"De las 135.500 casas que el gobierno anunció entre 2004 y 2005 y que estarían listas en 2007, terminó sólo 27.028; es decir, el 19%. Apenas otras 30.902 están en ejecución. El 58% del programa está parado de acuerdo con los datos oficiales de la Subsecretaría de Vivienda" (La Nación, 12/10). Si se mantuviera este ritmo, el plan estaría completo en 2028, mientras hay un millón de familias con problemas habitacionales.
Como reconoce Carlos Pisdoni, administrador del Instituto de la Vivienda bonaerense, el plan está paralizado.Pérdidas millonarias
Estos "atrasos" no salen gratis. "De hecho, el Estado ya perdió cifras millonarias por un detalle no previsto, la inflación (...) Valuadas originalmente en 30.000 pesos, hoy cuestan no menos de 60.000. Y si alguna vez comienza la segunda etapa, ya se estipuló que saldrán todavía más, 90.000 pesos. En algunos distritos, hay actualizaciones de hasta el 200%" (ídem).La razón inicial para las demoras es que el gobierno comenzó el programa sin prever que las viviendas necesitarían obras paralelas, como cloacas, escuelas, salas de primeros auxilios, gas natural, agua corriente.
La imprevisión acumuló reclamos, incluso de vecinos que ya tienen su casa, que sufren también fallas edilicias.
En un informe elaborado por diputados provinciales de la Coalición Cívica, se denuncia que "las empresas más favorecidas por los reajustes y con fallas edilicias suelen ser las mismas", advirtieron. Según ese informe, cinco empresas concentran el negocio público de la construcción provincial: Calcaterra (cercana al grupo Macri), Martínez y De la Fuente, Ingenor, Iecsa y Eduardo Colombi. Estas empresas acaparan la mitad del Plan Federal; Calcaterra se lleva el 20% de las adjudicaciones (como se ve, los opositores del PRO se unen al oficialismo a la hora de los negocios).
Muchas de esas compañías aportaron dinero para las campañas oficialistas, en 2005 y en 2007.Las fallas en las casas del Plan Federal son usuales. Barrios sin nombres, hechos por la mitad, que tienen problemas edilicios.
En uno de esos barrios sin nombre que se está construyendo en Monte Grande (partido de Esteban Echeverría), conocido como "favela vip", hubo que sostener tanques con alambre en los techos de las casas porque la presión del agua hacía temblar las paredes. Para ahorrar sólo se hicieron cinco combinaciones de cerraduras. Cada vecino, con su propia llave, puede abrir 100 puertas. A unos kilómetros, en Florencio Varela, los vecinos todavía temen que las casas se derrumben antes de que terminen de pagarlas. Los azulejos de las 1.500 viviendas que les dieron en 2007 se despegan solos. Suelen quejarse de que "se hunden". Unos 500 kilómetros al sur, 76 familias de Quequén, en el partido de Necochea, reclaman por la caída de las mamposterías, las filtraciones y la humedad.
Gerardo Martínez, de la Uocra, dijo hace unas semanas que hay 60.000 trabajadores suspendidos por problemas en la obra pública.
Por otro lado, esta paralización está agitando las aguas en los municipios. Los intendentes, la mayoría de ellos del propio oficialismo, hicieron reclamos públicos (Tandil, Monte y varios del conurbano).
Los recursos provenientes de la obra pública son una de las fuentes fundamentales para que los intendentes puedan hacer cierta demagogia y, por sobre todas las cosas, mantener aceitados sus vínculos con la patria contratista y sostener su aparato clientelar apoyada en una frondosa red de punteros. El corte del chorro ya ha provocado el choque y alejamiento de la Casa Rosada del intendente de Varela, Pereyra, hasta hace poco incondicional al kirchnerismo. Cortocircuitos similares se están incubando en otros distritos del conurbano.
Programa
Frente a este colapso que amenaza nuestras condiciones de vida en todos los órdenes, es necesario que entre los trabajadores y los vecinos discutamos un programa de salvataje dirigido a defender nuestros salarios y jubilaciones, la vivienda popular, la educación y salud pública. Llamamos a promover asambleas, encuentros, plenarios y congresos en todos los distritos para debatir un plan de reorganización integral de los municipios, la provincia y el país que privilegien las necesidades populares (y no como ahora, en que todas las propuestas de salidas patronales tienen el común denominador de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores).
Plan de obras públicas para construir el millón de viviendas que se necesitan y solucionar la grave penuria educativa y hospitalaria.
Basta de corrupción y obras truchas. Control y fiscalización de vecinos y trabajadores.
Apertura de bolsas de trabajo bajo control de los afectados, permitiendo el reingreso de los obreros de la Uocra sin trabajo y de los compañeros desocupados.
