos nacionales y de la lucha de los trabajadores - como no fueron capaces de hacerlo nunca en el pasado.

Trabajadores de todos los países, unámonos contra la barbarie imperialista.

En el "Titanic", pero sin música

Los políticos de carrera están, en este verano de 2009, peleando por su supervivencia. Todos los días sale del horno alguna candidatura, que los periodistas, también de carrera, se esfuerzan por interpretar o justificar. Se acaban de destapar Reutemann y hasta Ruckauf; el santafecino ha copado los comentarios, que en su mayoría le atribuyen una connivencia con los Kirchner. Los eventuales candidatos hablan de todas las pavadas que se les ocurren, no se cansan por supuesto de sobarle el lomo al ‘campo', lo cual los identifica con la devaluación y el acuerdo con el FMI, aunque evitan escrupulosamente hablar del tema. La crisis mundial sigue siendo, sin embargo, el motor imparable del proceso político.

El Banco Central está haciendo un intento de calmar las aguas, con un informe que demuestra que Argentina tiene recursos para pagar la deuda pública, incluso la de las provincias, y que las reservas internacionales son harto suficientes para el caso. De todos modos, sobre este punto se ha desatado una polémica, y los más extremos aseguran que el Banco no tiene 46.000 millones de dólares de reservas sino 21.000 millones -una vez descontadas sus deudas con los bancos privados locales (15.000 millones), un préstamo con el Banco de Basilea (3.000 millones) y alrededor de 5 a 7 mil millones con el mercado de futuros. Los funcionarios oficiales retrucan que esas deudas son en pesos, por lo que no afectan la caja en dólares, y sus críticos replican que esos pesos pueden convertirse en dólares, a lo que el Central responde que los controles establecidos no permitirían que ello ocurra. En una palabra, la situación financiera está colgada de un pincel y su destino dependería de la capacidad de intervención del Estado. Cualquier especulador puede poner su plata a una tasa de interés anual, digamos, de alrededor del 30% y comprar, al mismo tiempo, dólares futuros, con lo cual obtiene un seguro de cambio para su rendimiento en pesos. Se trata de una calesita financiera que, a la larga, por ejemplo si se duplica, no solamente podría barrer con las reservas internacionales sino con parte del sistema bancario. Es precisamente esta calesita financiera la que explica la suba de la cotización del real brasileño en los últimos días, y que ha sustentado la quietud del peso argentino.

El default de la Transportadora de Gas del Norte sobre una parte de su deuda es ilustrativo de otro aspecto de la deuda externa, que se ha estado ocultando, incluso si lo de TGN puede ser imputado como una maniobra. Se trata de la importancia que ha adquirido la deuda externa privada, que no ha sufrido las restricciones de la deuda pública con el exterior. A fines de 2008 esa deuda externa privada era superior a los 60 mil millones de dólares, un 15% menor de la que había en 2001, pero mucho más importante que la de entonces si se la mide en pesos y que, por sobre todo, ha crecido en un 20 por ciento en relación con 2007. O sea que en el año en que se denunció una salida de capitales de 20 mil millones de dólares hubo un endeudamiento de 10 mil millones (Cronista, 5/1). Hay que suponer que el incremento de la deuda externa privada ha financiado gran parte de la salida de capitales privados. Cuando se juntan los vencimientos de la deuda pública para 2009, arriba de 20 mil millones de dólares, con los vencimientos de la deuda privada de este mismo año, la suma que resulta, según Financial Times (28/12), es de nada menos que 64 mil millones de dólares. Ni los oficialistas ni sus críticos han mencionado este cóctel explosivo en sus polémicas. Para que las constructoras españolas Abertis y OHL no se sumaran a la lista de defaulteadores, los K les acaban de dar un generoso aumento de los peajes de autopistas (lo mismo está por ocurrir con las tarifas del transporte urbano). El inminente default de Mastellone tiene en vilo al mercado lechero, donde las usinas se niegan a pagar los precios establecidos para los tamberos. Una crisis similar sacude a SanCor, provocando incluso la agresión contra Atilra Rosario por parte de la patota sindical. No atenúa la gravedad de la situación la certeza de que todos los defaults empresarios son un fraude, ya que resultan de deudas cruzadas con filiales o grupos afines en el exterior. Y los pobres K venían diciendo que la crisis era importada, sin reparar que para que sea así se necesitan importadores.

Es precisamente el endeudamiento privado el que está en el corazón de la crisis financiera internacional. El Financial Times dice que "los gobiernos y las corporaciones de los mercados emergentes tienen que repagar 6 billones 865 mil millones en 2009, de acuerdo con un estudio del (banco holandés) ING. Esto incluye bonos, préstamos, pagos de intereses y financiación comercial". La necesidad de obtener préstamos para refinanciar esta cifra sideral de deuda se enfrenta al hecho de que Estados Unidos saldrá como gran demandante de financiamiento, como consecuencia de los déficit que le generan sus operaciones de rescates bancarios y financieros. Los países desarrollados saldrán a pedir, en 2009, tres billones de dólares.
El problema mayor no es ni siquiera ese. Ahora venimos a enterarnos de que "Brasil, Rusia, India y China enfrentan, respectivamente, pagos externos de 205 mil millones de dólares, 605 mil millones, 257 mil millones y 2 billones 437 mil millones". O sea que la poderosa China es un país deficitario, porque sus reservas no llegan a los 2 billones y porque tampoco puede disponer de ellas sin tirar abajo los precios de la deuda norteamericana (en la cual los ha invertido) y el dólar. El 80 por ciento de la deuda china es privada. ¿Hace falta algo más para dejar en claro que China es uno de los materiales más incandescentes de la bancarrota capitalista mundial? Una devaluación masiva potenciaría la deuda externa en moneda nacional, presionaría para estatizar la deuda privada (como ya lo ha hecho, en parte, Lula con la de Brasil) y desataría la hiperinflación. Ahora mismo, se teme que la imparable devaluación de un país tan pequeño como Letonia se lleve puesta a toda la banca sueca y escandinava -que domina los negocios del Báltico- y agrave todavía más la ya de por sí explosiva deuda rusa.

Naturalmente, por aquello de que Dios ciega a quien quiere perder, los ‘comunicadores' se alegran con la suba del precio de la soja y del Merval, que obedece a la suba en el precio del petróleo, probablemente por la invasión de Israel a Gaza. Pero si el PBI de Brasil ya registraba caídas del 5%, y en la producción automotriz del Mercosur de un 50%, es claro que la situación fiscal y financiera de Argentina no tiene respiro. La pretensión del gobierno de canjear por nuevos bonos los llamados préstamos garantizados de la era Cavallo puede costar un incremento sustancial en la deuda por intereses (de los nuevos títulos). La gran fiesta de fin de año se ha apoyado sobre las frágiles espaldas de la Anses, que está siendo vaciada implacablemente por la camarilla kirchnerista con la complicidad de toda la oposición oficial. Los aportes jubilatorios financiarán, en poco tiempo más, hasta la compra de preservativos. La Anses se está convirtiendo en acreedora de empresas y corporaciones que se encuentran en default o que irán a él como consecuencia de la crisis.

Los trabajadores y sus organizaciones independientes deben concentrar toda su atención en cómo defendernos de la crisis mundial, y para eso deben apartarse de los políticos de carrera que quieren distraerlos con las elecciones de octubre o, peor, que abogan por una devaluación masiva y el acuerdo con el FMI -en lo cual están incluidos los Lozano, los Ibarra, los Juez, los Bonasso y los Solanas. Es sobre la base de esta delimitación que debe construirse una respuesta política de los trabajadores.