Declaraciones de Jorge Altamira ante el proyecto de ley que pone fin a la jubilación privada
La decisión oficial de poner fin a las AFJP expresa la bancarrota sin atenuantes de un sistema concebido para confiscar una fracción de los salarios de los trabajadores mediante su canalización hacia la especulación financiera. La crisis mundial ha destruido esta bicicleta confiscatoria, como lo demuestra las pérdidas enormes que registran los fondos de pensiones en todo el mundo: dos billones de dólares en Estados Unidos, 20.000 millones de dólares en Chile, 20.000 millones de pesos en Argentina – en este caso, la tercera bancarrota en una década (tequila de 1995/6, diciembre 2001).
La decisión que se convertirá en proyecto de ley en pocas horas, expresa también el fracaso del intento del gobierno por preservar la jubilación privada, autorizándola a contabilizar sus activos a valor histórico. Con casi el 60% de ellos invertido en deuda pública que se cotiza a 22 centavos de peso o dólar, el resultado iba a ser un vaciamiento más o menos inmediato de las AFJP, que serían obligadas a financiar los retiros con los ingresos de los afiliados laboralmente activos. La cirugía de este sistema confiscatorio se imponía por toda la lógica de la bancarrota mundial, contrariando los compromisos del gobierno con los banqueros que operan las AFJP.
Esta decisión inevitable, sin embargo, comporta de inmediato un desfalco, que ilumina las verdaderas intenciones del gobierno. Es que aunque el traspaso final de afiliados a las AFJP al sistema oficial entrañará un incremento enorme de la deuda pública implícita (o sea el pago de las futuras jubilaciones), en lo inmediato significará el ingreso a las arcas de la ANSES de unos 15.000 millones de pesos de parte de los aportantes, que el gobierno entiende utilizar para cubrir los compromisos de pago de la deuda externa de 2008/2009 – incluido el Club de París, y también los compromisos a futuro del Banco Central por unos 15.000 millones de dólares.
El gobierno está convencido que podrá compensar, ante los banqueros, la cancelación de este negociado privado con la financiación del pago de la deuda en los dos años próximos, y que recuperará la cotización de la deuda pública. Se llevará un chasco.
¡Pero la situación del sistema oficial no difiere del privado, pues los activos de la ANSES están colocados en los mismos títulos que las inversiones de las AFJP, y la ANSES financia el derrumbe de estos títulos incumpliendo con el 82% móvil y adoptando un sistema de movilidad que implica que no habrá aumentos de jubilaciones por un largo tiempo! Al igual que las AFJP, no garantiza los derechos que otorgan varias décadas de trabajo y de aporte provisional. Uno de los componentes de esa movilidad, los salarios, serán objeto de un congelamiento, y el otro componente, la recaudación fiscal, no registrará incremento como consecuencia de la recesión y de la caída de los precios internacionales.
Para que la transformación de las pensiones en sistema pública sea un factor de progreso social, y no otro desfalco, es necesario establecer el derecho al 82% móvil y cubrir las necesidades de financiamiento gravando las ganancias extraordinarias acumuladas por bancos y empresas comerciales, industriales y agrarias a lo largo de los años recientes.
La decisión oficial de poner fin a las AFJP expresa la bancarrota sin atenuantes de un sistema concebido para confiscar una fracción de los salarios de los trabajadores mediante su canalización hacia la especulación financiera. La crisis mundial ha destruido esta bicicleta confiscatoria, como lo demuestra las pérdidas enormes que registran los fondos de pensiones en todo el mundo: dos billones de dólares en Estados Unidos, 20.000 millones de dólares en Chile, 20.000 millones de pesos en Argentina – en este caso, la tercera bancarrota en una década (tequila de 1995/6, diciembre 2001).
La decisión que se convertirá en proyecto de ley en pocas horas, expresa también el fracaso del intento del gobierno por preservar la jubilación privada, autorizándola a contabilizar sus activos a valor histórico. Con casi el 60% de ellos invertido en deuda pública que se cotiza a 22 centavos de peso o dólar, el resultado iba a ser un vaciamiento más o menos inmediato de las AFJP, que serían obligadas a financiar los retiros con los ingresos de los afiliados laboralmente activos. La cirugía de este sistema confiscatorio se imponía por toda la lógica de la bancarrota mundial, contrariando los compromisos del gobierno con los banqueros que operan las AFJP.
Esta decisión inevitable, sin embargo, comporta de inmediato un desfalco, que ilumina las verdaderas intenciones del gobierno. Es que aunque el traspaso final de afiliados a las AFJP al sistema oficial entrañará un incremento enorme de la deuda pública implícita (o sea el pago de las futuras jubilaciones), en lo inmediato significará el ingreso a las arcas de la ANSES de unos 15.000 millones de pesos de parte de los aportantes, que el gobierno entiende utilizar para cubrir los compromisos de pago de la deuda externa de 2008/2009 – incluido el Club de París, y también los compromisos a futuro del Banco Central por unos 15.000 millones de dólares.
El gobierno está convencido que podrá compensar, ante los banqueros, la cancelación de este negociado privado con la financiación del pago de la deuda en los dos años próximos, y que recuperará la cotización de la deuda pública. Se llevará un chasco.
¡Pero la situación del sistema oficial no difiere del privado, pues los activos de la ANSES están colocados en los mismos títulos que las inversiones de las AFJP, y la ANSES financia el derrumbe de estos títulos incumpliendo con el 82% móvil y adoptando un sistema de movilidad que implica que no habrá aumentos de jubilaciones por un largo tiempo! Al igual que las AFJP, no garantiza los derechos que otorgan varias décadas de trabajo y de aporte provisional. Uno de los componentes de esa movilidad, los salarios, serán objeto de un congelamiento, y el otro componente, la recaudación fiscal, no registrará incremento como consecuencia de la recesión y de la caída de los precios internacionales.
Para que la transformación de las pensiones en sistema pública sea un factor de progreso social, y no otro desfalco, es necesario establecer el derecho al 82% móvil y cubrir las necesidades de financiamiento gravando las ganancias extraordinarias acumuladas por bancos y empresas comerciales, industriales y agrarias a lo largo de los años recientes.
