miércoles, 31 de diciembre de 2008

La crisis nacional está llegando al hueso

El gobierno logró, finalmente, la aprobación de la ley referida al blanqueo de capitales (que significaría, en el mejor de los casos, el reingreso de unos 5.000 millones de dólares pero, mucho más importante para la camarilla K, crear mecanismos para zafar de próximos juicios, como en el caso Skanska). Para algún analista, hasta insinuaría una recuperación del gobierno que, luego de la derrota política frente "al campo", pudo hacer aprobar en el Congreso todas y cada una de las iniciativas presentadas.
Sin embargo, cada una de estas "victorias" se ha logrado al precio de un progresivo descuartizamiento político del bloque K. En la votación referida al blanqueo en la Cámara de Diputados el gobierno tuvo el voto negativo de aliados que le eran incondicionales (Encuentro Popular y Social), que se sumaron a los que se fueron antes (Solá) y al bloque de Santa Fe, dirigido por Obeid y Reutemann. A la defección de Cobos se le ha sumado la del resto de intendentes radicales de la provincia y, hace horas, la de Gustavo Posse, intendente de San Isidro y la de Alberto Fernández. "La Concertación está moribunda por vieja e inservible" (Clarín, 21/12).
Por otro lado, se está incubando una crisis dentro del peronismo bonaerense. La mafia de intendentes, que el matrimonio K llevó prácticamente a la categoría de "doble poder" en la provincia, reclama un auxilio económico para los municipios frente a una situación cada día mas crítica. En forma desesperada, el gobierno de la provincia ha logrado la media sanción (Diputados) de un proyecto de presupuesto que le permite apropiarse de los recursos de la jubilación "para compensar el déficit de otras arcas previsionales y financiar gastos corrientes de administración" (La Nación, 14/12). Más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires está en rojo, se tiene que "frente al faltante de recursos genuinos, hay posibilidades de que aparezcan las segundas monedas en las provincias" (Orlando Ferreres, La Nación, 20/12). (La deuda de las provincias es hoy de casi 100.000 millones de pesos - 30.000 en 2001, y el Estado nacional tiene un 70% de esa deuda, por la que retiene coparticipación.)
Existe una tendencia objetiva a la disgregación de la camarilla. El PJ no le ha dado a los K ninguna base sólida de poder. El regreso de los Rico o el papel prominente de los Curto ha estado precedido por el fracaso imponente de las administraciones "progresistas", "nacionales y populares" -incluida la del "joven" intendente de Morón, que, una vez más, están pavimentando el camino a la derecha. San Miguel sigue siendo la misma "zona liberada" para la prostitución y el juego que supo "construir" Rico, sólo que ahora bajo la administración "progre" de un intendente K.
Los negocios K
El derrumbe del pacto de negocios entre Macri, Cristóbal López, Scioli y el matrimonio K por la extensión del juego en la Capital y la provincia de Buenos Aires es revelador. En una semana cayó un acuerdo laboriosamente armado entre los gobiernos de la Ciudad y la Nación para "respetar los términos y condiciones de las concesiones y permisos que amparen los juegos existentes a la fecha" y en el futuro. La Ciudad pasaba a percibir un canon del 50% (contra el 24 de hoy) y Cristóbal López - el empresario que financió la carrera electoral del matrimonio K, lograba la legalidad total de un negocio, amparado tan sólo por un decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional, por el que pudo sumar 1.500 máquinas tragamonedas a las 3.000 que ya explotaba. No por casualidad "las empresas de Cristóbal López en la ciudad fueron, el año pasado, generosos mecenas de la campaña electoral de PRO" (La Nación, 15/12). En la provincia, en paralelo, Scioli impulsa la creación de ocho a diez nuevas salas de bingo y la instalación de un 50% más de tragamonedas, haciendo entrar en el negocio en la provincia al mismo Cristóbal López- "entre los nuevos bingos casinos habría dos para él" (ídem anterior).
El pacto Macri Cristóbal López fue torpedeado por el ala Michetti del PRO, es decir Bergoglio, en la Ciudad, y por los capitalistas afectados y el propio clero en la provincia.
La conclusión es que la camarilla en el gobierno ya no puede garantizar los negocios con los que logró la complicidad (y el silencio) de la burguesía durante los últimos cinco años.
El FMI
Eduardo Duhalde ha vuelto a plantear el programa de la oposición. "La única salida clara para tener las inversiones que necesitamos pasa por recomponer la relación con el FMI" (La Nación, 211); en la misma onda reclamó un dólar a 4,40 pesos - una devaluación del 30%, que Duhalde haya puesto el ejemplo de Brasil es temerario, porque Lula acaba de otorgar un seguro de cambio a la deuda privada en dólares, o sea que la ha estatizado parcialmente. Es el desenlace al que conducirá el fracaso final de la política del gobierno.
El conjunto de la burguesía reclama la devaluación.