El Pozo de Arana, uno de los campos de concentración emblemáticos de la Bonaerense de Ramón Camps, sigue dando que hablar. Ahí, como se sabe, fueron asesinados hace poco tres policías por otros policías, y enseguida se supo que el lugar se usaba de depósito de drogas ilegales y, tal vez, de productos robados por piratas del asfalto.
Ahora, tres de los antiguos jefes de aquel "chupadero" en tiempos de la dictadura -Miguel Kearney, Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales- fueron puestos en libertad por la misma Cámara de Casación que hace pocas semanas liberó también a Alfredo Astiz y a Jorge Acosta.
Además, "puestos en libertad" es una forma de decir, porque esos criminales, imputados recién en mayo del año pasado, nunca pisaron una cárcel. Sólo se les ha levantado el arresto domiciliario que se les había impuesto (los tres tienen más de 70 años).
Conviene recordar los nombres de esa canalla judicial: Angela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi son los miembros de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que tomó esta medida.
Kearney fue jefe del Destacamento de Arana, donde hace poco se encontraron fragmentos de huesos y un paredón saturado de impactos de bala. Por ahí pasaron más de 200 secuestrados y la mayoría de ellos siguen desaparecidos. Los jueces de Casación lo eximieron de prisión porque "no registra antecedentes penales". La primera orden de detención contra este asesino serial fue dictada en 1986, pero entonces lo salvó Alfonsín con su ley de obediencia debida.
Páez y Corrales fueron, respectivamente, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones, la patota de calle de la Bonaerense encargada de interrogar y torturar a las víctimas, y de distribuirlas en los distintos campos organizados por Camps. Páez era ladero de Miguel Etchecolatz y del cura represor Christian Von Wernich. Corrales era su segundo en el mando.
A diferencia de lo sucedido antes con Astiz y el "Tigre" Acosta, la liberación de estos tres no fue apelada por la fiscalía, de modo que los tipos andan por la calle.
Ahora, tres de los antiguos jefes de aquel "chupadero" en tiempos de la dictadura -Miguel Kearney, Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales- fueron puestos en libertad por la misma Cámara de Casación que hace pocas semanas liberó también a Alfredo Astiz y a Jorge Acosta.
Además, "puestos en libertad" es una forma de decir, porque esos criminales, imputados recién en mayo del año pasado, nunca pisaron una cárcel. Sólo se les ha levantado el arresto domiciliario que se les había impuesto (los tres tienen más de 70 años).
Conviene recordar los nombres de esa canalla judicial: Angela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi son los miembros de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que tomó esta medida.
Kearney fue jefe del Destacamento de Arana, donde hace poco se encontraron fragmentos de huesos y un paredón saturado de impactos de bala. Por ahí pasaron más de 200 secuestrados y la mayoría de ellos siguen desaparecidos. Los jueces de Casación lo eximieron de prisión porque "no registra antecedentes penales". La primera orden de detención contra este asesino serial fue dictada en 1986, pero entonces lo salvó Alfonsín con su ley de obediencia debida.
Páez y Corrales fueron, respectivamente, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones, la patota de calle de la Bonaerense encargada de interrogar y torturar a las víctimas, y de distribuirlas en los distintos campos organizados por Camps. Páez era ladero de Miguel Etchecolatz y del cura represor Christian Von Wernich. Corrales era su segundo en el mando.
A diferencia de lo sucedido antes con Astiz y el "Tigre" Acosta, la liberación de estos tres no fue apelada por la fiscalía, de modo que los tipos andan por la calle.
