Los diarios atribuyen la caída de Romina Picolotti a las denuncias sobre malversación de fondos en la Secretaría medioambiental. Esas denuncias, sin embargo, son conocidas desde hace un año y medio, y fueron reveladas por la Junta Interna de ATE de ese organismo. Para el gobierno de Skanska y el "megablanqueo", los manejos de Picolotti no deberían ruborizar a nadie. La renuncia de Picolotti delata otra cosa: es el fracaso de una política de cooptación de las organizaciones medioambientales, por parte de un gobierno que responde a los intereses sociales de los contaminadores.
Picolotti pertenece a esa raza de "nuevos" punteros que se bancan con recursos del Banco Mundial. Años atrás, había creado una ONG -"Cedha"- financiada por terratenientes que habían acaparado tierras durante la última década. Defendía sus intereses haciendo "mediaciones" entre las comunidades que habitaban esas tierras y los nuevos "propietarios", que pretendían desalojarlas. Con esos oficios, se encaramó como asesora en la asamblea de Gualeguaychú. En el momento más álgido de la lucha contra las papeleras, el kirchnerismo la conchabó para intentar la cooptación de los asambleístas y acabar con los cortes.
Pero los cortes continuaron, a pesar de Picolotti.
La minería contaminante también fue testigo de las "mediaciones" de Romina: en La Rioja, llevó adelante los acuerdos de minería "responsable", firmados en Estados Unidos con los pulpos de las explotaciones a cielo abierto. Se trataba de convenios plagados de frases sobre la "responsabilidad social" de los pulpos mineros. Nuevamente, las asambleas ambientales de la región repudiaron a Picolotti y sus "acuerdos".
La tercera pieza del fracaso fue en el Riachuelo, luego de la demanda de los vecinos que llegó hasta la Corte Suprema. A dos años del fallo, la cuenca Matanza-Riachuelo muestra un empeoramiento de su estado. En ese lapso, Picolotti se afanó en la cooptación de organizaciones vecinales del conurbano, mientras organizaba parodias de "inspecciones" a la gran industria que vierte sus efluentes en el Riachuelo y en el Matanza.
El broche de oro de esta "gestión" fue el foro de gobernadores de provincias cordilleranas, que organizó días atrás junto al senador Filmus. Su objetivo fue legimitar el veto presidencial a la Ley de Glaciares, para que los monopolios mineros decidan los destinos de los cuerpos de agua que alimentan a los ríos del Oeste y de la Patagonia. En respuesta a ello, la Secretaría tuvo el enésimo escrache de organizaciones ambientalistas ante sus oficinas.
A esta altura, Picolotti se había vuelto una carga inútil y costosa. Su reemplazo, naturalmente, no augura ningún viraje por parte de un gobierno que sirve a los monopolios contaminantes y, en particular, a los mineros. El nuevo secretario es un agente directo de los intendentes pejotistas del conurbano. La "caja" de la Secretaría se aleja de las veleidades "transversales" y pasa a servir a los Pereyra, Othacehé y compañía.
El fracaso de la "gestora" Picolotti deja una clara conclusión: la preservación del medio ambiente, como parte de la condiciones de vida y laborales de la mayoría trabajadora, son incompatibles con los intereses sociales que encarnan la Barrick Gold, Botnia o Techint. En definitiva, los intereses que el kirchnerismo ha defendido a rajatablas.
Picolotti pertenece a esa raza de "nuevos" punteros que se bancan con recursos del Banco Mundial. Años atrás, había creado una ONG -"Cedha"- financiada por terratenientes que habían acaparado tierras durante la última década. Defendía sus intereses haciendo "mediaciones" entre las comunidades que habitaban esas tierras y los nuevos "propietarios", que pretendían desalojarlas. Con esos oficios, se encaramó como asesora en la asamblea de Gualeguaychú. En el momento más álgido de la lucha contra las papeleras, el kirchnerismo la conchabó para intentar la cooptación de los asambleístas y acabar con los cortes.
Pero los cortes continuaron, a pesar de Picolotti.
La minería contaminante también fue testigo de las "mediaciones" de Romina: en La Rioja, llevó adelante los acuerdos de minería "responsable", firmados en Estados Unidos con los pulpos de las explotaciones a cielo abierto. Se trataba de convenios plagados de frases sobre la "responsabilidad social" de los pulpos mineros. Nuevamente, las asambleas ambientales de la región repudiaron a Picolotti y sus "acuerdos".
La tercera pieza del fracaso fue en el Riachuelo, luego de la demanda de los vecinos que llegó hasta la Corte Suprema. A dos años del fallo, la cuenca Matanza-Riachuelo muestra un empeoramiento de su estado. En ese lapso, Picolotti se afanó en la cooptación de organizaciones vecinales del conurbano, mientras organizaba parodias de "inspecciones" a la gran industria que vierte sus efluentes en el Riachuelo y en el Matanza.
El broche de oro de esta "gestión" fue el foro de gobernadores de provincias cordilleranas, que organizó días atrás junto al senador Filmus. Su objetivo fue legimitar el veto presidencial a la Ley de Glaciares, para que los monopolios mineros decidan los destinos de los cuerpos de agua que alimentan a los ríos del Oeste y de la Patagonia. En respuesta a ello, la Secretaría tuvo el enésimo escrache de organizaciones ambientalistas ante sus oficinas.
A esta altura, Picolotti se había vuelto una carga inútil y costosa. Su reemplazo, naturalmente, no augura ningún viraje por parte de un gobierno que sirve a los monopolios contaminantes y, en particular, a los mineros. El nuevo secretario es un agente directo de los intendentes pejotistas del conurbano. La "caja" de la Secretaría se aleja de las veleidades "transversales" y pasa a servir a los Pereyra, Othacehé y compañía.
El fracaso de la "gestora" Picolotti deja una clara conclusión: la preservación del medio ambiente, como parte de la condiciones de vida y laborales de la mayoría trabajadora, son incompatibles con los intereses sociales que encarnan la Barrick Gold, Botnia o Techint. En definitiva, los intereses que el kirchnerismo ha defendido a rajatablas.