Salario equivalente a la canasta familiar. 82 por ciento móvil para los jubilados.
Contra la fuga de capitales, nacionalización de los bancos.- Cese del pago de la deuda externa.
Como reconoce Carlos Pisdoni, administrador del Instituto de la Vivienda bonaerense, el plan está paralizado.Pérdidas millonarias
Estos "atrasos" no salen gratis. "De hecho, el Estado ya perdió cifras millonarias por un detalle no previsto, la inflación (...) Valuadas originalmente en 30.000 pesos, hoy cuestan no menos de 60.000. Y si alguna vez comienza la segunda etapa, ya se estipuló que saldrán todavía más, 90.000 pesos. En algunos distritos, hay actualizaciones de hasta el 200%" (ídem).La razón inicial para las demoras es que el gobierno comenzó el programa sin prever que las viviendas necesitarían obras paralelas, como cloacas, escuelas, salas de primeros auxilios, gas natural, agua corriente.
La imprevisión acumuló reclamos, incluso de vecinos que ya tienen su casa, que sufren también fallas edilicias.
En un informe elaborado por diputados provinciales de la Coalición Cívica, se denuncia que "las empresas más favorecidas por los reajustes y con fallas edilicias suelen ser las mismas", advirtieron. Según ese informe, cinco empresas concentran el negocio público de la construcción provincial: Calcaterra (cercana al grupo Macri), Martínez y De la Fuente, Ingenor, Iecsa y Eduardo Colombi. Estas empresas acaparan la mitad del Plan Federal; Calcaterra se lleva el 20% de las adjudicaciones (como se ve, los opositores del PRO se unen al oficialismo a la hora de los negocios).
Muchas de esas compañías aportaron dinero para las campañas oficialistas, en 2005 y en 2007.Las fallas en las casas del Plan Federal son usuales. Barrios sin nombres, hechos por la mitad, que tienen problemas edilicios.
En uno de esos barrios sin nombre que se está construyendo en Monte Grande (partido de Esteban Echeverría), conocido como "favela vip", hubo que sostener tanques con alambre en los techos de las casas porque la presión del agua hacía temblar las paredes. Para ahorrar sólo se hicieron cinco combinaciones de cerraduras. Cada vecino, con su propia llave, puede abrir 100 puertas. A unos kilómetros, en Florencio Varela, los vecinos todavía temen que las casas se derrumben antes de que terminen de pagarlas. Los azulejos de las 1.500 viviendas que les dieron en 2007 se despegan solos. Suelen quejarse de que "se hunden". Unos 500 kilómetros al sur, 76 familias de Quequén, en el partido de Necochea, reclaman por la caída de las mamposterías, las filtraciones y la humedad.
Gerardo Martínez, de la Uocra, dijo hace unas semanas que hay 60.000 trabajadores suspendidos por problemas en la obra pública.
Por otro lado, esta paralización está agitando las aguas en los municipios. Los intendentes, la mayoría de ellos del propio oficialismo, hicieron reclamos públicos (Tandil, Monte y varios del conurbano).
Los recursos provenientes de la obra pública son una de las fuentes fundamentales para que los intendentes puedan hacer cierta demagogia y, por sobre todas las cosas, mantener aceitados sus vínculos con la patria contratista y sostener su aparato clientelar apoyada en una frondosa red de punteros. El corte del chorro ya ha provocado el choque y alejamiento de la Casa Rosada del intendente de Varela, Pereyra, hasta hace poco incondicional al kirchnerismo. Cortocircuitos similares se están incubando en otros distritos del conurbano.
Programa
Frente a este colapso que amenaza nuestras condiciones de vida en todos los órdenes, es necesario que entre los trabajadores y los vecinos discutamos un programa de salvataje dirigido a defender nuestros salarios y jubilaciones, la vivienda popular, la educación y salud pública. Llamamos a promover asambleas, encuentros, plenarios y congresos en todos los distritos para debatir un plan de reorganización integral de los municipios, la provincia y el país que privilegien las necesidades populares (y no como ahora, en que todas las propuestas de salidas patronales tienen el común denominador de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores).
Plan de obras públicas para construir el millón de viviendas que se necesitan y solucionar la grave penuria educativa y hospitalaria.
Basta de corrupción y obras truchas. Control y fiscalización de vecinos y trabajadores.
Apertura de bolsas de trabajo bajo control de los afectados, permitiendo el reingreso de los obreros de la Uocra sin trabajo y de los compañeros desocupados.
Salario equivalente a la canasta familiar. 82 por ciento móvil para los jubilados.
Contra la fuga de capitales, nacionalización de los bancos.- Cese del pago de la deuda externa.
