La Sala II de la Cámara de Casación ordenó liberar a Astiz, Acosta, Díaz Bessone y una docena de genocidas de la megacausa Esma, la causa Brusa de Santa Fe y la causa Sonia González, de Rosario. Todos acusados de secuestro, asesinatos, desapariciones, torturas reiteradas y robo de bebés nacidos en cautiverio. Los camaristas Guillermo Yacobucci y Luis García (Gustavo Mitchell votó en disidencia) dicen que es ilegal que lleven años sin sentencia.
La apelación del fiscal Plée puso la cuestión en manos de la Corte que "no tiene ningún apuro" en resolverla. Si la Corte confirmara la decisión de Casación, dejaría en libertad a la mayoría de los 281 represores procesados (Clarín, 19 y 20/12). Esta política ya está en ejecución: los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, jefes de subzonas del I Cuerpo del Ejército, condenados a 25 años, están libres hasta que Casación confirme su condena. La Cámara Federal de Mendoza "dispuso en los últimos tiempos la libertad de todos los procesados por crímenes de lesa humanidad" (La Nación, 20/12).
Casación le aguó a Cristina Kirchner la entrega de los premios Azucena Villaflor en la Esma, "una coincidencia muy grande para que sea una coincidencia" (Clarín, 19/12). El regalo de Navidad tiene la firma del Episcopado: los camaristas integran el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral.
La intentona de poner en la calle a los carniceros generó tal conmoción nacional e internacional que el gobierno, la Justicia, el Congreso y la oposición prendieron el ventilador para culparse recíprocamente por la demora en los juicios a los represores. El juez de la Corte Carlos Fayt acusó al Congreso -y por elevación al gobierno, con mayoría parlamentaria- porque "no ha dictado las normas procesales que permitan avanzar en los 800 juicios que hay parados". Elisa Carrió y la UCR dicen que los legisladores K bloquearon el proyecto de Gil Lavedra y D'Alessio para acelerar los procesos. El gobierno jura que tal proyecto los demoraría aún más, culpó a la Justicia "donde continúan enquistados hombres nombrados por la dictadura" y amenazó con el juicio político contra los tres jueces de Casación; los cinco de Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) -que tramita dos megacausas, la de la Esma y la del Primer Cuerpo-, y a la Cámara Federal de Mendoza (La Nación, 20/12). Hipócritas: los kirchneristas del Consejo de la Magistratura rechazaron todos los pedidos de juicio político promovidos por Justicia Ya. Y, fundamentalmente, ni el gobierno está dispuesto a abrir los archivos secretos de la dictadura ni la oposición reclama que se abran. "Esta sentencia viene a consolidar el segundo plan de impunidad a favor de los genocidas, que entrarán libres al juicio, si es que algún día se realiza, y muchos morirán inocentes antes de que el fallo sea confirmado por la Cámara de Casación", denunció Justicia Ya!
Como el lector recordará, a contramano del extendido jolgorio, Prensa Obrera sostuvo que la derogación de las leyes del perdón se proponía perpetuar la impunidad e impedir la extradición de los genocidas. Evitaron que Astiz cumpliera su condena en Francia y extraditaron de España a Ricardo Cavallo -que lo pedía gritos. Desde ahí debe leerse la advertencia de Cristina Kirchner: "Me daría mucha vergüenza que fuera un pedido de extradición el que hiciera justicia" (Clarín, 19/12).
En más de seis años, el dispositivo de impunidad fue tan eficaz que sólo hay 14 condenados. Frente a un millar de querellas, sólo 39 casos fueron elevados a juicio. De los más de 530 imputados, la mitad está libre y 61 prófugos. "Ni jueces de instrucción ni fiscales han mostrado capacidad o voluntad para que las causas avancen... la Sala II de Casación obstruyó durante años la continuidad de las causas, incluidas algunas reclusiones que aún están pendientes" (CELS, 19/12).
La causa Esma es un escándalo: sólo hay un juicio, a pesar de que allí desaparecieron 5.000 personas. Reabierta en 2003, Casación -entonces presidida por Bisordi- la trabó hasta noviembre de 2007 sin definir si era "cosa juzgada". Desde entonces, el juez de instrucción Sergio Torres procesó a los represores por un número ínfimo de delitos, rechazó los pedidos de Justicia Ya! de que ampliaran los procesamientos y desmembró la causa en más de diez expedientes que elevó a juicio oral por separado. Todos están radicados en el TOF 5, que prohibió la publicidad de los debates, se negó a trasladar al genocida Febres -que fue asesinado en una sede de Prefectura- y "está proscribiendo sistemáticamente a la querella de Justicia Ya!".
