El proyecto de ley de expropiación de Aerolíneas y Austral declara a la empresa "de utilidad pública" y le asigna un valor de 1 peso, pero se hace cargo de una deuda que ya supera los 1.000 millones de dólares.
La UCR y el PRO se oponen; plantean expropiar (e indemnizar) los activos de las empresas -aviones, edificios, marcas comerciales y otros bienes-, sin hacerse cargo de la deuda. El costo de esta expropiación sería similar al de reconocer la deuda.
Para el gobierno, "no se puede dejar de pagar a los proveedores la deuda vieja, con la excusa de que fue contraída por los gerentes designados por Marsans" (Clarín, 20/11). Pero no se trata de esto, sino de determinar la deuda fraudulenta y lo que esconde la "deuda a proveedores".
La oposición no se limita a plantear el pago de los activos; también propone una política de "cielos abiertos" a favor de los pulpos internacionales.
La UCR y el PRO se oponen; plantean expropiar (e indemnizar) los activos de las empresas -aviones, edificios, marcas comerciales y otros bienes-, sin hacerse cargo de la deuda. El costo de esta expropiación sería similar al de reconocer la deuda.
Para el gobierno, "no se puede dejar de pagar a los proveedores la deuda vieja, con la excusa de que fue contraída por los gerentes designados por Marsans" (Clarín, 20/11). Pero no se trata de esto, sino de determinar la deuda fraudulenta y lo que esconde la "deuda a proveedores".
La oposición no se limita a plantear el pago de los activos; también propone una política de "cielos abiertos" a favor de los pulpos internacionales.
El pacto sigue
El gobierno no ha abandonado nunca una línea de compromiso. "La expropiación se da por descontada pero... desde ambos gobiernos se deben tomar recaudos para que no se deteriore la relación. Porque, más allá de AA, la sanidad del vínculo binacional condiciona también el desempeño de 270 empresas españolas de renombre con inversiones en el país, como YPF, Telefónica y Gas Natural". Los costos están estimados: "se abrirá un reguero de juicios, eso es seguro. Pero sabemos que hay pocas posibilidades de que el gobierno pueda hacer otra cosa que ésta", dijo una "alta fuente" del gobierno español (La Nación, 19/11).
Hace cuatro meses, el gobierno dejó de lado "pedir a la justicia la quiebra con continuidad de AA... lo que hubiera obligado al grupo Marsans a hacerse cargo de la fabulosa deuda acumulada". El resultado de la negociación fue que "Madrid no pondría objeciones reales (más allá de protestas formales) con una condición: que los empresarios de Marsans no asuman el monumental pasivo que concibieron de 900 millones de dólares y que sea el Estado argentino quien se haga cargo de esa pesada deuda" (Panorama empresarial, Clarín, 11/7).Este acuerdo es el que está en marcha.
