Uno de los aspectos de la reforma bonaerense en materia de seguridad incluye la creación de una policía municipal. El ex ministro Arslanián ya había avanzado en esa dirección cuando autorizó crear policías comunales en localidades del interior con menos de 70.000 habitantes.
Al frente de esta reestructuración está Néstor Francos, ex secretario de Seguridad de Echeverría, quien implementó en ahí el plan de ‘tolerancia cero'. "Por orden del ministro, puso manos a la obra para reproducir este proyecto en el resto de los distritos". En opinión de allegados al ministro Stornelli, es "un ejemplo para imitar" (La Nación, 12/11). La fogonera del proyecto es Dulce Granados, legisladora por el Frente por la Victoria.
La iniciativa establece que los policías locales "portarán el armamento reglamentario que se les asigne" y harán uso "de la coacción, en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia provincia". En caso de detener personas, "deberán trasladarlas a una comisaría de la Policía Bonaerense" (ídem).
El plan contempla la división de las localidades en cuadrillas, cada una de las cuales estaría supervisada por un vehículo conducido por un retirado de las fuerzas, acompañado por un efectivo policial. La comuna debería asumir los gastos, incluido su equipamiento, que sería acompañado por una modernización de los sistemas de comunicación para permitir el contacto directo del vecino con el móvil de su barrio. La provincia se limitaría a la capacitación.
Esto va a significar el reingreso de policías retirados. Si bien se dice que sus fojas de servicios deberán ser "impecables", se da pie al reingreso de los exonerados en las purgas de los últimos años. El ministerio ya abrió el paraguas: "Hubo muchas purgas en la Policía Bonaerense y existe mano de obra desocupada que no posee legajos manchados pero que fue desplazada de la institución" (La Tecla, 5/6).
Este nuevo cuerpo comunal podría integrar a civiles armados. Se prevé la incorporación de "policías retirados" y de "civiles para que contribuyan con los patrullajes" (La Nación, 12/11). Piedra libre para contratar seguridad privada, que ya es un verdadero ejército y un negocio sumamente lucrativo. Se va a acentuar la connivencia entre el poder político local y las agencias, bancadas por grupos económicos (recordemos a Yabrán) y manejado por policías o militares retirados. Es lógico que este proyecto haya despertado inquietud en las organizaciones de derechos humanos. Madres y Familiares de Víctimas se reunió con el gobierno municipal de Ituzaingó, donde el plan está más avanzado, para manifestar "su intranquilidad ante las contratación de civiles armados para que patrullen las calles".
Los propios intendentes tienen sus reservas. Oscilan entre la tentación de controlar a la policía (lo que significa mayor poder y mayor campo de negocios) y el quebranto de las finanzas comunales. Este proyecto "conlleva un presupuesto alto para municipios cuyas cuentas dan en rojo. En algunos distritos comenzó a idearse una tasa de seguridad, impuesto que los intendentes saben que no será bien recibido en la población" (La Tecla, 5/6). Tampoco se les escapa a los jefes comunales el carácter explosivo del tema; "por los hechos de inseguridad hoy responde el gobierno provincial y no quieren tener una pueblada frente a la casa municipal" (ídem).
La policía municipal va a agravar la inseguridad. La descentralización va a facilitar la autonomía de la policía para actuar con el apañamiento del poder político local. En la búsqueda de descomprimir el tema y delegar responsabilidades, Scioli puede terminar activando una bomba. Vamos a tener multiplicada a escala de toda la provincia la guerra que hoy existe entre la Federal y la Bonaerense, y a su vez, entre la Bonaerense 1 y, la 2.
El ministro Stornelli adelantó que no se va a desmantelar ninguna de las estructuras existentes. Pero parece haber dado un golpe de timón y tendría la intención de suprimir la Bonaerense 2 y fusionarla con la 1. Resta ver cómo reaccionará la cúpula de ese cuerpo en caso de que se pongan en peligro sus prerrogativas y prebendas.
Estamos frente ante el reforzamiento de un aparato gigantesco, que es responsable de un genocidio cuyo principal blanco es la juventud. No hay que remontarse al '76. Durante los 54 meses de Kirchner, los muertos provocados por las fuerzas de seguridad suman 847; más de 16 por mes. Los casos de gatillo fácil, 457; las muertes en cárceles y comisarías, 254. En los asesinatos, los principales responsables son las policías provinciales (534 casos), los penitenciarios (144) y Policía Federal (84 casos)". No olvidamos a López, Puthod y la persecusión y procesamiento de más 4.000 luchadores sociales.
