jueves, 15 de enero de 2009

Dos adolescentes se suicidaron en un instituto de menores. Otro ejemplo de la “mano dura” de Scioli

A fines de noviembre, se suicidaron dos de los 20 chicos internados en el Centro de Régimen Cerrado de La Matanza. Jonathan Caballero (16 años) tenía ya varios intentos, "estaba deprimido y decía que quería matarse. Tenía el brazo inmovilizado por un balazo pero nos decían que no había camioneta para llevarlo al hospital. Fue una muerte anunciada", denuncia su familia. El otro chico, de apellido Capella (17), apareció colgado horas después. Todos los chicos detenidos estaban encerrados en celdas individuales y "por falta de personal" ni siquiera salían al gimnasio.
El Centro, inaugurado diez días antes -como prueba de la decisión política de Scioli de extremar la mano dura con los jóvenes-, había sido construido por el Servicio Penitenciario "con un concepto carcelario" (sic). No tenía ni el personal ni la infraestructura mínima para albergar seres humanos. Scioli lo inauguró de apuro, trasladando compulsivamente a algunos trabajadores. "El instituto fue abierto, en medio del avance de la culpabilización de los jóvenes por parte del gobierno de Scioli y el resto de la derecha. No cuenta con el personal necesario ni vías de acceso, equipos de salud ni técnicos (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc.) ¡ni líneas telefónicas, sólo un celular oficial!, lo que lo convierte en un "POZO" ilegítimo", denuncia ATE Sur, que declaró "una jornada de protesta y duelo por la muerte de los dos chicos" y exigió que la institución no se vuelva a abrir (Página/12, 19/11/08).
Estas muertes destaparon una vez más la olla podrida de las instituciones de menores. ATE Sur denunció que desde el 20 de noviembre hubo siete intentos de suicidio sólo en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora (de donde provenía Jonathan). "Los encierran y tiran ahí -explicó Nora Schulman, del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). El traslado de un instituto a otro o la permanencia indefinida en los centros los lleva a la depresión, pero también existe la ‘depresión inducida' a través de tranquilizantes para que los chicos ‘no se tornen rebeldes'".
Según Unicef, en la provincia de Buenos Aires hay 8.628 chicos encerrados, 7.068 por causas asistenciales y 1.500 porque cometieron o fueron víctimas de un delito.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, admitió que el edificio era "inadecuado" y señaló que el sistema de institucionalización de menores "está en situación de crisis por falta de recursos". Arroyo, que debería ser condenado por abandono de persona, descargó la responsabilidad ¡sobre las víctimas!: "Tenían una historia bastante complicada, de entrada y salida de varios institutos, con tratamientos psicológicos prolongados y una relación de fuerte apego entre ellos" (www.auno.org.ar).
El gobierno de Scioli ejecuta una política de exterminio contra la juventud. La provincia tiene el mayor número de jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad (47,9%). La mitad de ellos por gatillo fácil y otro 32% en cárceles, comisarías, institutos o bajo custodia policial (www.auno.org.ar). Pero, además, "hay un millón de chicos en situación de vulnerabilidad y riesgo social". De éstos, "unos 400.000 jóvenes, de entre 14 y 20 años, no estudian ni tienen trabajo" (La Nación, 3/11/08). Una encuesta de la Unesco les preguntó acerca de las "expectativas sobre el futuro". Un 30% dijo que se veía con un trabajo precario, pero el 35% de los adolescentes y jóvenes de 15 a 20 años que no estudian ni trabajan respondió que "dentro de cinco años" va a estar "muerto o excluido" (El Día, 25/8/08).
La alternativa es rechazar este destino y mandar a los que lo promueven a la cárcel. La alternativa es organizarse para construir una sociedad sobre otras bases sociales.