El Poder Judicial es un aparato al servicio de los responsables militares, políticos y económicos del genocidio, y al servicio de la persecución de los luchadores en el presente. La responsabilidad principal, sin embargo, es del gobierno "de los derechos humanos", que nada hizo por acelerar los juicios. ¡Astiz lleva sin condena siete años! Los actuales socios de Rico han cajoneado el proyecto de una de sus diputadas, Victoria Donda, para impedir que los involucrados en delitos de lesa humanidad accedan a un cargo público.
La apelación del fiscal Plée puso la cuestión en manos de la Corte que "no tiene ningún apuro" en resolverla. Si la Corte confirmara la decisión de Casación, dejaría en libertad a la mayoría de los 281 represores procesados (Clarín, 19 y 20/12). Esta política ya está en ejecución: los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, jefes de subzonas del I Cuerpo del Ejército, condenados a 25 años, están libres hasta que Casación confirme su condena. La Cámara Federal de Mendoza "dispuso en los últimos tiempos la libertad de todos los procesados por crímenes de lesa humanidad" (La Nación, 20/12).
Casación le aguó a Cristina Kirchner la entrega de los premios Azucena Villaflor en la Esma, "una coincidencia muy grande para que sea una coincidencia" (Clarín, 19/12). El regalo de Navidad tiene la firma del Episcopado: los camaristas integran el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral.
La intentona de poner en la calle a los carniceros generó tal conmoción nacional e internacional que el gobierno, la Justicia, el Congreso y la oposición prendieron el ventilador para culparse recíprocamente por la demora en los juicios a los represores. El juez de la Corte Carlos Fayt acusó al Congreso -y por elevación al gobierno, con mayoría parlamentaria- porque "no ha dictado las normas procesales que permitan avanzar en los 800 juicios que hay parados". Elisa Carrió y la UCR dicen que los legisladores K bloquearon el proyecto de Gil Lavedra y D'Alessio para acelerar los procesos. El gobierno jura que tal proyecto los demoraría aún más, culpó a la Justicia "donde continúan enquistados hombres nombrados por la dictadura" y amenazó con el juicio político contra los tres jueces de Casación; los cinco de Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) -que tramita dos megacausas, la de la Esma y la del Primer Cuerpo-, y a la Cámara Federal de Mendoza (La Nación, 20/12). Hipócritas: los kirchneristas del Consejo de la Magistratura rechazaron todos los pedidos de juicio político promovidos por Justicia Ya. Y, fundamentalmente, ni el gobierno está dispuesto a abrir los archivos secretos de la dictadura ni la oposición reclama que se abran. "Esta sentencia viene a consolidar el segundo plan de impunidad a favor de los genocidas, que entrarán libres al juicio, si es que algún día se realiza, y muchos morirán inocentes antes de que el fallo sea confirmado por la Cámara de Casación", denunció Justicia Ya!
Como el lector recordará, a contramano del extendido jolgorio, Prensa Obrera sostuvo que la derogación de las leyes del perdón se proponía perpetuar la impunidad e impedir la extradición de los genocidas. Evitaron que Astiz cumpliera su condena en Francia y extraditaron de España a Ricardo Cavallo -que lo pedía gritos. Desde ahí debe leerse la advertencia de Cristina Kirchner: "Me daría mucha vergüenza que fuera un pedido de extradición el que hiciera justicia" (Clarín, 19/12).
En más de seis años, el dispositivo de impunidad fue tan eficaz que sólo hay 14 condenados. Frente a un millar de querellas, sólo 39 casos fueron elevados a juicio. De los más de 530 imputados, la mitad está libre y 61 prófugos. "Ni jueces de instrucción ni fiscales han mostrado capacidad o voluntad para que las causas avancen... la Sala II de Casación obstruyó durante años la continuidad de las causas, incluidas algunas reclusiones que aún están pendientes" (CELS, 19/12).
La causa Esma es un escándalo: sólo hay un juicio, a pesar de que allí desaparecieron 5.000 personas. Reabierta en 2003, Casación -entonces presidida por Bisordi- la trabó hasta noviembre de 2007 sin definir si era "cosa juzgada". Desde entonces, el juez de instrucción Sergio Torres procesó a los represores por un número ínfimo de delitos, rechazó los pedidos de Justicia Ya! de que ampliaran los procesamientos y desmembró la causa en más de diez expedientes que elevó a juicio oral por separado. Todos están radicados en el TOF 5, que prohibió la publicidad de los debates, se negó a trasladar al genocida Febres -que fue asesinado en una sede de Prefectura- y "está proscribiendo sistemáticamente a la querella de Justicia Ya!".
El Poder Judicial es un aparato al servicio de los responsables militares, políticos y económicos del genocidio, y al servicio de la persecución de los luchadores en el presente. La responsabilidad principal, sin embargo, es del gobierno "de los derechos humanos", que nada hizo por acelerar los juicios. ¡Astiz lleva sin condena siete años! Los actuales socios de Rico han cajoneado el proyecto de una de sus diputadas, Victoria Donda, para impedir que los involucrados en delitos de lesa humanidad accedan a un cargo público.