En oposición al reforzamiento de la maldita policía, sostenemos la necesidad de disolver esa fuerza y sustituirla por una fuerza ciudadana, construida sobre nuevas bases sociales, políticas y económicas, reclutada y sometida al control popular.
Al frente de esta reestructuración está Néstor Francos, ex secretario de Seguridad de Echeverría, quien implementó en ahí el plan de ‘tolerancia cero'. "Por orden del ministro, puso manos a la obra para reproducir este proyecto en el resto de los distritos". En opinión de allegados al ministro Stornelli, es "un ejemplo para imitar" (La Nación, 12/11). La fogonera del proyecto es Dulce Granados, legisladora por el Frente por la Victoria.
La iniciativa establece que los policías locales "portarán el armamento reglamentario que se les asigne" y harán uso "de la coacción, en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia provincia". En caso de detener personas, "deberán trasladarlas a una comisaría de la Policía Bonaerense" (ídem).
El plan contempla la división de las localidades en cuadrillas, cada una de las cuales estaría supervisada por un vehículo conducido por un retirado de las fuerzas, acompañado por un efectivo policial. La comuna debería asumir los gastos, incluido su equipamiento, que sería acompañado por una modernización de los sistemas de comunicación para permitir el contacto directo del vecino con el móvil de su barrio. La provincia se limitaría a la capacitación.
Esto va a significar el reingreso de policías retirados. Si bien se dice que sus fojas de servicios deberán ser "impecables", se da pie al reingreso de los exonerados en las purgas de los últimos años. El ministerio ya abrió el paraguas: "Hubo muchas purgas en la Policía Bonaerense y existe mano de obra desocupada que no posee legajos manchados pero que fue desplazada de la institución" (La Tecla, 5/6).
Este nuevo cuerpo comunal podría integrar a civiles armados. Se prevé la incorporación de "policías retirados" y de "civiles para que contribuyan con los patrullajes" (La Nación, 12/11). Piedra libre para contratar seguridad privada, que ya es un verdadero ejército y un negocio sumamente lucrativo. Se va a acentuar la connivencia entre el poder político local y las agencias, bancadas por grupos económicos (recordemos a Yabrán) y manejado por policías o militares retirados. Es lógico que este proyecto haya despertado inquietud en las organizaciones de derechos humanos. Madres y Familiares de Víctimas se reunió con el gobierno municipal de Ituzaingó, donde el plan está más avanzado, para manifestar "su intranquilidad ante las contratación de civiles armados para que patrullen las calles".
Los propios intendentes tienen sus reservas. Oscilan entre la tentación de controlar a la policía (lo que significa mayor poder y mayor campo de negocios) y el quebranto de las finanzas comunales. Este proyecto "conlleva un presupuesto alto para municipios cuyas cuentas dan en rojo. En algunos distritos comenzó a idearse una tasa de seguridad, impuesto que los intendentes saben que no será bien recibido en la población" (La Tecla, 5/6). Tampoco se les escapa a los jefes comunales el carácter explosivo del tema; "por los hechos de inseguridad hoy responde el gobierno provincial y no quieren tener una pueblada frente a la casa municipal" (ídem).
La policía municipal va a agravar la inseguridad. La descentralización va a facilitar la autonomía de la policía para actuar con el apañamiento del poder político local. En la búsqueda de descomprimir el tema y delegar responsabilidades, Scioli puede terminar activando una bomba. Vamos a tener multiplicada a escala de toda la provincia la guerra que hoy existe entre la Federal y la Bonaerense, y a su vez, entre la Bonaerense 1 y, la 2.
El ministro Stornelli adelantó que no se va a desmantelar ninguna de las estructuras existentes. Pero parece haber dado un golpe de timón y tendría la intención de suprimir la Bonaerense 2 y fusionarla con la 1. Resta ver cómo reaccionará la cúpula de ese cuerpo en caso de que se pongan en peligro sus prerrogativas y prebendas.
Estamos frente ante el reforzamiento de un aparato gigantesco, que es responsable de un genocidio cuyo principal blanco es la juventud. No hay que remontarse al '76. Durante los 54 meses de Kirchner, los muertos provocados por las fuerzas de seguridad suman 847; más de 16 por mes. Los casos de gatillo fácil, 457; las muertes en cárceles y comisarías, 254. En los asesinatos, los principales responsables son las policías provinciales (534 casos), los penitenciarios (144) y Policía Federal (84 casos)". No olvidamos a López, Puthod y la persecusión y procesamiento de más 4.000 luchadores sociales.
En oposición al reforzamiento de la maldita policía, sostenemos la necesidad de disolver esa fuerza y sustituirla por una fuerza ciudadana, construida sobre nuevas bases sociales, políticas y económicas, reclutada y sometida al control popular.
